Es necesario revisar la actual Ley de Industria o promulgar una nueva Ley de Seguridad Industrial

En el marco de la I jornada de Seguridad Industrial de las Instalaciones de Cataluña, celebrada el pasado jueves 8 de junio en La Casa del Mar de Barcelona, Jesús Méntrida, director de la División Industrial de Tüv Süd Atisae y presidente de FEDAOC, alertó de que el debilitamiento en los requisitos que garanticen el rigor en la función de inspección sobre equipos e instalaciones de seguridad industrial provoca un deterioro de la actividad de control, verificación y ensayo, convirtiéndola en una mercadería, sin valorar los riesgos para la seguridad de los ciudadanos que esto conlleva.

Jesús Méntrida, participó en la ponencia titulada 'El modelo alemán' en la que desgranó el marco regulatorio de los organismos de control y sus actuaciones e hizo una revisión de la situación actual y futura del sector de la Evaluación de la Conformidad, tanto desde la perspectiva legal como técnica.

En su presentación, Méntrida hizo un repaso además por la historia de la colaboración entre entes privados y Administración en materia de seguridad industrial. En España, el histórico se remonta a 1904 con la aprobación del primer Reglamento de Inspección Industrial donde se establecía que “la garantía de la seguridad industrial en la parte referente a la seguridad pública, es función indiscutible del Estado”.

A finales de la década de los 70 se materializó mediante distintas regulaciones esta forma de colaboración. Por una parte, en 1979 se concretó la creación de Entidades Colaboradoras de la Administración en materia de industria y, por otra, en 1980 se determinó la creación de las Entidades Colaboradoras en medio ambiente y en vehículos.

De esta forma, los distintos sectores de Evaluación de la Conformidad se fueron constituyendo en distintas asociaciones y federaciones para un establecimiento de marcos de referencia, homogeneización de actividades y para la definición de protocolos de colaboración con las administraciones y organismos competentes.

En opinión de Jesús Méntrida, la pérdida de rigor en el control y en la verificación, en las inspecciones, ensayos y otras pruebas, es una de las principales causas de la alta siniestralidad en el sector industrial. “La calidad de los controles ha descendido y esto se debe, en parte, al debilitamiento del marco regulatorio de las entidades privadas, el cual se ha visto sometido a una liberalización salvaje en los últimos años”, enfatizó.

Otra consecuencia del descenso del rigor en las actuaciones de los evaluadores de la conformidad, es la pérdida de actividad económica de las empresas de ingeniería, instaladoras y mantenedoras, pues sus servicios de diseño, mejora, acondicionamiento y renovación de equipos e instalaciones, caen proporcionalmente al descenso de defectos informados por las empresas de inspección. La no ejecución de esas adecuaciones y reparaciones, supone una pérdida de actividad económica que se traduce de inmediato en pérdida de empleo.

Méntrida expuso distintas razones para modificar el actual marco regulatorio de los OC. Por una parte recordó que han existido tres conceptos distintos para definir qué son los OC:

• en 1992 y 1995 eran “entidades públicas o privadas con personalidad jurídica”
• en 2010 se las consideraba “personas naturales o jurídicas”
• en 2014 eran “personas físicas o jurídicas”.

Señaló además que han existido tres justificaciones distintas en su régimen de gestión:

• en 1985, por concesión, “la inspección está relacionada con el nivel de calidad”
• en 2008, por autorización, “la inspección no es solicitada voluntariamente por el usuario”
• en 2014, por declaración responsable, pues “no se considera que existan razones imperiosas de interés general”.

Méntrida señaló además que existen distintas sentencias del TS y de TSJ de algunas CCAA, por lo que se hace necesario, terminar con el protagonismo judicial en la legislación industrial y establecer un marco adecuado y concluyente.

Resaltó además que hay una pérdida de poder y control de la Administración competente, ya que se confunde el servicio prestado como una “función pública delegada por la Administración” con una “actividad económica”. Se legisla utilizando terminología y regulación de ámbito europeo para comercialización de productos en la legislación del control y seguridad de las instalaciones, que son de ámbito interno y por lo tanto competencia de cada país.

Puso como ejemplo el modelo alemán, donde la acreditación es una opción y la habilitación con control de la Administración obligatoria. Mientras, en el modelo español se ha hecho la acreditación obligatoria y la habilitación sin control riguroso por la Administración, con Declaración Responsable y una vigilancia del mercado cuestionada.

Para Méntrida es necesario recuperar el conocimiento y autoridad de la Administración competente y recuperar la confianza en el sistema, para lo cual es necesario:

• promulgar una nueva ley de Industria y/o de Seguridad Industrial, que actualice su alcance
• recuperar la autorización administrativa que permita un control efectivo de la autoridad competente sobre los agentes.
• homogenizar procedimientos de actuación de los OC, que aseguren niveles de rigor y evaluación uniformes
• realizar intercomparaciones de actuaciones que permitan establecer mecanismos de mejora y control de la calidad del servicio
• confeccionar estadísticas del sector que permitan conocer grado de cumplimiento de los titulares, accidentalidad, defectología y su evolución en el tiempo

En síntesis, se debería conseguir que el OC no sea considerado sólo un mero operador económico, sino que mantenga su protagonismo y relevancia como entidad en la que la Administración ha delegado la función de garantizar la seguridad. Para ello es necesario un control de la Administración efectivo y riguroso. Méntrida señala: “la seguridad del ciudadano es una responsabilidad de la Administración, y la confianza en la seguridad no puede estar en juego por la competencia económica de los operadores”.

Para conseguir estos objetivos es también primordial la educación ciudadana para que aprecie, valore y compre calidad y seguridad.