Este mercado es imprescindible para alcanzar los objetivos nacionales de ahorro energético asumidos por nuestro país

El panorama actual del sector de servicios energéticos en España está marcado por los numerosos cambios normativos que se han producido en los últimos meses, los cuales propician el desarrollo de este mercado imprescindible para alcanzar los objetivos nacionales de ahorro energético asumidos por nuestro país. Los esfuerzos llevados a cabo por el sector para acabar con las barreras legales, administrativas y financieras que han supuesto un obstáculo para la contratación de servicios energéticos en los últimos años se han traducido en un incremento de la inversión en eficiencia energética del 9% en 2017 según el estudio 'World Energy Investment 2017' elaborado por la Agencia Internacional de la Energía, especialmente en la Unión Europea donde se han producido avances importantes en materia de política energética. Dados los cambios mencionados y la consolidación de la demanda de este tipo de servicios, AMI afronta con optimismo la tarea de seguir promoviendo la contratación de servicios energéticos como instrumento clave para mejorar la eficiencia energética de nuestras ciudades.

En septiembre de 2017 Eurostat, Oficina Estadística de la Unión Europea, publicó una nota en la que se revisaba el tratamiento estadístico de los contratos de servicios energéticos de las Administraciones Públicas en las cuentas de los Estados Miembros, lo que se traduce en que en la mayoría de los casos este tipo de contratos no computan como déficit público, en contra de lo que se establecía en las normas contables hasta el momento. A este anuncio le ha seguido la publicación en enero de 2018 de una guía aclaratoria que explica la aplicación práctica de la nota y detalla los requisitos que debe cumplir un contrato de servicios energéticos para que se considere inversión privada y, por tanto, se excluya de la Contabilidad Nacional de los estados. La guía explica en detalle cómo funcionan los contratos de rendimiento energético y ofrece una visión clara de su impacto en las finanzas de la Administración contratante, información clave para el desarrollo de este mercado en la UE. Esto ayudará a los Estados miembros y otras partes interesadas a comprender cómo influyen las diferentes características de estos contratos en la clasificación de la inversión realizada, dentro o fuera del balance del gobierno, y ayudará a las autoridades públicas a tomar decisiones en su estrategia de eficiencia energética de edificios. Se trata de una herramienta útil para proporcionar claridad a los promotores públicos y privados en relación con los planes de inversión en eficiencia energética. Este cambio interpretativo elimina el principal obstáculo con el que se encontraban las Administraciones Públicas que querían llevar a cabo proyectos de rehabilitación y gestión energética mediante contratos de rendimiento energético con inversión. AMI, la cual venía denunciando esta problemática desde el inicio del procedimiento por déficit excesivo a España en 2009, celebra la decisión de Eurostat con el convencimiento de que se traducirá en un aumento importante del número de proyectos liderados desde el sector público en colaboración con socios privados.

Desde la Unión Europea la apuesta por el desarrollo del mercado de servicios energéticos es por tanto clara. La Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, que exige a todos los Estados Miembros de la Unión Europea la presentación de Planes Nacionales de Eficiencia Energética entre otras medidas, así como los programas FEDER/FEADER de crecimiento sostenible (POCS 2014-2020) para favorecer una economía baja en carbono en ciudades y áreas rurales suponen un gran impulso para dar a conocer la contribución de los servicios energéticos al sector de la construcción. A nivel nacional, los programas mencionados se materializan en planes de ayudas gestionados por el IDAE y las Comunidades Autónomas como, por ejemplo, el programa PAREER-CRECE que prevén ayudas para distintas tipologías de actuaciones de rehabilitación de edificios como las realizadas por empresas de servicios energéticos (ESE). El Programa de ayudas para la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal (FNEE) establece una línea de financiación a las entidades locales para que puedan efectuar la reforma de sus instalaciones de alumbrado exterior bajo diseños de eficiencia energética. El objetivo de la segunda convocatoria, dotada con un presupuesto de 48,7 millones de euros, es continuar con la renovación total o parcial de las instalaciones municipales de alumbrado exterior con el objetivo de reducir su consumo de energía final y las emisiones de CO₂.

La nota de Eurostat que indica que los contratos de servicios energéticos en las Administraciones Públicas no computan como déficit elimina el principal obstáculo con el que se encontraban las que querían llevar a cabo proyectos de rehabilitación y gestión energética mediante contratos de rendimiento energético con inversión

En conclusión, el sector de servicios de eficiencia energética comienza el nuevo curso con optimismo dados los cambios normativos y programas de ayudas mencionados y con el deseo de que estos se traduzcan en un aumento de la demanda de estos servicios.