La educación y la formación como proyectos singulares
La infraestructura educativa se ha quintuplicado en los últimos veinte años. El panorama docente se ha transformado radicalmente.
Artículo publicado en la Revista Horticultura 143 - Marzo 2000.
No hay dos centros educativos iguales, básicamente por que los alumnos y el medio en el que se inscribe cada uno de ellos es diferente. La ubicación es un factor importante, pero la historia del centro, la procedencia de los alumnos, la dotación, la formación del profesorado, etc. son características que también influyen decisivamente en como funciona cada centro docente.
En los últimos veinte años la infraestructura educativa se ha quintuplicado, y la escolarización obligatoria se ha alargado hasta los 16 años. Si a estos dos hechos añadimos que cada día un mayor número de personas quiere mejorar su formación, nos encontraremos con una realidad que en pocos años se ha transformado radicalmente y que actualmente se caracteriza per la proliferación de centros docentes.
Por otro lado hemos pasado de un modelo de tratamiento uniforme, a un modelo de calidad que se basa en ofrecer a cada persona una formación que le permita obtener el máximo rendimiento y el máximo desarrollo personal posible.
Es decir, por un lado nos encontramos con un mayor número de centros educativos, y por otro con que estos centros deben ofertar una formación de calidad basada en el tratamiento individualizado de cada caso.
La respuesta a estos dos retos incluye fijar niveles mínimos de calidad, niveles sin los cuales no sea posible autorizar la apertura y funcionamiento de estos centros. En los centros públicos de educación la obtención de altos niveles de calidad está intimamente ligada a la autonomía de centro y a la relación directa con el municipio en el que se haya ubicado el mismo.
Actualmente los centros públicos del estado español gozan de una cierta autonomía curricular, que se plasma en el Proyecto Curricular de Centro, donde se concreta en como el centro adapta a su realidad específica la normativa vigente. Es decir, recoge básicamente qué, cómo y cuándo enseñar, desde un punto de vista particular, consiguiendo con ello aumentar la eficacia de los diferentes programas educativos. La eficiencia de los centros aumentaría si estos contasen, a demás, con una cierta autonomía económica, que debería traducirse en la gestión de un presupuesto específico, presupuesto que ahora gestionan en su práctica totalidad las autoridades administrativas autonómicas o estatales. De esta forma el centro contaría con un control más directo del material inventariable que adquiere, el cual se adecuaría plenamente a sus necesidades. Así, cuando uno de estos elementos inventariables (por ejemplo un ordenador) sufre una avería o desperfecto, se podría dirigir directamente al vendedor o proveedor, agilizando de esta forma la reparación o sustitución de materiales defectuosos o en mal estado. Se puede esgrimir, en contra de esta idea, que cuando se compran, por ejemplo, trescientos ordenadores, el precio resultante es menor, que si se compran tan solo cuatro. Sinceramente creo que es más fácil negociar un contrato, con una empresa suministradora local, que añade un cierto prestigio a su cuenta de clientes contando con un centro educativo, y con la que el mismo centro puede obtener otras prestaciones colaterales basadas en la «fidelización» de clientes. A esta autonomía financiera habría que añadir que los centros necesitan también poder contar con profesores que se quieran vincular a un determinado proyecto curricular, aportando un valor añadido al mismo. En cualquier caso los centros docentes deberán contar con el asesoramiento de la administración educativa (por ejemplo inspectores, administradores, etc.) que vele por la eficiencia y transparencia que debe exigirse a todo organismo público.
Fácilmente se comprenderá que el nivel administrativo que mejor debería conocer los centros educativos es la entidad municipal, al ser la que tienen más próxima, la que por ejemplo sabe cómo crecerá y qué necesidades incorporación al mercado laboral.
Los Institutos Municipales de Formación también tienen más capacidad de reacción ante las demandas de profesionales que hacen las empresas. Porque si en un municipio se instala una empresa que requiera determinados especialistas y estos no se encuentran disponibles en el municipio, o área de influencia de la empresa, esta los buscará en otro lugar y, en general, las autoridades educativas estatales o autonómicas tardaran en formar especialistas en este campo (entre dos y seis años). Y cuando empiecen a formar especialistas lo harán hasta saturar el mercado laboral. Estos proyectos «singulares» de formación pueden estar financiados por las propias empresas, por la administración de la propia comunidad autónoma, y por administraciones nacionales y comunitarias, aprovechando la financiación que de los planes de formación hacen de las mismas.
Si los municipios son pequeños esta coordinación de la formación se podría asumir desde niveles superiores, por ejemplo desde instituciones comarcales, o supracomarcales, que cuenten con la representación de todos los municipios.
