El comercio ilegal mueve aproximadamente 65 millones de euros en España, en contraposición con las sanciones impuestas, que van desde los 20.000€ a los 200.000€ y en muchos casos no llegan a aplicarse

Erradicar el comercio ilegal de gases HFC, la clave para alcanzar los objetivos medioambientales

Murli Suhkwani, miembro del Comité Técnico Europeo de Fluorocarbonos (EFCTC) y director general para EMEA Fluoro Chemicals de Chemours, responsable del Grupo de Data & Investigations

29/04/2020

Existe un creciente y oculto tráfico ilegal de los hidrofluorocarbonos (HFC), en España y en Europa, que está socavando los objetivos medioambientales de la Unión Europea de cara a 2030 y 2050. Desde el Comité Técnico Europeo de Fluorocarbonos (EFCTC) se insiste en la necesidad imperiosa de que tanto las autoridades de la UE como los estados miembros tomen medidas más estrictas para frenar este comercio ilegal.

Hace más de 30 años se detectó la disminución de la capa de ozono y el calentamiento global del planeta debido a la emisión a la atmosfera de ciertos gases. Debido a esta alarma climática, en 1987 se firmó el protocolo de Montreal, impulsado por las Naciones Unidas, en el que se establecieron objetivos de eliminación de las sustancias que reducen la capa de ozono, como es el caso de los gases clorofluorocarbonos (CFC). Nueve años más tarde, se hacía publica la prohibición del uso de estos gases, que fueron sustituidos por los HFC, los hidrofluorocarbonos. Estos se utilizan principalmente para sistemas de refrigeración, aire acondicionado, aerosoles, espumas, extintores y disolventes, y no dañan la capa de ozono, pero sí contribuyen al efecto invernadero, y por ende al cambio climático.

Por este motivo, en 2015 entró en vigor la regulación F-Gas II en Europa -y consecuentemente en España-, que tiene por objetivo la reducción de un 79% el consumo de los HFC de cara a 2030, teniendo como referencia la media entre 2009 y 2012, a través de un sistema de cuotas que limita la comercialización de estos gases anualmente. Un objetivo que avanza en paralelo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030 de las Naciones Unidas y el compromiso de garantizar la neutralidad climática de la Unión Europea de aquí a 2050. Este último se enmarca en el Pacto Verde Europeo (‘Green Deal’) presentado en 2019 por la Comisión Europea, cuyo objetivo es hacer de Europa un continente con una economía limpia, con cero emisiones, donde se protege nuestro hábitat natural.

También entró en vigor en 2019 la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, con la que se espera que se pueda evitar hasta 0,4°C de calentamiento global para finales de este siglo.

Sin embargo, recientemente se ha detectado un creciente comercio ilegal de HFC que está inundando el mercado europeo y socavando el cumplimiento de todos estos objetivos medioambientales en España, a nivel europeo y a nivel mundial. Es por eso por lo que desde el Comité Técnico Europeo de Fluorocarbonos (EFCTC, por sus siglas en inglés) se insiste en que España ponga todos los medios posibles para erradicar este comercio ilegal a nivel nacional, aplicando estrictamente la regulación F-Gas, realizando los controles rigurosos pertinentes en las fronteras y facilitando las herramientas adecuadas a las oficinas de aduanas. Además, hace un llamamiento a todos los actores vinculados a la industria de la refrigeración, cuyo rol activo es clave para detectar y erradicar cualquier actividad ilegal que pueda comprometer gravemente el futuro sostenible del país.

La imposición de multas más estrictas funcionaría como barrera para el mercado ilegal de HFC

El mercado en negro y oculto de los HFC en España

En España, los HFC suponen un componente básico e imprescindible para la refrigeración. Se utilizan principalmente en los sistemas de refrigeración de los supermercados y alimentación, seguido de aires acondicionados domésticos, automoción (climatización de confort) y climatización industrial y hospitales. Es por eso por lo que, para poder reducir progresivamente el uso de estos gases de alto PCA (Potencial de Calentamiento Atmosférico), en base a la regulación F-Gas II, se instauró en la UE el sistema de cuotas, que se ha observado no se está aplicando de manera rigurosa. Esto, sumado a la aplicación del Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGFEI), que no está resultando ser del todo eficaz, provocó el aumento de precio de los HFC.

Por esta razón, las empresas pueden haberse visto desincentivadas a cumplir con la regulación y recurrir a alternativas más baratas que ofrece el mercado ilegal, liderado por organizaciones criminales, que pretenden eludir las cuotas, impidiendo así los efectos positivos que tienen estas en el medio ambiente.

Actualmente, en España los gases HFC ilegales son introducidos o extraídos del país a través de Internet, plataformas de e-commerce o envíos a través de barcos o furgonetas. Los HFC, tanto legales como ilegales, provienen principalmente de China, dado que se trata del principal fabricante de este tipo de gas.

Cuando hablamos de comercio ilegal de HFC, hablamos de gases que son importados a España por una compañía que no se encuentra bajo el sistema de cuotas de la UE o cuando se importan más de lo que se establece en las cuotas. Es lo que se llama tráfico en abierto. Los chequeos inadecuados o una insuficiente revisión del registro de las mercancías permiten que esto suceda.

También se califican como ilegales aquellos gases que cruzan fronteras sin ser declarados en las aduanas, o con un etiquetaje o envasado incorrectos, y aquellos HFC que se venden a través de una marca comercial falsa. A estos tipos de comercio ilegal se les denomina contrabando tradicional y tráfico de falsificaciones, respectivamente.

Además de obstaculizar los objetivos medioambientales, esta evasión fiscal a gran escala ha incentivado que se brinden menos ayudas económicas para el desarrollo de futuras soluciones alternativas a los gases HFC y la falta de un control riguroso sobre dichos gases, que podría aumentar la peligrosidad en su utilización.

EFCTC ha impulsado un sistema de denuncia anónima con el que compañías y organizaciones pueden alertar sobre dichos casos: la Línea de Reporte

¿Cómo podemos acabar con este comercio ilegal?

Para detener este comercio ilegal y asegurar el cumplimiento de la regulación F-Gas, algunas asociaciones y entidades, como el EFCTC, están fomentando distintas medidas: fortalecer el control aduanero en las fronteras del país, aumentar las penalizaciones y el valor de las multas a los traficantes y concienciar a los actores de la industria de la refrigeración para que denuncien cualquier actividad sospechosa.

En primer lugar, una de las actuales problemáticas está focalizada en los controles en las fronteras, donde las oficinas de aduanas tienen dificultades para acceder a información en tiempo real sobre las cuotas aprobadas para cada operador y no tienen cómo contrastar los datos con sus registros de gases HFC importados o exportados. Por eso es necesario que las autoridades ofrezcan las herramientas indispensables para gestionar de manera más eficiente los controles de mercancías.

Más centrados en el tráfico de armas, drogas, animales y personas, los controladores aduaneros tienen dificultades para identificar HFC ilegales. De ahí la importancia de que reciban una formación para distinguir los cilindros legales de los ilegales -que son, por ejemplo, los que se reutilizan y se les da más de un uso-.

Además, las oficinas de aduanas no disponen del registro de cuotas de las compañías. Por tanto, no pueden saber si estas han cumplido ya sus cuotas o no, únicamente tienen a su disposición el registro de HFC, con el que comprueban el volumen de HFC importados o exportados. Para evitar esto, es esencial crear un nuevo sistema de verificación de ventana única y seguimiento en tiempo real de las exportaciones e importaciones de dichos gases, asegurando que las cantidades coinciden con las cuotas declaradas.

En segundo lugar, las bajas penalizaciones contribuyen a que las organizaciones criminales opten por su incumplimiento y por la continuidad de actividades ilegales. El comercio ilegal mueve aproximadamente 65 millones de euros en España, en contraposición con las sanciones impuestas, que van desde los 20.000€ a los 200.000€ (considerando una infracción grave), y en muchos casos no llegan a aplicarse. La imposición de multas más estrictas funcionaría como barrera para el mercado ilegal de HFC.

Un tercer elemento clave es la necesidad de concienciar a todos los actores vinculados a la industria de la refrigeración sobre cómo su implicación es clave para acabar con el comercio ilegal, denunciando cualquier actividad sospechosa. Para ello, el EFCTC ha impulsado un sistema de denuncia anónima con el que compañías y organizaciones pueden alertar sobre dichos casos: la Línea de Reporte. A través de ella, ya se han producido 228 denuncias de actividades ilegales, 14 de las cuales proceden de España.

Todas estas medidas, si se implementan con éxito y con el apoyo de todos, contribuirán a que este mercado ilegal detenga su actividad y hará posible la transición hacia nuevas alternativas sostenibles y eficientes -en las que las compañías españolas ya están trabajando-. Así, se avivará la esperanza de continuar luchando contra la emergencia climática y lograr en los próximos años los objetivos marcados como país y como continente.