La contratación pública representó en España el 14,9% del PIB

La importancia económica del mercado público lo convierte en un instrumento muy potente de la política económica y social de la que forma parte. En la mayoría de los países desarrollados este mercado constituye un componente importante de la demanda y según datos de la Comisión Europea (“Public Procurement indicators 2008”, publicado en abril de 2010), la contratación pública en la Unión Europea representó de media en 2008 el 17,2 % del PIB y en España el 14,9%, frente al 18,8% del Reino Unido, el 17,5% de Francia o el 16,8% de Alemania.

Si bien la principal finalidad de la compra pública es dotar a las administraciones públicas de soluciones para prestar un mejor servicio a los ciudadanos, este objetivo inmediato puede perfectamente complementarse con propósitos adicionales orientados a objetivos esenciales de la política económica y social. Uno de los más importantes es el fomento de la innovación tecnológica, que ha regido como conductor de importantes compras públicas desde hace muchos años en los países con sistemas nacionales de innovación avanzados, siendo el ejemplo más paradigmático Estados Unidos.

En España, el fomento de la innovación por medio de las compras públicas no ha gozado tradicionalmente de la misma atención, habiéndose visto más bien obstaculizado por marcos legislativos que priorizando la transparencia y minimizando el riesgo y el gasto, han descuidado algunas cuestiones estratégicas como es la innovación. Sin embargo, el nuevo marco legal, recogido en la última Ley de Contratos del Sector Público, que incluye procedimientos más propicios para la contratación pública de soluciones avanzadas que fomenten la innovación, y la reciente Estrategia Estatal de innovación (e2i), con uno de sus cinco ejes de actuación centrado en el fomento de la innovación desde la demanda pública, están abriendo nuevas expectativas.