Los tribunales obligan a subir el sueldo a cerca de 200.000 trabajadores

El fallo de la Audiencia Nacional para decidir qué regla debe modular los salarios en épocas de crisis considera intocables las condiciones salariales pactadas en 2007, las cuales fijan una subida próxima la 6%. Patronal y sindicatos llevan semanas enzarzados en una pugna laboral centrada en el sector sociosanitario que, finalmente, ha tenido que resolverse en los tribunales. La revisión del convenio, que debe realizarse este año, colisiona de lleno con el compromiso firmado a nivel nacional para subir los sueldos un máximo del 2% debido a la crisis.

Esta medida —que los tribunales valoran como ‘sugerencia’— se recoge en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva que firmaron los representantes de CEOE y las centrales (UGT y CC OO) hace un año. En este documento, los protagonistas del diálogo social consideran “que los negociadores [de convenios] deberían tener en cuenta una serie de referencias” a la hora de fijar incrementos de salario.

Así, para 2010 el criterio se fija en “el 1%”; para 2011, “entre el 1 y el 2%; y para 2012, “entre el 1,5 y el 2,5%”. Pero la bandera de la moderación salarial que ondearon en su día patronal y sindicatos no ha tardado en rasgarse. Como señalan los abogados laboralistas consultados, “una cosa son los acuerdos de la foto y otra diferente el día a día de las empresas”. El fallo de la Audiencia Nacional era el esperado, si se tiene en cuenta que los convenios son uno de los escasos documentos que tienen rango de ley pese a no haber salido del Parlamento. Es decir, son altamente irrompibles. No se pueden anular salvo que se pacte un descuelgue.

Este caso puede ser sólo el primero de una larga lista en los que se concrete lo costoso de modular los sueldos en épocas de crisis sin tener que pasar por los tribunales. La sentencia se hace eco de la comprometida situación del sector —ahogado por la morosidad de las Administraciones Públicas y con una rentabilidad negativa esperada superior al 19% este año—. Estos elementos no son suficientes a la hora de llevar el caso ante la Justicia. “La concurrencia de una situación económica sobrevenida (...) no permitiría la inaplicación de un convenio colectivo estatutario durante su vigencia (...)”, a menos que se opte por el ‘descuelgue’, apuntala el fallo.