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Rehabilitaciones y reformas

La estrategia española para la Rehabilitación del parque edificado contempla la instalación de sistemas de medición en remoto para consumos térmicos

24/07/2020
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El documento remitido a Bruselas por el Ejecutivo español contempla la instalación de sistemas de medición de los consumos individuales y equipos de medición en remoto.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha remitido a Bruselas la actualización de la Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España (ERESEE 2020). En dicho documento, el Ejecutivo español establece una hoja de ruta con diferentes escenarios para abordar la mejora de la eficiencia energética del parque edificado, logrando la descarbonización del sector en el año 2050.

Entre las actuaciones recogidas en la ERESEE 2020 se encuentran la sustitución de los sistemas de medición de los consumos individuales de calefacción y agua caliente sanitaria (ACS) en más de 3,5 millones de hogares, con una inversión cercana a los 26.000 millones de euros (25.951). El objetivo es lograr disminuir el consumo de energía final en el sector residencial en 26.394 Gwh para el año 2030, reduciendo el gasto en calefacción y ACS en 21.910 Gwh.

Ista, compañía especializada en servicios de medición y liquidación individual de consumos de energía y agua, celebra que el Gobierno haya incluido en el texto indicaciones en materia de eficiencia energética, “ya que estas requieren muy baja inversión y ofrecen un potencial de ahorro energético del 20% en edificios con calefacción centralizada”, explica Ignacio Abati, director General de Ista y presidente de AERCCA (Asociación Española de Repartidores de Costes de Calefacción).

Para cumplir con los objetivos de reducción de demanda de energía, la ERESEE 2020 propone una serie de medidas para favorecer el control del consumo, como incluir en el RITE obligaciones que permiten al usuario identificar el estado de sus instalaciones térmicas y tomar decisiones respecto a las mismas, como exigir una determinada potencia o reclamar su sustitución. Asimismo, se hace hincapié en la necesidad de impulsar la instalación de sistemas de medición individuales de los consumos –como los repartidores de costes de calefacción– que “promuevan la mejora de las instalaciones térmicas o la instalación de contadores de energía en instalaciones existentes”.

Por último, el documento también establece la obligatoriedad de que los repartidores de costes y los contadores de calefacción sean de lectura remota, facilitando al usuario el acceso a estos datos para que puedan realizar un mejor control del gasto.

“El documento le da al consumidor la capacidad de intervenir al establecer medidas para favorecer el conocimiento y control del gasto a través de la instalación de sistemas de medición individuales e inteligentes, que permitan la lectura en remoto”, afirma Ignacio Abati. “Creo que las consideraciones recogidas en la ERESEE 2020 en materia de eficiencia energética, sobre todo en lo referido a los consumos de calefacción y ACS, son altamente positivas, dado el impacto que pueden tener para la economía familiar y el medio ambiente. En España hay cerca de 1,5 millones de hogares con calefacción centralizada. La instalación de repartidores de costes de calefacción podría significar un ahorro cercano a los 1.100 millones de euros en los próximos 5 años y una reducción de las emisiones de CO2 en más de 1,05 millones de toneladas anuales y la creación de 2.000 puestos de trabajo directo”, puntualiza.

Para el director General de Ista, esta es una oportunidad que no debe quedarse “únicamente” en buenas intenciones. España todavía tiene pendiente la aprobación del Real Decreto por el que se regula la contabilización de consumos individuales de calefacción, adaptando a la legislación europea su normativa actual –incluida la transposición parcial de la nueva Directiva 2018/2002–. “Hay que pasar a la acción haciendo una transposición de los artículos correspondientes a las Directivas de 2012 y 2018 lo antes posible”, finaliza Ignacio Abati.

El Gobierno español lleva un retraso de 6 años para adaptar su marco normativo al europeo en materia de eficiencia, y ya en el año 2019 Bruselas advirtió que llevaría a España ante el tribunal de Justicia Europeo por esta causa.

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