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El MAPA valora con positivismo la negociación de las cuotas pesqueras para 2019

20/12/2018

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha celebrado el acuerdo alcanzado en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE sobre los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas para 2019 en aguas del Atlántico y del mar del Norte para 2019.

Planas ha manifestado que España ha conseguido un “muy buen resultado” con este pacto, que los ministros han cerrado de madrugada, después de más de dos días de negociaciones, “complejas” y singulares. La tradicional negociación de los TAC, una de las más importantes de los últimos años, ha estado marcada por la entrada en vigor en 2019 de la obligación plena de desembarcar las capturas de especies no deseadas en los puertos.

Para España, el acuerdo incluye un incremento de numerosas cuotas de interés para su flota, ofrece soluciones a las normas sobre desembarque en los puertos en 2019 y permite alcanzar el objetivo de Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) –explotación de los caladeros a niveles biológicos seguros– de la Política Pesquera Común (PPC) fijados para 2020, un año antes.

Planas ha subrayado que la gestión y las adaptaciones de los últimos años permiten una mejora de gran parte de las pesquerías y han propiciado incrementos de TAC, en línea con las recomendaciones científicas.

Con el acuerdo, España obtiene cuotas de pesca por un valor de 503,8 millones de euros para 2019, lo que supone un incremento de 26 M€ o del 5% respecto a los cupos de 2018, según cálculos teniendo en cuenta el precio del pescado en primera venta en lonjas.

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El Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (UE) pacta los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y las cuotas en aguas del Atlántico y del mar del Norte para 2019.

España consigue un incremento de cuota de merluza en aguas del norte: l TAC sube un 22,7% en aguas no españolas del Golfo de Vizcaya y un 27,5% en otros caladeros de Irlanda y Escocia, como el Gran Sol.

También suben los TAC de gallo en aguas del norte (47,3% en Gran Sol y 39,9% en aguas no españolas del Golfo de Vizcaya) y de gallo de aguas del sur o aguas ibéricas (35% en el Golfo de Cádiz, Galicia y Cantábrico).

El TAC de jurel aumenta el 69,2% en aguas de Galicia y del Golfo de Cádiz, el 18,1% en aguas del oeste y el 17,9% en aguas del Cantábrico. Además, España mantiene su cuota de anchoa en el Golfo de Vizcaya.

En la negociación, España ha logrado mantener el mismo nivel de TAC de merluza del sur (Golfo de Cádiz, Galicia y Cantábrico) y frenar la propuesta inicial de la Comisión Europea (CE), que planteaba un recorte del 14%. Planas ha valorado esta mejora, con la que España interrumpe la tendencia de los últimos cuatro años, en los que la UE bajó el TAC.

El TAC de rape aumentará un 5% en aguas ibéricas, mientras que se reduce un 7% en aguas francesas del Golfo de Vizcaya y baja un 2% en aguas irlandesas.

El ministro ha subrayado que en la negociación uno de los puntos más difíciles ha sido la búsqueda de soluciones a la aplicación de la obligación plena de desembarque en los puertos, que se aplica en 2019, dentro de las medidas de la PPC para acabar con los descartes (capturas no deseadas de peces que eran arrojados al mar).

El acuerdo incluye medidas para evitar el problema de las especies de estrangulamiento, aquellas para cuya captura un barco (dedicado a otra pesquería) tiene muy poca cuota o cuota cero y cuya carencia de cupo puede amenazar el normal desarrollo de la actividad del barco.

En el caso de cinco poblaciones (sobre todo bacalao), se establece un mecanismo por el que los Estados miembros con cuota ponen a disposición obligatoriamente un 6% de sus cuotas para los países sin cuota, como es el caso de España.

En cuanto a siete pesquerías para las que España tiene cuota cero (como lenguado y solla en determinados caladeros) se han acordado o negociado bilateralmente con otros Estados miembros intercambios para asegurar la disponibilidad de cantidades que los barcos españoles necesitan para seguir su actividad habitual durante 2019

España ha negociado intensamente estos mecanismos necesarios, que van a asegurar el mantenimiento de la actividad de su flota a partir del 1 de enero.

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