Para reducir el déficit en 40.000 millones, el Gobierno de España, presidido nominalmente por Mariano Rajoy y en la práctica por Angela Merkel, ha tenido que subir impuestos y va a realizar en los próximos meses dolorosos ajustes, eufemismo político del término recortes. Ajustes o recortes, probablemente necesarios, pero que van a laminar todavía más el débil crecimiento económico y que afectarán negativamente las prestaciones sociales de muchos, las condiciones laborales de algunos y el bolsillo de todos. Bueno, de todos no. Hay un sector de la sociedad española que vive cómodamente instalada en el paraíso. En el paraíso fiscal, se entiende.

Hablemos de fraude. Es enormemente difícil cuantificar el volumen del dinero que debiendo ingresar en las arcas del estado permanece opaco a pesar del creciente esfuerzo de la inspección fiscal en perseguirlo. Un estudio reciente de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, estima que el fraude fiscal en España asciende a 80.000 millones de euros, justo el doble del objetivo de reducción de déficit que tantos sacrificios nos va a costar. España es uno de los países de la Unión Europea donde el dinero negro encuentra un hábitat especialmente adecuado para extenderse y multiplicarse. Algunos pensarán que esto es un tópico y que en todas partes se cuecen habas. Y es cierto. Pero también es cierto que aquí se cuecen más. Un dato esclarecedor: el dinero en efectivo, que en toda la zona euro es el 5% del PIB, en España es el doble. Un 30% de los billetes de 500 euros emitidos en Europa circula en España. Algo habrá que hacer para corregir este exceso y situar la economía sumergida en una magnitud razonable.

Es sabido que cualquier economía moderna, por muy sofisticados que sean los sistemas de control, que lo son cada vez más, puede tolerar un cierto nivel de intercambio económico invisible al fisco. Más aún, algunos economistas sostienen que el dinero negro, en una proporción adecuada, constituye un lubricante que facilita el buen funcionamiento de la economía a pequeña escala y, por ende, de la sociedad en su conjunto. El problema no es tanto el pequeño fraude de la factura sin IVA, el sobresueldo que no se consigna en la nómina, el hijo de la vecina que viene a hacer una horas y no está dado de alta, la compra-venta no declarada de bienes o servicios habituales en el pequeño comercio y en la pequeña empresa. Eso, sin ser defendible, forma parte de los hábitos culturales de nuestro sistema productivo y tiene una repercusión muy limitada en la salud de la Hacienda Pública.

Otra cosa es la evasión fiscal, la fuga ilícita de capitales, la ocultación al fisco de cantidades importantes de dinero negro que se depositan en entidades financieras de países con secreto bancario. Eso tiene otra dimensión y debiera ser duramente perseguido. Pero hay otra más distinta aún y de mayor calado. Me refiero a los paraísos fiscales y a su utilización legal por las grandes corporaciones empresariales. Un dato ilustrativo: 21 empresas del Ibex tienen filiales en paraísos fiscales. Son las llamadas sociedades ‘offshore’, domiciliadas en países cuya tributación para los no residentes es prácticamente nula. Sólo en las Islas Caimán, un grupo de islotes con apenas 350.000 habitantes, hay instalados 584 bancos y domiciliadas unas 44.000 empresas. Otro tanto ocurre en las Barbados, en las Bermudas, en las Vírgenes... La magnitud del dinero procedente en su mayor parte de empresas multinacionales que, aprovechando las ventajas de la globalización, con toda impunidad y dentro de la legalidad, ‘optimizan’ su fiscalidad, es de proporciones colosales. Si todo ese dinero que dejan de tributar fuera a parar a las respectivas agencias tributarias, ni habría déficit público, ni habría crisis económica.

Mientras tanto, por estos páramos, la Inspección Tributaria se ceba en las pequeñas y medianas empresas, en los profesionales liberales, en los autónomos, buscando con lupa el pequeño fraude, la más diminuta infracción. Y el nuevo Gobierno, aún a su pesar, no tendrá más remedio que seguir subiendo tasas e impuestos y recortando gastos e inversiones para disminuir el déficit público, a costa del sufrimiento de todos. Ah no, de todos no, de casi todos...

No es un problema sólo de España, es un problema global. Vivimos en un mundo dominado por las grandes corporaciones económicas y financieras. Ellas son las que fijan las reglas del juego, las que condicionan las políticas económicas y reparten credenciales de idoneidad política. Las que condenan cualquier tipo de regulación o de control como una amenaza letal al crecimiento económico, las que satanizan a cualquiera que se atreva a sugerir que tal vez debiera establecerse alguna limitación a la sacrosanta ‘libre circulación de capitales’.

Hay que dejar de mirar para otro lado. Los gobernantes no pueden seguir de perfil ante la clamorosa injusticia que supone que los pequeños y medianos empresarios y que los asalariados en su conjunto sufran una creciente presión fiscal mientras la nueva oligarquía global hace surfing fiscal en el paraíso.