Hacia una política forestal común

El personal de extinción formado por equipos municipales, brigadas de la Xunta, del Ministerio de Agricultura, miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), del SUMMA de Comunidades Autónomas limítrofes mantienen la lucha contra el fuego, de los 146 incendios que desde el viernes 13 de octubre asolaron Galicia, donde han ardido más de 4.000 hectáreas.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijó, declaró a los medios que todos los indicios señalan una “actividad incendiaria homicida, sin duda intencionada… se está viviendo una situación “crítica” que esperamos se resuelva en las próximas horas”. El gobierno autonómico decretó tres días de luto oficial.

Además, el Principado de Asturias confirmó la existencia de 35 fuegos activos. El lunes amaneció cargado de humo y partículas en suspensión por lo que cerraron decenas de colegios y las autoridades pidieron a la población cercana que no saliera de sus casas. Existe orden de desalojo por parte de las autoridades en diversas zonas, y en las poblaciones que lindan con la Reserva de Muniellos, en el suroccidente asturiano.

En Portugal, más de 500 incendios cercaron poblaciones enteras, y el lunes se contabilizaban ya 27 fallecidos.

Se trata de una situación de alerta social, un estado de emergencia que debería tener respuesta. Se necesitan soluciones globales y unificadas en una política forestal común.

Desde Tecnifuego-Aespi llevamos años trabajando en un foro interprofesional de protección contra incendios forestales en áreas de interfaz urbano forestal, con la finalidad de una política forestal común. Para ello es necesario:

• Aglutinar todo la información y la experiencia disponibles en IIFF.
• Sistematizar toda esta información en algún documento global que abarque todas las disciplinas y pueda ser el marco de una futura ley común a nivel nacional;.
• Sensibilizar a la opinión pública, propietarios, municipios, partidos políticos, etc. del problema real que representa para la población los incendios forestales que afectan a las urbanizaciones/poblaciones.
• Tomar las medidas pertinentes para una adecuada protección de este riesgo (aplicación del plan de autoprotección, implantación de medidas básicas de protección contra incendios activas y pasivas …).
• Concienciar sobre la responsabilidad que cada municipio, urbanización y vivienda tienen a la hora de la autoprotección en el entorno urbano-forestal, etcétera.

En teoría, todos los municipios y urbanizaciones deberían tener su plan de autoprotección, una evaluación de riesgos, incluido el incendio, y unas medidas para protegerse, pero sólo entre un 3 y 10 por ciento lo tienen.

Igualmente, aunque hay legislación -Directriz de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales, Ley de Montes, Norma Básica de Autoprotección, legislaciones autonómicas, planes municipales-, falta un texto legal que lo unifique. Se trata de definir las pautas comunes, y que se cumplan.

Desde Tecnifuego-Aespi insistimos en la necesidad de un refuerzo de la política forestal a nivel nacional, la unificación de la legislación que afecta a la interfaz urbano forestal y el desarrollo de campañas de sensibilización social.

Urge iniciar este debate cuanto antes, integrado por las administraciones públicas y expertos en las distintas áreas de gestión forestal y prevención y protección de incendios forestales, que concluya con un refuerzo y unificación de la legislación, una gran campaña de concienciación y una mayor severidad en el Código Penal hacia los pirómanos e incendios intencionados.