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Barcelona, Cádiz, Madrid, Pamplona y Zaragoza crean la red “Ciudades por una transición energética justa y democrática”

Redacción Interempresas27/06/2018
“El modelo energético actual, basado en los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón, y energía nuclear), supone graves perjuicios al planeta y a sus habitantes. Sus impactos en el Norte y el Sur globales son insostenibles e insoportables. Debido al actual modelo, se está produciendo el cambio climático, contaminación, problemas para la salud, expolio de recursos, conflictos bélicos... Por ello, es urgente desarrollar una transición energética planificada y democrática, en la que la ciudadanía esté en el centro y participe del cambio. Y en esta transición, entendemos que, las ciudades y las administraciones públicas locales, juegan un papel clave”.
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En el centro de la imagen el edificio del Ayuntamiento de Pamplona, una de las cinco ciudades firmantes del manifiesto que pretende impulsar la red de “Ciudades por una transición energética justa y democrática”.

Así arranca el manifiesto suscrito por los ayuntamientos de Barcelona, Cádiz, Madrid, Pamplona y Zaragoza en el cual los respectivos equipos municipales señalan que “en la actualidad es más barato generar energía en los lugares de consumo que -a través del actual modelo centralizado y fósil- en grandes centrales alejadas de las ciudades, con unas energías que hay que importar y quemar. Sin embargo, en España, se ha frenado mediante obstáculos regulatorios, el potencial del cambio de las empresas, administraciones y ciudadanos”.

Este documento coincide en el tiempo con el cambio en el Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez y en el cual se ha cambiado la denominación del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital por el de Transición Ecológica, al frente del cual se encuentra Teresa Ribera, firme defensora del incremento de la presencia de renovables en el ‘mix’ energético nacional, así como de la eliminación de diversas trabas que han frenado el desarrollo de las fuentes energéticas menos contaminantes, tal y como sucede con el denominado ‘impuesto al sol’.

Las alcaldesas y los alcaldes de las citadas ciudades entienden que “la regulación tiene que cambiar de manera urgente, para favorecer un modelo energético distribuido, que aproveche los recursos renovables disponibles localmente y que permita promover activamente el ahorro, la eficiencia energética, la gestión transparente de la demanda, y la generación local, eliminando el fenómeno de la pobreza energética”.

En este llamamiento hay también un componente social, puesto que se pretende promover “un modelo energético más democrático y soberano, donde nadie sea excluido del acceso a la energía por motivos económicos, en el que la ciudadanía pueda participar en la toma de decisiones y en la producción y gestión de la energía. Y para ello, las ciudades y los ayuntamientos, deben disponer de recursos y herramientas. Porque los desafíos globales afectan directamente a la vida cotidiana, y porque las ciudades son las que mejor van a resolver los problemas de la gente por su proximidad a ella”.

Derecho básico universal

“Las ciudades firmantes de este manifiesto apostamos por liderar un cambio de modelo energético para que la energía se convierta, en primer lugar, en un derecho básico universal y un servicio público, que permitiría reducir drásticamente la pobreza energética, y en segundo, en una palanca de cambio social para la transición ecológica que debemos emprender”.

En el texto del manifiesto se destaca que todas las ciudades que impulsan este cambio contratan electricidad certificada 100% verde, hacen frente a las situaciones de pobreza energética, promueven “el autoconsumo, el ahorro, la eficiencia, así como el empoderamiento de la ciudadanía en materia energética”. A continuación se citan un ejemplo de las iniciativas desarrolladas en las cinco ciudades citadas.

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