El Tribunal de la UE anula el acuerdo agrícola con Marruecos por incluir de forma ilegal a los territorios del Sáhara Occidental
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), exige a las autoridades comunitarias la aplicación inmediata de la sentencia que anula el acuerdo de libre comercio agrícola de la UE con Marruecos, al incluir de forma ilegal al Sáhara Occidental territorios sobre los que la ONU no reconoce la soberanía del país alauita.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, publicada el pasado 10 de diciembre, recoge literalmente que 'la Decisión del Consejo, de 8 de marzo de 2012, relativa a la celebración del acuerdo en forma de canje de notas entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos sobre medidas recíprocas de liberalización del comercio de productos agrícolas, productos agrícolas transformados, pescado y productos de la pesca, sustitución de los Protocolos 1, 2 y 3 y los anexos de estos Protocolos, y modificación del acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra, es anulada, ya que incluye la aplicación de dicho acuerdo al Sáhara Occidental'.
COAG ya denunció en noviembre de 2010 esta situación en base a una carta, fechada en 2004, en la que el entonces Secretario de Estado de Comercio del Gobierno de la Casa Blanca, Robert Zoellick, aclaraba a un miembro de la Cámara de Representantes de EE UU que en el acuerdo de liberalización comercial entre EE UU y Marruecos no se habían incluido los territorios del Sáhara Occidental porque no está reconocida su soberanía sobre los mismos. Tal y como se detallaba en el escrito ‘los Estados Unidos y otros muchos países no reconocen la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental’. Esta postura fue la adoptada por otros países como Suiza y Noruega.
Además, COAG denunció el pasado noviembre de 2012 que el acuerdo de libre comercio agrícola UE-Marruecos vulneraba, a su vez, la legislación europea sobre comercialización de frutas y hortalizas frescas, al limitar la capacidad de los consumidores para discernir claramente si un producto etiquetado como originario de Marruecos procede de este Reino, o bien procede del Sahara Occidental. La legislación europea de frutas y hortalizas establece que los productos destinados a ser vendidos frescos al consumidor solo podrán comercializarse si en ellos figura la indicación del país de origen. Sobre esta cuestión, hay pendiente una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE a una demanda interpuesta por el Frente Polisario.
Finalmente, la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos, rechazó los términos del acuerdo aprobado porque dañaba seriamente la economía de las zonas productoras de frutas y hortalizas. El sector de frutas y hortalizas genera en España la mitad del empleo agrario, más de un tercio de la producción final agraria y tiene un importante peso en la balanza comercial. En estos tiempos de crisis y paro, problemas especialmente graves en muchas zonas de producción hortofrutícolas, la renovación del acuerdo suponía un duro mazazo a la economía y al empleo. Sólo el aumento del contingente de tomate suponía una pérdida de 350.000 jornales anuales en España.
