El Congreso aprueba la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
18 de mayo de 2011
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación por 289 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención. Todos los grupos, salvo IU-ICV y UPyD, apoyaron las 45 enmiendas procedentes del Senado. Tras más de dos años de tramitación parlamentaria, la aprobación de la Ley de la Ciencia con un amplio consenso entre los grupos parlamentarios demuestra que la apuesta por la I+D+i y el cambio de modelo productivo que impulsa el Gobierno es compartido por la inmensa mayoría de las fuerzas políticas, lo que “garantiza que la Ley durará muchos años, y que extenderá sus beneficios en el tiempo con independencia de los ciclos políticos”, ha asegurado la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia.
La nueva Ley de la Ciencia pretende conseguir más participación de la empresa privada en actividades de investigación, más trabajo estable para los jóvenes investigadores y más calidad en la ciencia española, a través de una apuesta definitiva e irreversible por la investigación de excelencia.
Además, el texto consagra la política de innovación como una política pública imprescindible para dar respuesta a las necesidades empresariales en materia de competitividad, al tiempo que recoge aspectos trasversales, pioneros en muchos aspectos, como el fomento de la participación de la mujer en la actividad científica, en particular garantizando que no se produzcan sesgos ni discriminaciones negativas por cuestión de género.
La ley incluye el diseño de una carrera científica basada en méritos, estable y previsible que permita retener y atraer talento científico. El texto incluye un contrato de acceso para investigadores postdoctorales que permitirá, cumpliendo criterios de excelencia, incorporarse al sistema público de I+D. También la Ley creará el denominado contrato de investigadores distinguidos, al que se podrán acoger los agentes que quieran contratar investigadores de reconocido prestigio. Además, se recoge la sustitución de las becas por contratos desde que los investigadores comienzan el doctorado, algo que muy pocos países contemplan. Además, crea la Agencia Estatal de Investigación que dotará de mayor autonomía flexibilidad y agilidad a la actividad científica y al mismo tiempo garantizará el máximo control sobre la gestión de los fondos públicos.
Asimismo, el texto responde al necesario cambio de modelo productivo abordando diferentes aspectos previstos en la Estrategia Estatal de Innovación e incorpora novedades en el ámbito de la cooperación público privada con fines científicos y tecnológicos y en los mecanismos de transferencia del conocimiento al sector productivo.
