“Quien utilice el estado de alarma para especular deberá ser perseguido y sancionado”
Ciertos movimientos injustificados de precios en origen que se empiezan a sentir en el sector agroalimentario han tenido ya respuesta desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). “Quien utilice el estado de alarma para especular deberá ser perseguido y sancionado”.
La organización está monitorizando al detalle los movimientos de precios en origen de todos los productos agrícolas y ganaderos. Su objetivo es evitar cualquier tipo de especulación por parte de agentes de la cadena agroalimentaria que podrían “sentir la tentación de hundir ciertas cotizaciones de forma injustificada”. UPA ha asegurado que está “vigilando los precios” para, en el caso de que se detecte especulación, denunciarlo ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) para que actúe “con contundencia”. El Ministerio de Agricultura debe redoblar sus esfuerzos de inspección, según esta organización agraria, para dar transparencia a la cadena y evitar distorsiones en la formación de precios.
Agricultores y ganaderos de diversos sectores como las frutas y hortalizas, el ovino/caprino —de leche y de carne— o el porcino están denunciando “caídas injustificadas” en los precios percibidos por los productores. En algunos casos esas bajadas de precio se justifican por la caída del consumo en el canal Horeca, pero en otros UPA confiesa que las bajadas tienen "difícil justificación".
La leche de oveja es uno de los productos con cuyo precio podría estar especulándose.
Sería el caso de la leche de oveja, que algunas empresas estaría empezando a pagar hasta 0,14 euros/litro por debajo, o el porcino ibérico, con caídas de hasta 0,40 euros/kg. Hablamos además de productos que suelen ir a la industria de transformación y cuyo consumo no es inmediato, por lo que en ningún caso —según UPA— estaría justificada esa caída. También están produciéndose amenazas de dejar de recoger la leche a los ganaderos, especialmente en el caso del caprino y del ovino.
UPA ha puesto de manifiesto que el real decreto que endurece la Ley de la cadena agroalimentaria ya está en vigor, y esta norma establece que ningún agricultor o ganadero debe percibir un precio por debajo de sus costes. “El estado de alarma no invalida que los productores percibamos un precio justo”, indica la organización, que niega también que pueda estar dándose desabastecimiento de ningún producto, por lo que tampoco tiene sentido que se hable de subir los precios a los consumidores.
La alimentación es uno de los pilares de la sociedad en el momento crítico que vivimos por la pandemia de COVID-19. UPA ha apelado a la “responsabilidad de los actores para mantener la estabilidad de la cadena agroalimentaria a todos los niveles”. “No es momento para especular”, concluye.
