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Las posibilidades de recolocación de trabajadores y una incongruencia matemática

24 de marzo de 2009

Anna Ros, psicóloga PDG – IESE, Socia KTC&R Global
El plan social en las memorias que acompañan a los expedientes de regulación de empleo (Ere) se ha convertido en uno de los factores importantes para la autoridad laboral a la hora de valorar la viabilidad y autorizar tales expedientes. Dentro de los planes sociales, entre otras medidas, se suele pactar el servicio de 'outplacement' con el objetivo de facilitar la recolocación en el mercado laboral de los trabajadores afectados.

Podemos afirmar que se trata de una buena práctica y que ello evidencia la responsabilidad social de la empresa para con sus trabajadores, asumiendo el coste de tal servicio y ofreciendo alternativas o, mejor dicho, facilitando el proceso de reubicación profesional.

Es una medida útil para el trabajador, para la sociedad productiva, y por supuesto para la administración ya que, si prospera, el Estado tendrá que hacer frente durante menos tiempo a los costes sociales derivados del subsidio de paro, y el trabajador en activo volverá a cotizar IRPF y a la Seguridad Social, entre otros efectos. ¡Todos ganan!

Ahora bien, hace falta reflexionar seriamente acerca de la eficacia y utilidad real de los servicios de 'outplacement' en los tiempos actuales.

¿Es realista y es viable pensar en la eficacia de tal servicio o es puramente una acción decorativa o, si se quiere, una declaración de buenas intenciones, aunque con remotas posibilidades acerca de conseguir los propósitos, es decir, un puesto de trabajo para los afectados?

¿De qué plazos estamos hablando para que se materialice el resultado esperado?

¿Cuál es el porcentaje de recolocación real?

Es importante plantearnos si funcionan o no tales estrategias. Sólo así podremos tomar medidas para hacer solventar los problemas a las empresas, a las personas afectadas y por tanto a la sociedad.

Parece lícito pensar acerca de qué efectividad real tienen pues estas medidas, si pensamos en un contexto como el actual en el que las tasas de paro(*) previstas para 2009 son de un 17,7 y la prevista para 2010 de un 19,7, lo que nos situaría en cifras que evolucionan de 3,3 millones de parados a casi 5 millones.

Así, reformulando la pregunta podríamos plantearnos:

¿Es suficiente esta medida para paliar los efectos del Ere? ¿O habría que pensar en otro tipo de acciones complementarias?

Y es que, abundando un poco en la reflexión, vemos que algo no cuadra. Así de entrada hay algunos puntos que nos llaman la atención:

Ya no es tanto el cómo, sino dónde podremos recolocar a tantos trabajadores si el mapa de posibilidades se hace cada vez más pequeño.

Las matemáticas asociadas a este análisis son fáciles y no hacen falta muchas complicaciones. Veamos sólo dos variables:

  • Por un lado, estamos viviendo la desaparición de muchas empresas
  • Por otro, las empresas que quedan, están adelgazando estructuras en un intento de ser sostenibles y de poder seguir vivas en el mercado

Luego, si esto es así, podemos concluir que cada vez hay menos plazas disponibles y por tanto las probabilidades de recolocación de los trabajadores afectados son cada vez más escasas.

De momento la curva de probabilidades versus posibilidades evoluciona de forma inversa. Así, cada vez hay menos puestos libres disponibles en el mercado laboral y cada vez hay más trabajadores en paro buscando puestos libres que ocupar.

Lo que nos lleva a valorar si es realista y vigente pensar, visto el escenario de exceso de capacidad productiva que está en proceso de reestructuración, que el hecho de firmar en acuerdo de recolocación 'outplacement' en los planes sociales sea una medida suficiente para garantizar un resultado de recolocación, que es de lo que se trata.

Parece razonable pensar que no lo es. Lo era en un contexto de movimientos “normales” en el mercado laboral, pero no es el caso actual.

Así las cosas, quizá sea conveniente revisar los criterios con respecto a qué tipología de medidas podemos comprometer para incidir en la población afectada.

Parece pues importante, llamar la atención de la administración e involucrarlos en un problema que va más allá de la buena voluntad de empresarios, trabajadores, agentes sociales, expertos profesionales del 'outplacement', entre otros agentes, que, por muy bien que quieran afrontar sus compromisos y realizar su trabajo, el resultado final no va a depender de su voluntad y empeño.

Es necesario involucrar a la administración y apelar a su capacidad de generar respuestas específicas y extraordinarias acordes a la especificidad y extraordinariedad del momento actual y especialmente atendiendo a la probable evolución de la economía no sólo a nivel local, sino también a nivel mundial, en los próximos años, según las previsiones actuales, ya que son éstas y no otras las circunstancias a las que se enfrentan los empresarios, y en las que tendrán que aprender a sobrevivir y competir.

El momento pasará y se regularizará y probablemente la vigencia de las políticas y acciones de recolocación recuperen el puesto que tenían, pero ahora mismo, su utilidad es, en cualquier caso discutible, y hay que reforzar y complementar tales acciones con decisiones y actividades que puedan tener un impacto visible. De no hacerlo estaremos negando una evidencia y firmando un papel mojado sin impacto efectivo sobre una situación real.

Puede que parte de las medidas a emprender tengan que venir más de la mano de la necesidad de replantear el marco jurídico-normativo laboral, que se insinúa cada vez más urgente, que de acciones de recolocación sobre tejidos productivos cada vez más deprimidos.

(*) tasa de paro (%población activa EPA) Fuente: Funcas

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