El gobierno central aprobó la norma que exige más capital a las entidades

La norma establece una exigencia de capital del 8% para las entidades, y del 10% para las que no cotizan, no cuentan con presencia de inversores en un determinado porcentaje de capital y disponen de una excesiva dependencia de la financiación mayorista.

El decreto, que se adelanta a los requisitos de capital de la regulación internacional de ‘Basilea III’, establece que las entidades que no alcancen dichos niveles mínimos antes del próximo septiembre recibirán recursos públicos. La inyección de dinero a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) implicará la nacionalización parcial o total de la entidad durante un plazo máximo de cinco años y podría suponer sanciones para los directivos de las entidades intervenidas.

El presidente de la patronal de las cajas de ahorros, Isidro Fainé, reclama al gobierno flexibilidad tanto a la hora de determinar qué elementos se consideran capital principal como sobre los plazos de salida a bolsa de las entidades, una petición en la que cuenta con el respaldo del PP y del CiU. Algunos responsables de cajas consultados recalcan que el plazo dado hasta septiembre para dar el salto al parquet es demasiado corto, máxime cuando las circunstancias del mercado pueden no acompañar a este tipo de operaciones. Por su parte, responsables de bancos apoyan las mayores exigencias de capitalización a las cajas de ahorros por considerar que van aparejadas al mayor riesgo de estas entidades debido, fundamentalmente, a su mayor exposición inmobiliaria.

Economía contempla que las entidades que finalmente reciban recursos públicos para fortalecer su capital asuman compromisos de concesión de créditos a familias y empresas, según un escrito sobre el plan para reforzar la solvencia que ha servido de base para las negociaciones con los agentes implicados y con los partidos políticos. Además, las entidades financieras que no cumplan los requisitos de capital en un plazo de quince días tras la publicación del decreto deberán comunicar un plan de cumplimiento de las exigencias al Banco de España.