La sanidad vegetal, en permanente debate

Clorpirifos, metil clorpirifos, tiacloprid… son materias activas de difícil pronunciación que este año desaparecen del Registro de Productos Fitosanitarios. Nadie cuestiona este tipo de decisiones cuando están respaldadas por informes toxicológicos que ponen de manifiesto su peligrosidad. Ahora bien, los agricultores reclaman alternativas para que la agricultura pueda ser competitiva y no les haga perder el trabajo de toda una campaña. Capitulo aparte merece el glifosato. Detractores no le faltan, aunque no existe el consenso científico suficiente como para retirarlo del mercado. Tampoco hay alternativas con su eficacia y versatilidad, lo cual dificulta que países como Francia, que abogan por su desaparición, puedan hacer efectivo un deseo de determinados sectores ecologistas que choca con la realidad económica y agronómica.

En diciembre de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 2020 Año Internacional de la Sanidad Vegetal, con el objetivo de concienciar al mundo de que proteger la sanidad vegetal puede ayudar a erradicar el hambre, reducir la pobreza, proteger el medio ambiente e impulsar el desarrollo económico. Llegada la fecha, este mensaje cargado de buenas intenciones choca con la imagen que una parte de la sociedad tiene de la industria fitosanitaria, constantemente acusada por diversos sectores de poner en riesgo la salud de los consumidores. Algo que no se corresponde con la realidad, que se ajusta más a la idea de una solución fitosanitaria como una “medicina para las plantas” que a la de “veneno para el campo”.

Esta situación no afecta únicamente a los fabricantes, también a los usuarios de estos productos, los agricultores: “Lo que tiene que saber la gente es que muchos de nosotros estamos metidos en sistemas de producción integrada. Cuando yo tengo que hacer un tratamiento en mi explotación, tengo que ir al perito de mi cooperativa para que me haga una receta como cuando el que enferma soy yo. Solo utilizamos estos productos cuando las plantas lo necesitan, en algunos casos como precaución y en otros cuando aparecen enfermedades. Hay quien puede pensar que a nosotros nos gusta echar producto por echar. Nosotros queremos utilizar exclusivamente lo que se necesita”, afirma el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, Lorenzo Ramos, en su papel de agricultor en el municipio pacense de Valdelacalzada. “Lo que queremos es que todas las decisiones que afecten a los productos fitosanitarios tienen que ser tomadas con criterios científicos. Si hay algún producto que pueda generar algún problema, nosotros somos los primeros interesados. Ni quiero utilizar un producto que me haga daño a mi ni quiero que nadie piense que estoy utilizando un producto que puede hacer daño a mi familia”, apostilla el propio Ramos, que recientemente compartía comparecencia de prensa con Robert Renwick, director general de Syngenta España, igualmente preocupado por esta situación: “Hoy en día, el agricultor está en muchos casos desesperado, porque cada día hay más problemas de enfermedades y menos soluciones para combatirlas. Por otro lado, no conozco a ningún agricultor que le guste gastar el dinero de forma innecesaria con los productos fitosanitarios. Además, el profesional sabe que la falta de rotación a la hora de utilizar una misma solución puede crear resistencias”. Renwick también lamenta que pueda existir la percepción de que, cuando una solución se retira del mercado por indicación de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la industria es capaz de sustituir unos productos por otros de forma inmediata. Algo que tampoco se corresponde con la realidad. “Hace falta una transición justa que no deje atrás a nadie. Y es que a veces no es solo cuestión de prohibiciones legales, sino que mandan los mercados. Y es que muchos de nuestros productores se han visto obligados a cambiar sus métodos de producción porque, si no, sus principales compradores no les compran el producto si no cumplen determinados requisitos. Por ello la inversión en I+D+i es fundamental”, completa Isabel Bombal, Directora General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal.

Está claro que por delante hay mucho trabajo de divulgación hacia todos los sectores de la sociedad. A corto plazo, y volviendo a la fecha de 2020, la principal noticia es que en el año Internacional de la Sanidad Vegetal se ha prohibido el uso del insecticida más utilizado en España.

Debido a evidencias de su peligro para la salud humana y el medio ambiente, los miembros del Comité de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos (ScoPAFF) de la Comisión Europea votaron por mayoría cualificada no ampliar la licencia de clopirifos y metil-clorpirifos más allá del 31 de enero de 2020, lo cual se traduce en que ya no se pueden comercializar y deberán de dejar de utilizarse en el campo antes del próximo mes de junio. Este insecticida organofosforado se ha venido utilizando principalmente en explotaciones de cítricos, así como por parte de quienes cultivan plátanos, olivos, puerros o acelgas. Hace un par de años, una primera limitación dejó hueco únicamente para las formulaciones líquidas con baja pureza, así como en su presentación granulada (metil-clorpirifos). Ahora pierde su licencia en sendas presentaciones. “Con la prohibición del metil-clorpirifos, el citricultor se queda sin una herramienta importante. Tampoco se permite en formato granulado en aplicaciones de suelo. En este último caso, una alternativa es el uso de piretrinas granuladas que se aplican en el momento de la siembra, así como el Teflutrin. El riesgo, sin embargo, es que el agricultor, al tener menos soluciones en el mercado, puede verse obligado utilizar siempre productos de una misma familia química, con lo que ello conlleva en materia de resistencias”, afirma Jesús Encinas, Jefe de Producto de ADAMA Agriculture España, una de las empresas que tenía registro en España para comercializar sendas materias activas.

Se da la circunstancia de que, en citricultura, el clorpirifos se viene utilizando a partir del mes de junio, momento en que son efectivos los tratamientos frente a plagas como Planococcus citri (comúnmente conocido como 'cotonet'). Y es precisamente en junio cuando ya no podrá aplicarse en campo. “Esta situación va a derivar en unos destríos muy importantes. Nuestra intención es salvar la campaña de este año, por lo que hemos pedido una autorización excepcional para su uso”, destaca Francisco Girona, técnico en Cooperatives Agroalimentaries de la Comunidad Valenciana. De hecho, comercios privados, cooperativas y agricultores han remitido una carta a la consellera valenciana de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, instando a solicitar dicha autorización para otorgar al sector un periodo de gracia que les permita poder hacer frente a la plaga este año. Desde la Consellería avanzan que ya cuentan con dos líneas de respuesta: por un lado, un parasitoide que puede estar listo y activo para la próxima campaña y, por el otro, una feromona de confusión sexual que en las últimas pruebas ha mostrado una efectividad cercana al 80%. Francisco Girona matiza: “En el caso de la feromona, ese producto aún está en fase de registro. Se basa en la atracción del macho hacia un difusor impregnado de un insecticida. Eliminando el macho, no hay reproducción y, por tanto, las poblaciones bajan. ¿Por donde pasa el futuro? Deberían convivir ambos sistemas. Hoy en día, el uso de feromonas no está en disposición de garantizar el control absoluto”.

Por su parte, la organización agraria La Unió ha comprobado de primera mano como la mayor parte de los principales países productores de cítricos (Sudáfrica, Argentina, Brasil, China, entre otros) “permiten y seguirán permitiendo, si no cambian sus regulaciones, el uso de las sustancias activas clorpirifós y clorpirifós metil para tratar sus árboles y por ello los productos agrícolas que lleguen a los lineales de los supermercados o tiendas de la Unión Europea podrían perfectamente contener las mismas. Aunque se prohíba aquí no significa que el riesgo desaparezca, puesto que nos puede llegar con la inmensa cantidad de frutas y hortalizas importadas que nos llegan de fuera”, destacan en un comunicado.

Clorpirifos y metil clorpirifos no han sido las únicas materias activas de renombre retiradas del mercado. Misma suerte ha corrido el tiacloprid, que saldrá del Registro de Productos Fitosanitarios el próximo 30 de abril. Otro insecticida, en este caso de la familia de los neonicotinoides, familia que recientemente “perdió”, no sin polémica, a tres de sus miembros (clotianidia, el tiametoxam y el imidacloprid), considerados como peligrosos para la supervivencia de las abejas. De hecho, hay países comunitarios como Lituania o Rumanía que han solicitado en repetidas ocasiones obtener una autorización excepcional para su uso. Varias veces lo han conseguido, pero en el último intento, no ha sido así. Los agricultores alegan que el calendario de aplicación es distinto al de la floración: “Nosotros llevamos colmenas a nuestras explotaciones para hacer la polinización y las llevamos cuando el árbol empieza a florecer. Durante todo el tiempo que allí están no se utiliza ningún producto fitosanitario. Una vez acaba la floración y las colmenas viajan a otro sitio, es cuando utilizábamos esas soluciones, para hacer frente especialmente al pulgón. A lo mejor la alternativa no tiene que ser prohibir sino establecer un calendario riguroso de uso”, apunta Lorenzo Ramos desde UPA.

Sin embargo, si hay un fitosanitario en permanente debate, ese es sin duda alguna el glifosato. Mucho se ha escrito sobre el herbicida más utilizado en el planeta. Su eficacia y su coste competitivo lo aúpan como una de las soluciones más eficaces en la agricultura. Sin embargo, la comunidad científica sigue sin alcanzar un consenso a la hora de determinar su peligrosidad y, durante año ha estado (y sigue estando) en el disparadero y sumido en una permanente controversia. De hecho, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) tras una revisión regulatoria ha determinado recientemente que el glifosato no es carcinógeno siempre que se utilice adecuadamente. Paralelamente la compañía Bayer, que tras la compra de Monsanto “heredó” a su vez las acusaciones de no haber avisado de los posibles efectos cancerígenos del glifosato, está negociando pagos que podrían rondar los 10.000 millones de dólares (9.000 millones de euros) con lo que la empresa aspira a resolver hasta 85.000 demandas planteadas en multitud de tribunales de Estados Unidos.

Aquí en Europa, con un uso autorizado del producto a nivel comunitario hasta finales de 2022, Francia pretende prohibir su uso a finales de 2020. Algo que, por el momento ha conseguido el efecto contrario; y es que en el país galo se disparen las ventas de glifosato un 10%. Por su parte, Luxemburgo ya ha retirado la licencia de comercialización en su territorio a partir de un sistema de compensaciones para los agricultores que aún lo utilizan. Indemnizaciones que, para muchos, son insuficientes ya que, por poner un ejemplo, la siega mecánica puede encarecer 200 euros por hectárea las cuentas de un viticultor. “En Francia han intentado plantear diversos itinerarios agronómicos alternativos al uso del glifosato y se han encontrado con que no es posible. Han determinado que prohibirlo supondría un coste de entre 50 y 150 euros la hectárea, lo que podría traducirse en un impacto económico entre 2.500 y 3.000 millones de euros al año para la agricultura francesa. De hecho, allí están planteando una excepción de uso para siembra directa y la agricultura de conservación, donde no hay alternativa posible a su uso”, destaca Miguel Barnuevo, presidente de la Asociación Albaceteña de Agricultura de Conservación (ASALBAC). En España, hay consenso en el sector para no solicitar la prohibición esta herramienta fitosanitaria, conscientes de que su salida del mercado provocaría fuertes incrementos en los costes de producción, haciendo inviable el cereal de secano. “Pasaríamos a duplicar o triplicar el número de pases y a utilizar materias activas más caras y probablemente con un mayor impacto medioambiental”, recalca Barnuevo. Como apunta el dicho, peor el remedio que la enfermedad.

Volvemos, pues, al hecho de priorizar el debate ideológico por encima de las evidencias científicas o técnicas, con el trasfondo del debate de los cultivos transgénicos, resistentes a esta materia activa. “Lo realmente preocupante es que, si se prohíbe el glifosato, abres la puerta a prohibir absolutamente todas las materias activas que hay autorizadas en este momento. La solución es tóxica más por los coadyuvantes que pueda llevar la solución que por la molécula en sí y su cancericidad no está del todo demostrada”, completa el presidente de ASALBAC.

Los investigadores en malherbología, no obstante, recuerdan que el glifosato es un herbicida que se ha utilizado en exceso y, en muchas ocasiones, con poco control por parte de los agricultores. Algo que, precisamente, no ayuda a la hora de crear una buena imagen de este tipo de soluciones: “Su uso de forma reiterada ha creado un proceso que todos conocemos en ecología como presión de solución. Este símil podemos utilizarlo en una persona que se tome un antibiótico cada semana o cada dos semanas, lo cual puede generar resistencias a ese antibiótico. Lo mismo ocurre con cualquier herbicida. En España ya se han detectado resistencias en especies como la conyza o el vallico”, afirma Jordi Recasens, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria (ETSEA) de la Universitat de Lleida y profesor de Botánica Agrícola y Malherbología en esta Universidad. Recasens recuerda además que la prohibición de su uso supondría un absoluto cambio de mentalidad para muchos agricultores: “Quien hace siembra directa no va a dejar de hacerla de la noche a la mañana. No tienen aperos para labrar los campos, tienen sus propios equipos. En tal caso, tendrían que utilizar otros herbicidas que, posiblemente, no tienen ni el amplio espectro ni la eficacia que tiene el glifosato a un precio asumible", completa el profesor Recasens. “Si quitamos esta herramienta habrá que utilizar otras más selectivas y, posiblemente, de mayor coste. Incluso, y esto lo digo con alguna reserva, posiblemente más tóxicas. En definitiva, sería retirar una herramienta muy versátil y hay que buscar una alternativa. Va a ser un escenario complejo y difícil”.

Otro factor a tener en cuenta, en relación al futuro del glifosato es que, con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, esta materia activa pierde a uno de sus tradicionales aliados a la hora de defender su uso en las instituciones comunitarias. Mientras Francia y Alemania se debaten entre el sí y el no, España permanece inmóvil deseando no ser el único país que se alineé a favor de esta solución.