Estancamiento de la renta agraria en el último lustro

La renta por ocupado en la rama agraria experimentó una ligera subida en términos reales del +1,7% durante 2001. La subida obedece al incremento de los precios de la producción animal, así como los correspondientes a los cereales y patata. El volumen producido disminuyó un 1%, debido a la reducción de las cosechas de los cultivos de secano por las condiciones climatológicas adversas.

La política agraria común no se ha orientado a corregir los desequilibrios sectoriales, regionales y sociales que siguen afectando a la agricultura y su imagen pública. Por el contrario, se ha mantenido una política que perpetúa una situación injusta para los agricultores profesionales y la explotación familiar. Globalmente la renta agraria ascendió a 21.861 millones euros en 2001, lo que supone un aumento del 4,6% en términos corrientes respecto a 2000.

No obstante, observando la secuencia temporal y analizando los datos en términos reales, la renta agraria total permanece estancada durante los últimos 6 años. Los mínimos incrementos de renta por ocupado se deben totalmente al descenso del empleo agrario.

Los últimos 5 años podemos considerar que se ha producido un estancamiento de la renta agraria por ocupado y esto a pesar del importante descenso en el número de empleados (-83.000). Resulta preocupante el deterioro de las condiciones en que se desarrolla la actividad agraria que indican estos datos.

Aunque las distintas producciones han tendido al alza, la desfavorable evolución de los precios (siendo el año 2001 una excepción), el incremento de los gastos en consumos intermedios y una mayor cuota de amortización (debido a que cada vez son necesarias mayores inversiones en el sector para lograr competitividad) contrarrestan los avances productivos logrados.

Otro dato a resaltar es la parte cada vez más importante que las subvenciones de la política agraria comunitaria (PAC) representan dentro de la renta agraria, siendo el 22% en 2001. Es decir, el sector está siendo cada vez más dependiente de las ayudas públicas, debido al desmantelamiento de los mecanismos de sostenimiento del mercado que se viene realizando desde la reforma de la PAC de 1992 y ante la ausencia de una política que garantice precios dignos al sector agrario.

Estas ayudas públicas, que están bajando cada año al no ser actualizadas frente al IPC y que no alcanzan una compensación total, provocan un ajuste estructural que se traduce en un descenso del empleo agrario con la desaparición de explotaciones y agricultores.

La política agraria común no se ha orientado hasta ahora a corregir los desequilibrios sectoriales, regionales y sociales que siguen afectando a la agricultura y su imagen pública. Por el contrario, se ha mantenido una política que perpetúa una situación injusta para los agricultores profesionales y la explotación familiar.

Tampoco el Ministerio de Agricultura español está haciendo una gestión adecuada, al no aplicar la modulación de las ayudas directas de forma que los recursos se puedan reorientar hacia aquellas explotaciones que más están sufriendo con la situación actual. Para nosotros, ha declarado Eduardo Navarro, secretario general de COAG, “es evidente que la agricultura y ganadería españolas se encuentran en una situación comparativamente desfavorable respecto al resto de sectores económicos, considerando unos valores medios.

Así, el valor añadido bruto medio por ocupado en la agricultura solamente representa el 60% del valor añadido bruto medio por ocupado del conjunto de la economía. En estas condiciones, no es el sector agrario el que puede atraer a los jóvenes que empiezan su vida laboral” No será posible mantener un modelo europeo de agricultura (“un medio rural vivo”), con una ocupación racional del territorio, unos métodos de cultivo sostenibles y una producción de alimentos de calidad, unido a la conservación del medio ambiente y de la cultura rural, sin garantizar a la población rural un nivel de vida digno, que actualmente viene determinado por las rentas obtenidas a través de las producciones agrícolas y ganaderas.

En esta línea es necesario, tal como propone COAG, el desarrollo y aplicación de una Ley Básica de Agricultura y Desarrollo Rural que contemple toda esta problemática y articule respuestas para los agricultores y ganaderos que desean seguir ejerciendo su profesión y viviendo en el medio rural.

Fuente: Paco Seva Rivadulla, Periodista Agrario