Cerca del 40% de las especies frutícolas se reproducen fuera de la legalidad

28/06/2013

28 de junio de 2013

El sector obtentor invierte más de 4 millones de euros al año en la investigación y desarrollo de nuevas variedades de fruta que consigan mejor color, textura, sabor, que resistan a enfermedades y plagas y se puedan recoger de manera temprana para llegar antes al mercado. Sin duda alguna, este esfuerzo investigador hace que el agricultor pueda incrementar la calidad y cantidad de su producción y, por lo tanto, incremente su beneficio económico. En este sentido, su reproducción ilegal puede conllevar graves problemas para el agricultor, ya no existe ningún tipo de garantía de que reuna las condiciones sanitarias adecuadas o incluso de que pertenezca a la variedad que se indica.

Éste es uno de los motivos por los que la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (Anove) ha celebrado la jornada ‘La mejora vegetal en frutales y las posibilidades de incremento de producción en Lleida’, que ha reunido a las empresas de obtención del sector frutícola junto con personalidades del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente (MAGRAMA), del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural de la Generalitat de Cataluña, sindicatos agrarios regionales, cooperativas, viveristas, comercializadores y agricultores. Según ha apuntado Andrés de León, director de la Oficina Española de Variedades Vegetales, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, “el gran reto ante el que nos encontramos es la necesidad de acelerar y renovar las variedades de fruta. El papel de los obtentores y el esfuerzo investigador que realizan es clave para que este reto pueda llevarse a cabo”.

Poner en el mercado una nueva variedad supone una media de 10 años de investigación y observación hasta lograr las características deseadas, lo que implica una fuerte inversión en I+D de las empresas obtentoras, que necesitan de un marco de protección, así como un apoyo de su actividad por parte del agricultor para garantizar que se pueda seguir investigando. A día de hoy alrededor del 40% de algunas especies frutícolas se reproducen fuera de la legalidad, lo que hace que las garantías sanitarias y de seguridad se vean mermadas, pudiéndose incrementar la expansión de enfermedades como la Sharka o el fuego bacteriano. Esta actividad fraudulenta también conlleva una desinversión de las empresas obtentoras en nuevos programas de mejora de variedades más productivas y mejor adaptadas a las condiciones agroclimáticas regionales, lo que incrementa la dependencia de programas de investigación de otros países.

“La producción de plantas de vivero de frutales es una actividad sujeta a una gran regulación administrativa, necesaria para asegurar que el fruticultor disponga de una material vegetal garantizado y de calidad”, subraya Antonio Villarroel, secretario general de Anove. “Esta actividad sólo puede ser sostenible si existe una protección intelectual de estas novedades para que las empresas que investigan y las desarrollan sigan realizando esta actividad, con el fin de que el agricultor incremente sus beneficios”. En este sentido, tal y como continúa comentando el secretario general de Anove, “ya se han dado unos primeros pasos importantes, ahora falta que se asiente en la práctica”.

Con el fin de poder garantizar al agricultor la trazabilidad del material vegetal que adquiere, sería favorable poder impulsar planes de reconversión varietal en la región. De esta forma no sólo se conseguiría la situación actual en el sector frutícola de Lleida, sino que se lograría transmitir tecnología al agricultor dándole además todas las garantías. Ésta ha sido una de las ideas expuestas a lo largo de la reunión que ha sido bien acogida por Miquel Molins, director general de Agricultura y Ganadería de Cataluña. En esta misma línea, la jornada también ha servido para poner sobre la mesa la necesidad de poner en marcha una mesa sectorial en la que estén presentes no sólo la administración, sino también las empresas obtentoras, productores y representantes agrícolas, y diseñar un contrato donde se vean reflejados los derechos del obtentor sobre el material vegetal y que sirva como una garantía de calidad para el agricultor.

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