El resultado de la subasta eléctrica añade más incertidumbre al sector renovable
La Asociación, que integra a la mayoría de tecnologías renovables, ya denunció que el mecanismo de adjudicación previsto en la subasta podría derivar en un resultado alejado a la realidad del sector, como así ha sucedido. En las alegaciones realizadas por APPA durante la tramitación de las diferentes normas ya propuso correcciones para evitar las consecuencias negativas del mecanismo establecido, que no se tuvieron en cuenta.
Como era previsible, la subasta se ha mostrado más como un producto financiero y los adjudicatarios podrían tener dificultades para desarrollar los proyectos. En anteriores procesos de adjudicación se requerían todo tipo de requisitos para dar continuidad a los proyectos. Muy al contrario, la subasta, puesta en marcha al final de la legislatura de forma improvisada y con la visión cortoplacista tan habitual en el Ministerio de Industria, solo ha tenido en cuenta la componente financiera, ya que solo se requería un aval para participar.
Tanto los mecanismos de adjudicación contenidos en la subasta como la compleja metodología de asignación de retribución incluida en el RD 413 han llevado a un resultado de la subasta cuando menos sorprendente, que se aparta de la ortodoxia económica. Por otro lado, se ha demostrado que la marginalidad incluida en la subasta no es lo más eficiente en este tipo de mecanismos competitivos. Es significativo que la mayoría de los principales promotores del sector no hayan resultado adjudicatarios. Asimismo, la gran concentración de las adjudicaciones plantea dudas sobre la metodología empleada.
Por otro lado, la nueva potencia renovable adjudicada es claramente insuficiente para que contribuya de manera efectiva a cumplir los objetivos comprometidos con Europa a 2020, como ha manifestado en comunicado público el Ministerio, y además llega demasiado tarde. Los 700 MW adjudicados representan solo el 8% de los 8.500 MW que, según la Planificación Energética del propio Ministerio de Industria, sería necesario instalar hasta 2020 para cumplir nuestros objetivos. Hasta 2019 no se sabrá si los 700 MW se han hecho efectivos y se incorporan al sistema eléctrico.
Por último, no parece lógico comparar, como hace el Ministerio, el resultado de una subasta realizada en 2016 para eólica y biomasa con retribuciones de otras tecnologías, como la fotovoltaica, fijadas hace ya siete años.
