La Unió señala que el sector agrario valenciano ha dejado de ingresar más de 300 M€ por el veto ruso
Un informe elaborado por La Unió de Llauradors refleja que el veto ruso a las exportaciones europeas ha provocado unas consecuencias económicas desastrosas para el sector hortofrutícola de la Comunitat Valenciana, que se cifran en unos 302 millones de euros como reducción del valor económico de las exportaciones.
Desde que en 2014 Rusia decidiera cerrar sus fronteras a los productos agrarios de la Unión Europea, el descenso económico de las exportaciones aumenta cada año pues el impacto es brutal, sobre todo en tres cultivos relevantes en la Comunitat como son los cítricos, la fruta de verano o el caqui. Estos tres cultivos más afectados por el veto ruso representan a nivel autonómico el 28% del total cultivado y el 55% de la renta final agraria valenciana.
Cabe señalar que en el momento en que se estableció el veto, las exportaciones valencianas de cítricos representaban el 70% de las españolas al mercado ruso y la reducción económica de las exportaciones alcanza en la Comunitat Valenciana una cifra de 166 millones de euros. En los diez años anteriores al veto, la Comunitat Valenciana exportaba a Rusia una media de 34.000 toneladas por valor de 24 millones de € anuales.
En el caso de la fruta de verano –suponía un tercio de las españolas al mercado ruso– el descenso es de unos 72 millones de euros (64,4 en melocotón, 4,1 en albaricoque y 3,3 en ciruelas). En el periodo 2005-2014, la Comunitat Valenciana exportó anualmente a Rusia una media de 15.688 toneladas de fruta de verano por un importe medio anual de 13,8 millones de €.
Para el caqui suponen unos 64 millones de euros al representar el 75% del total español exportado a ese país. En los dos años anteriores al veto –únicos en los que hubo exportación–, la Comunitat Valenciana exportaba a Rusia una media de 7.800 toneladas por valor de 9 Millones de euros anuales.
Estas cifras del estudio de La Unió son únicamente como consecuencia de la suspensión de las exportaciones a Rusia, pero se deben contemplar otra serie de aspectos también muy negativos. Uno de ellos es la pérdida de clientes ya consolidados en el mercado ruso, que pasaron a manos de países competidores y a los que va a ser muy complicado recuperar. En este sentido, se ha dejado el camino libre a la competencia hortofrutícola en uno de los mercados con más potencial del mundo.
Pero asimismo ha generado otras cuestiones no menos importantes como es el hecho de que la producción que no va a Rusia haya provocado una sobreoferta en algunos mercados en momentos puntuales: redirigir la misma a nuevos mercados es complicado y con mayores costes. En el caso del caqui, la expansión en nuestro territorio ha visto frenado su crecimiento pues en el mercado ruso se había invertido gran cantidad de recursos económicos y logísticos y, a partir del veto, todas estas inversiones se han perdido e incluso las han aprovechado nuestros competidores.
La Unió y el resto de organizaciones de la Unión de Uniones han puesto en marcha ya varias acciones para lograr el levantamiento del veto. La última de ellas es un llamamiento al presidente Pedro Sánchez y al ministro de Agricultura, Luis Planas, a quienes les piden que traslade a la Unión Europea la importancia de acabar con el veto ruso para encontrar una vía de comercialización de los productos agrarios, pues se trata de un tema originado por problemas políticos que no tienen nada que ver con el sector agrario y son ya siete años con las fronteras cerradas sin ninguna concesión a la agricultura mediterránea.
Recientemente se dirigió La Unió también al embajador de Rusia en España para entablar un diálogo y sopesar las posibilidades de finalizar con el veto. En este sentido, el propio embajador mostró su comprensión y explicó que Rusia, desde el principio de la pandemia, pidió levantar las sanciones unilaterales y presentó en la Asamblea General de la ONU el proyecto de Resolución que proponía renunciar a las sanciones económicas contra Estados soberanos y que fue rechazado por la UE.
“El veto ruso lleva ya siete años vigente y nació como una reacción a la sanción que impuso la UE a Rusia tras al anexo por parte de esta última de los territorios de Crimea en 2014”, explican desde La Unió, lo que significa que “las frutas y hortalizas no entran en Rusia por un tema político que a los agricultores ni les va ni les viene pero que ahora vuelven a pagar el pato”, concluyen.
