El tomate crea un nuevo conflicto

Una vez más, el sector tomatero se encuentra en el ojo del huracán, ante el crecimiento de las zonas urbanísticas.

Las Directrices y Plan de Ordenación del Litoral de la Región de Murcia se pueden convertir en el mayor atentado contra la actividad agrícola que se realice desde la Comunidad Autónoma de Murcia, según denuncia en un comunicado Coag - Iniciativa Rural de la Región de Murcia La ley 1/2002 regula, como instrumento de ordenación territorial de carácter excepcional, las Actuaciones de Interés Regional, definiendo en las mencionadas Directrices veinte, de ellas, particularmente ubicadas en las zonas tradicionales de cultivos, hortícolas, en especial de tomate, como es el caso de Covaticas (Cañada de Gallego-Mazarrón), en un área de actuación de 962 hectáreas, y en Marina de Cope (Águilas-Lorca), con 2.072,9 hectáreas.

El argumento que se esgrime es que “la sustitución de la actividad agrícola (sin suficiente dotación en la actualidad de recursos hidráulicos) por la actividad turística, supone en si mismo el paso hacia un modelo de desarrollo más sostenible”, y el mecanismo que se emplea es no contemplar la participación de las organizaciones agrarias más representativas ni la Cámara Agraria Regional en el “Consejo Asesor Regional de Turismo” que ha de vigilar todo el proceso, a pesar de que los sujetos pasivos de dicha declaración de Interés Regional, y de la aplicación de la figura de expropiación forzosa que conlleva, sean fundamentalmente los agricultores.

"Entre paréntesis diremos que, detrás de esas palabras se esconde el hecho de la sustitución de la actividad agrícola por 8 campos de golf y 15.000 viviendas", indican fuentes de Coag. "Ya que el “interés general” determina que empecemos a desmantelar nuestras producciones de tomate, infraestructuras incluidas, Coag - Ir se ha dirigido a la Consejería de Turismo y Ordenación del Territorio con la que tenemos concertada una entrevista el próximo martes, 30 de julio, y a la que solicitaremos que el plazo de alegaciones se amplíe hasta el próximo 30 de septiembre, con el fin de disponer de tiempo suficiente para estudiar con detenimiento todas estas nuevas normativas", señala Francisco Gil, secretario de organización.

"No obstante, el próximo lunes vamos a comenzar a informar de esta nueva situación en la asamblea de agricultores que se celebrará en Cañada de Gallego, a las que seguirán otras en Águilas (martes, 30 de julio) y Ramonete-Lorca (miércoles, 31 de julio), para recoger la postura de los cientos de agricultores afectados y preparar las referidas alegaciones", comentan fuentes de esta organización.

Las mencionadas Directrices y Plan de Ordenación del Litoral de la Región de Murcia, entre otros muchos aspectos, introduce algunas nuevas figuras de protección, como es el caso del “Suelo de Protección Paisajística” que dependerá de la Consejería de Turismo y limitará, “casualmente”, la actividad agrícola pero no la turística. En este punto, Coag - Ir solicitará en sus alegaciones, que dicha nueva catalogación se limite a las actuales zonas ZEPAS y LICs, pactadas entre la Consejería de Agricultura y el sector y en las que ya existen unas limitaciones muy severas.

"Las alegaciones también irán en la dirección de que se arbitren periodos transitorios una vez que las “nuevas zonas urbanizables” entren en vigor, con el fin de que los agricultores puedan plantearse en el tiempo, tanto el cambio parcelas como, incluso, el de actividad, así como que cualquier tipo de acto de venta o permuta se considere, a todos los efectos, como expropiación forzosa, con el fin de que los agricultores puedan cumplir con los compromisos contraídos con diferentes Administraciones cuando, al hacer sus inversiones auxiliadas con fondos públicos, adquirieron el compromiso de mantenerse en la actividad agraria un tiempo determinado, generalmente, 5 años", advierte el dirigente de esta organización. COAG-IR lamenta la forma en que se ha puesto en marcha todo este proceso, así como su contenido previo, y hará todos los esfuerzos posibles para que se pueda continuar con una actividad agraria compatible con otros usos del territorio, así como para que se respeten en todo momento los intereses de los agricultores que se verán afectados por esta nueva normativa.

Para más información: www.coag.es