Sobre la Renta Básica Universal
La reflexión que sigue sobre la viabilidad de una hipotética renta básica universal en España no excluye de ninguna manera otras medidas inclusivas y correctoras de la polarización social que crece en nuestro país, como podría ser la adopción de una medida para el trabajo garantizado, la persecución de la evasión fiscal y la implantación real de una política impositiva de tipo progresivo a todos los niveles.
No hablaré pues de una renta básica como solución a la coyuntura económica actual, sino que valoraré esta medida como una de las muchas a contemplar que en conjunto podrían llevar a la sociedad a un cambio.
El de hoy es un tema controvertido y por desgracia difícil de enfocar desde una posición objetiva. Si los mejores economistas del país no se ponen de acuerdo, ni mucho menos pretendo arrojar luz sobre el asunto desde aquí.
Más allá del debate sobre si sería factible para el Estado poder asumir el pago vitalicio de esa renta para todos los ciudadanos sin excepción, lo que parece más acertado es poner sobre la mesa, con una perspectiva tan crítica como cautelosa, las posibles consecuencias positivas y negativas que, a nivel individual y a nivel macroeconómico podría acarrear la implementación de esta medida de inclusión social.
Cambio de relaciones laborales y dignidad del ciudadano vs inflación y parasitismo
Entendemos por Renta Básica Universal (en adelante RBU) el derecho de todo ciudadano a percibir una renta mínima por parte del Estado independientemente de su situación económica.
Una renta que se supone ayudaría a cualquier ciudadano a superar el umbral de pobreza y vivir dignamente. Los que apoyan la necesidad de una RBU igual para todos afirman que, además de lo obvio –la situación de las personas con un poder adquisitivo bajo mejoraría- también mejoraría la calidad de vida en general, y las relaciones laborales en particular.
La palabra precariedad podría desaparecer si efectivamente esa renta estuviera garantizada. El trabajador tendría mucho más poder de negociación, ya que no aceptaría empleos precarios, lo que obligaría al empleador a ofrecer un sueldo digno.
Si no fuera así, aquél demandante podría seguir buscando sin temer la llegada de fin de mes. La capacidad y la fuerza de trabajo recuperarían su valor y se remuneraría el esfuerzo. Además, el trabajo sin contrato se vería reducido, dado que nadie trabajaría en B para poder seguir manteniendo el subsidio de desempleo.
Los riesgos y accidentes laborales, derivando de la premisa anterior, se verían reducidos, tanto los psicosociales como los físicos. El trabajo por necesidad, en definitiva, quedaría relegado. El argumento en contra que presentan los críticos a esta medida es que, lejos de quedar relegado, el trabajo por necesidad pasaría a ser únicamente para personas con nacionalidad extranjera u otras personas en riesgo de exclusión. El pato lo pagarían los más pobres –qué raro-.
Por otro lado, los detractores hablan de parasitismo. Un argumento que queda en entredicho, primero, por los infinitos estudios que muestran que el ser humano busca realización personal en cuanto tiene las necesidades primarias cubiertas (Maslow).
Por otro lado, los que hablan de parasitismo no contemplan el trabajo doméstico ni el voluntario. Es más, se está equiparando el trabajo doméstico, familiar y/o voluntario con el parasitismo social.
La RBU no es un incentivo para no ocupar un puesto de trabajo remunerado, sino que es más bien una base relativamente decente a partir de la cual cada uno puede evaluar la posibilidad de ganar otras fuentes de renta. Entonces, de la mano de la RBU, más allá del parasitismo, llegaría la libertad de elegir qué hacer con tu vida. Nadie es libre si no tiene la existencia material garantizada.
Los detractores, además de argumentar el parasitismo, apuestan también por otro argumento, menos crítico con la especie humana que el anterior: la inflación.
Un aumento de la masa monetaria podría provocar que en pocos años el valor de esa renta mínima quedara en papel mojado. Aun así, algunos economistas lo rebaten afirmando que este efecto económico solo aparece si el dinero se imprime, no si viene producido por la fluctuación del dinero que ya tenemos.
Aunque me pregunto si con ese dinero que ya tenemos se podría pagar la RBU. Quizás sí, ya que cuando realmente interesa, se encuentran fondos donde sea. La cuestión es que eso interese. Más allá del gasto público que generaría la RBU y de las consecuencias económicas que no me atrevo a augurar, esta medida, a nivel teórico es, para mí, indiscutiblemente buena. Que su aplicación real sea igual de buena dependerá de muchos factores.
El debate queda abierto. ¿Qué opinión os merece la RBU?
Paula Llull, politóloga y periodista
