La ley de Responsabilidad Ambiental obligará a establecer una garantía financiera ante posibles riesgos ambientales

“Un gran número de instalaciones industriales de Valencia se verá afectado por la obligatoriedad de constituir una garantía financiera ante posibles riesgos ambientales”. Esta conclusión ha sido planteada por expertos de Inerco ante casi 200 directivos de empresas y profesionales del sector medioambiental de Valencia, en el marco de una jornada técnica organizada por el Centro de Tecnologías Limpias de la Comunitat Valenciana (CTL) sobre la repercusión de la Ley de Responsabilidad Medioambiental en instalaciones industriales. Y es que el marco normativo desarrollado por la Ley de Responsabilidad Ambiental establece un nuevo reto al sector industrial que se 'aprovisiona' de herramientas con las que conocer los riesgos ambientales que pueda ocasionar. “La realización de un análisis de riesgo medioambiental se presenta como la herramienta clave para evaluar y gestionar los posibles riesgos en la industria, y optimizar, asimismo, los costes que deben asumirse ante la ocurrencia de un accidente”, tal y como argumenta Esther Valdivia, directora de la división de Medio Ambiente de Inerco. Igualmente, durante la jornada se destacó la oportunidad que tienen los Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana para prestar servicios a las empresas sectoriales, así como facilitar el cumplimiento de las obligaciones en materia de responsabilidad medioambiental.

La Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental traslada a la legislación española la Directiva Europea 2004/35/CE, que representa el primer texto legislativo comunitario con el principio de “quien contamina, paga”. Esta directiva establece un marco común de responsabilidad con el fin de prevenir y reparar el posible impacto causado a entornos naturales, recursos hídricos y suelos. Desde la entrada en vigor de dicha ley, todas las empresas tienen la obligación de restaurar los daños ambientales que puedan ocasionar. Este deber lo pueden llevar a cabo los propios empresarios directamente o bien a través de algún seguro contratado a tal efecto. Actualmente no existe obligatoriedad de disponer de este seguro, aunque se prevé que a partir del próximo mes de abril se establezcan los calendarios que exijan de dicha garantía a cada sector empresarial.