AECOC valora el anteproyecto de reforma del Código Penal como un gran paso contra el hurto comercial

AECOC, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, celebra la aprobación, en el Consejo de Ministros de ayer, día 11 de octubre, del Anteproyecto de reforma del código penal; una medida necesaria para frenar los hurtos que diariamente sufren grandes y pequeños comercios de todo el país.

Las empresas de distribución pierden al año alrededor del 1% de su facturación, lo que supone 1.200 millones de euros anuales. La mayoría de los empresarios considera que la reincidencia es uno de los problemas principales y, por ello, el 92% de ellos se muestra a favor de un endurecimiento del marco legal que permita reducir este tipo de prácticas; así como la “profesionalización” de quienes las llevan a cabo aprovechando las lagunas del marco legal. Y es que, según datos del Comité de Prevención de Pérdida de AECOC, el 54% de los empresarios del sector afirma que los hurtos corren a cargo de bandas organizadas y el 47% de ellos se muestra además convencido de que el objetivo fundamental de este tipo de prácticas es la reventa en mercados paralelos. Así lo confirman tanto el valor de los artículos hurtados como su tipología (bebidas alcohólicas, perfumes, cosméticos…) entre la que no figuran productos alimenticios de primera necesidad.

Este es uno de los aspectos en los que hace énfasis el anteproyecto de reforma del código de penal, que castiga especialmente la profesionalización y la organización. De igual modo, el anteproyecto suprime el concepto de falta determinando que el hurto siempre sea delito, con independencia de cuál sea el valor económico del producto o mercancía sustraídos. Se trata, según las empresas asociadas del sector, de un importante paso adelante pare frenar un problema de extrema seriedad que ocasiona importantes pérdidas económicas y que incluso, en un escenario como el actual, puede llegar a poner en riesgo la continuidad de los pequeños negocios.

Anualmente se registran en los supermercados españoles un total de 130.000 incidentes, de los cuales sólo se denuncian 18.000. La razón principal de este bajo porcentaje es la consideración generalizada de que exige demasiado esfuerzo para las compensaciones que se obtienen (indulgencia del código penal, elevada pérdida de tiempo en la gestión de denuncias, excesiva pérdida de tiempo en juicios/declaraciones, desprotección de los denunciantes…).