Formas de certificación

La seguridad referida a los alimentos debe basarse en el cumplimiento de normas fitosanitarias bajo el control de las Administraciones públicas.

La certificación del cumplimiento de las medidas de seguridad, entendida como la inexistencia de peligros, riesgos o dudas en el consumidor final que se traducen en peso y calidad correctos y LMR mínimos (límite máximo de residuos por debajo de lo estipulado en la legislación vigente) en la unidad de consumo, hoy más que nunca es conveniente.
La seguridad se debe basar en el cumplimiento de normas fitosanitarias, de tal forma que llegue al consumidor el convencimiento de que se cumplen, no sólo por parte de la empresa suministradora sino también por parte de la Administración, que es la que hace controles que inspiran confianza al consumidor.
En nuestro país, la organización descentralizada en 17 Comunidades Autónomas establece la responsabilidad de sus respectivos gobiernos en materia de control alimentario y en su propia política de calidad. También se encargan de las especialidades tradicionales y de la producción integrada, que no acaba de posicionarse ante los clientes con un etiquetado común (y con un Reglamento común en LMR).
El etiquetado de operador exceptuado (aplicación del Reglamento 2251/92 basadas en normas de calidad de la UE) es el único que, uniformado con los demás países de la Unión Europea, ha sabido transmitir el control y el buen hacer de las organizaciones de expedición y exportación, a efectos de entrega del producto a manos de los distribuidores pero no a efectos de certificación del producto para que lo perciba el consumidor, como se verá después.Por lo tanto, el consumidor busca garantías de seguridad que espera encontrar en las etiquetas de los productos. Son, unas veces, “marcas de calidad” de productos controlados exhaustivamente, conforme a unos cuadernos de registro establecidos por las reglamentaciones comunitarias. Aquí se encontraría el producto ecológico y las especialidades tradicionales garantizadas, como son las “Denominaciones de Origen Protegidas” y las “Indicaciones Geográficas Protegidas”. En estos últimos casos citados, estas señas de calidad tienen como objeto -aunque no se declare expresamente- valorar el origen nacional del producto. A pesar de que este hecho no sea conforme al derecho comunitario (renacionalización), sí es interesante en un mercado cada vez más globalizado, dado que se trata de productos característicos de un estado o región de la UE (por ejemplo naranjas de Valencia, uva de mesa de Vinalopó, melocotón embolsado de Calanda, etc.).
Además, la gran superficie nunca quiere ver su imagen dañada ya que es responsable de las infracciones que pudieran presentarse. Es aquí donde es necesario el objetivo de la certificación, es decir, obtener un reconocimiento y confianza mutuos entre la gran superficie y el proveedor, tanto en el ámbito nacional como internacional (expediciones a la UE y expediciones a países terceros).
Las formas de certificación que le son exigidas al suministrador (operador-exportador) son las siguientes:

1. Si la mercancía ofrecida no es producida por el propio operador (procede de compras a terceros), puede solicitar, a petición de parte, un “ Certificado de Calidad” o documento que asegure que la mercancía objeto de envío corresponde a lo acordado; o en el pliego condiciones (protocolo) puede solicitar al Centro de Inspección de Comercio Exterior (SOIVRE) más próximo que sean examinados los requisitos o características físico-químicas, análisis de residuos, metales pesados, etc., de la mercancía en cuestión.
Este método hace recaer todo el peso del proceso en la iniciativa privada, que busca ofrecer una garantía al cliente o al distribuidor. La autoridad estatal interviene muy poco: sólo comprueba la validez del producto pero no ofrece una etiqueta dirigida al consumidor.

2. Si la mercancía ofrecida es producida o cultivada por el propio operador, debe ofrecer un producto de origen controlado, con un contenido máximo de residuos, procedente de explotaciones en las que se minimice el uso de productos químicos y se respete el medio ambiente. Hay países en los que los consumidores valoran positivamente los criterios de calidad medioambiental (Países Nórdicos, Países Bajos y Suiza). La producción de frutas y verduras que quiera presentarse en estas condiciones pero que escape al Reglamento de Agricultura Biológica (producto ecológico) ya que éste es muy restrictivo, tiene la posibilidad de hacerlo certificado bajo la Norma ISO 14.000 que obtienen las organizaciones cuyas frutas, hortalizas, y procesos de manipulación son respetuosos del medio ambiente, en un sentido general.
La publicación de la serie de Normas UNE 155.000 permite la certificación de la calidad de los productos hortícolas basándose en una normativa de carácter nacional por parte de la entidad de Certificaciones AENOR -independientemente de las Autonomías y del Estado-, con lo que no se pueden ver involucrados en infracciones de los Reglamentos Comunitarios -como ocurre en Alemania con la etiqueta CMA (marca de calidad extendida por los estados federados alemanes).
Aquí, la etiqueta ya queda resaltada para que la vea y la valore el consumidor.

3. Mediante la certificación de la calidad de la empresa conforme a las Normas ISO 9001/2000 (nueva) se certifica que el proceso aplicado por el suministrador se ajusta a estándares técnicos determinados, tanto durante la producción como durante la manipulación y el transporte.
En este caso, la etiqueta sólo interesa al distribuidor, a quien da confianza, por lo que se impone la calidad total (producto + organización o empresa) que se está utilizando por parte del suministrador como estrategia diferenciadora del producto hortofrutícola que ofrece y que inspira a la gran superficie una confianza positiva. Ésta es la forma de certificación anterior en que la etiqueta queda resaltada para que la vea el consumidor.

4. Mediante la certificación de la calidad se puede y debe suministrar una “plataforma de origen” cuando es la gran superficie la que se surte de ella o el operador mismo que ha contribuido a formarla. Pero aquí, si procede la certificación del producto individual, se volvería en la segunda forma explicada.
El ejemplo estaría en Holanda en la agrupación de productores afiliados cuyo objetivo es crear una infraestructura global que soporte un programa de calidad total, que empieza en el campo y termina en el consumidor satisfecho en el punto de venta. En España, como ejemplo de actuación, existen varios programas: Alicia, Vía Verde, Naturane, etc.

Conclusión
En estos últimos años, siguen dando que hablar los escándalos agroalimentarios, desde la crisis de la dioxina hasta la enfermedad de las vacas locas. Es por ello que los consumidores, influidos por la ampliación del problema en los medios de comunicación, son cada día más exigentes, aunque deben valorar el producto a través de sus etiquetas de tal modo que perciban la calidad y la paguen.
La implantación de un sistema de calidad del producto supone una serie de ventajas para el conjunto de la sociedad. Así, tenemos:
- El productor obtiene un producto garantizado y con mayor valor añadido. La reducción de insumos permitirá el ahorro de costes en la explotación y una gestión técnica de ésta basada en buenas prácticas agrícolas, que será llevada a cabo por personal formado.
- Al consumidor se le garantiza un producto saludable mediante la reducción de residuos de productos fitosanitarios en el producto que consume y un control independiente de todo el proceso productivo.
- A la sociedad se le garantiza la contribución del sector al bienestar general reduciendo el uso de productos químicos y favoreciendo el control integrado. Además, se consigue que la organización o empresa realice una gestión eficaz de los residuos sólidos generados y se garantiza el respeto al medio ambiente. Pero esto debe entenderse como un primer paso para alcanzar las "buenas prácticas" en la producción de cultivos protegidos y de cultivos al aire libre, mucho más exigentes que las operaciones de hoy en día.