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Industria del pescado
Las malas cifras de venta y consumo preocupan a los vendedores

El sector minorista del pescado, en el punto de mira

50 representantes de las pescaderías y tiendas de productos congelados de diferentes comunidades celebraron en junio la Asamblea General Anual de Fedepesca en el Puerto de Santa María (Cádiz). Además de la pertinente rendición de cuentas del año 2018 y presentación de presupuesto e iniciativas para el 2019, la Asamblea fue el momento de analizar la evolución del sector, estudiar los problemas que padecen y buscar soluciones conjuntas a los retos de futuro.

Las cifras no engañan. El consumo de productos pesqueros sigue descendiendo, el sector se va haciendo más pequeño por la falta de profesionales, de nuevos emprendedores, por la falta del reconocimiento que merece y por unas rentabilidades cada vez más ajustadas en un mercado cada vez más competitivo. Grandes superficies que abren locales sin cesar y que utilizan el pescado como reclamo para la visita a tienda con precios por debajo de coste; aumento de la venta on-line; facilidades para la venta directa por parte de los productores, que actúan como comercializadores con financiación pública, burocracia lesiva para la innovación y muy costosa e incremento de las noticias alarmistas sin fundamento científico, unido a consumidores desorientados ante tanta información… Todo esto provoca una tormenta perfecta que preocupa a los minoristas.

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De sobra es conocida la importancia del comercio de proximidad para el empleo, para el servicio a los ciudadanos, para la ordenación urbana y la seguridad de las calles. También para la convivencia y, en el caso de la alimentación, para ayudar a que las personas lleven una dieta saludable. El retroceso del comercio especializado de alimentación va muy unido al aumento de las enfermedades relacionadas con la alimentación y al abandono de las dietas saludables. En el caso de los productos pesquero está demostrado que consumimos un 25% más cuando acudimos al especialista artesano.

El sector demanda medidas urgentes

Esta situación exige medidas inmediatas y urgentes como la apuesta del gobierno por fomentar el consumo saludable de los productos pesqueros, reduciendo su tipo impositivo de IVA al 4%, y por la agilidad administrativa en la gestión de las innovaciones en el punto de venta.

Otra medida debe ser facilitar los mecanismos de reconocimiento de enfermedades profesionales de los diversos sectores y la equiparación total entre asalariados y autónomos en materia de prestaciones, entre ellas la incapacidad y bajas médicas.

Por otro lado, se debe poner en marcha la formación profesional del siglo XXI para el comercio de alimentación y evitar la exclusión digital, defendiendo la soberanía digital.

Especial atención habría que dedicarle a la modificación de la Ley de Comercio para recoger actividades innovadoras y complementarias como la degustación. Volver a valorar la limitación del número máximo de festivos de apertura comercial al año para fomentar la convivencia de todos los formatos comerciales e impulsar la conciliación. Así, es necesario evitar la competencia desleal y el menoscabo de los derechos de los consumidores en tiendas efímeras y mercados singulares, supuestamente agroecológicos sin control sanitario, así como en la venta on-line.

Es necesario, también, velar para que la promoción de la venta directa por parte de los productores no se siga financiando con cargo a fondos europeos una vez que estos productores se transforman en comercializadores.

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50 representantes de las pescaderías y tiendas de productos congelados de Fedepesca se reunieron en junio en Cádiz.

Una medida más pasa por eliminar exigencias y costes superfluos como la obligatoriedad de verificar los instrumentos de pesaje, como las básculas y los termómetros, que podrían incluirse en el autocontrol del equipamiento de las empresas. Actualmente ha de ser verificados por una empresa externa cada dos años (antes que la ITV de un coche nuevo) y siempre después de reparación, con un coste de gestión y de comprobación no acorde al potencial riesgo que se quiere evita y que nada tiene que ver con la seguridad alimentaria.

Comprender la sostenibilidad medioambiental, social y económica en un sentido amplio es imperativo. Evitar que la proliferación de certificaciones privadas se convierta en una barrera al mercado, al identificarse sostenibilidad con estas certificaciones privadas -muy caras y exigentes desde el punto de vista de gestión-. Estas entidades certifican un estándar privado por encima de las exigencias legales y dejan a los pequeños operadores fuera de mercado, siendo percibidos como no sostenibles por los consumidores, aunque cumplan con toda la normativa europea, la más exigente del mundo.

Ante la modificación de los Reglamentos de control pesquero, hay que eliminar la posibilidad de venta directa del producto desde el barco sin la información obligatoria de trazabilidad que se le exige a los comercializadores, impidiendo que se pueda vender en primera venta a compradores no autorizados, sea cual sea la cantidad que adquieran.

Eliminar la posibilidad de que los concesionarios de las lonjas o establecimientos autorizados puedan realizar ventas a los consumidores finales, siempre que se enmarquen en la actividad de pesca turismo o turismo acuícola, dejando a las Comunidades Autónomas regular las cantidades e importantes máximos, sin fijarlas en el Real Decreto. Además, se les permite incluir fiscalmente esta comercialización en la actividad de pesca.

Ante el descenso continuado en los últimos años de un producto imprescindible para la salud, es necesario impulsar la promoción de consumo de productos pesqueros.

Por último, hay que defender un nuevo fondo europeo marítimo y de la pesca que realmente tenga visión integral de la cadena de valor. La innovación, asesoramiento y fomento del capital humano, la creación de empleo y el diálogo social han de ser aspectos que alcancen como beneficiarios a toda la cadena de valor, a sus operadores y asociaciones.

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