Entrevista a Diego García-Vega, investigador del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI)

Los grandes retos de la agricultura europea en los próximos años pasan por una mejor adaptación a los criterios de sostenibilidad económica, social y medioambiental que demanda la sociedad actual. En este contexto, la denominada agroecología es una tendencia que ya ha conquistado su propio espacio en algunos países donde los profesionales agrícolas y ganaderos están adoptando prácticas más respetuosas con el medio, en línea con los propósitos que asume la nueva PAC. En esta entrevista, conversamos con un joven talento español que actualmente investiga sobre los aspectos más determinantes en la conversión de la actividad agraria hacia un modelo de producción de alimentos más amigable con el entorno y que, a su vez, garantice la productividad de los paisajes agrícolas durante las próximas décadas.

Mi contacto con la agricultura ha sido mayoritariamente con pequeños proyectos agroecológicos, ya que vengo de una formación en ecología y hasta ahora me he centrado en buscar formas alternativas y experimentales que funcionen.

Mi impresión sobre la actividad agraria en España viene entonces más bien de lo que he podido leer, escuchar de gente que trabaja en el sector, y lo que veo al observar el paisaje agrario español; aunque está en mis planes conocer la agricultura profesional más de cerca, por supuesto.

Esto me lleva a la conclusión de que, aunque España es líder en agricultura ecológica y sistemas de alto valor natural, estas representan una frágil minoría en un sector dominado por la agricultura industrial. Y lo más preocupante es que hay una fuerte resistencia hacia las medidas que se proponen para avanzar hacia la sostenibilidad, y falta un análisis elaborado y un debate constructivo sobre cómo alcanzarla en el contexto geográfico y socio-económico del territorio español.

Absolutamente, es urgente abandonar la obsesión productivista de la agricultura y revertir su ineficiencia en la producción de alimento. Actualmente se produce suficiente comida como para alimentar a la población proyectada para mediados de siglo, pero se tira un tercio a la basura, se desperdicia otro tercio para alimentar al ganado, y se dedican millones de hectáreas a cultivar biocombustibles, aceites industriales y otros cultivos no nutritivos. Esto es completamente insostenible: para alimentar a la población de 2050 con este tipo de producción, habría que duplicar o bien los rendimientos o bien el espacio que ocupa la agricultura actualmente. Estas dos opciones nos llevarían irrevocablemente hacia un colapso ecológico que pondrían a la alimentación y la justicia en serio peligro.

La comida no puede ser tratada como un producto comercial más, ni el campo como una fábrica industrial, ni el productor debe servir a las multinacionales. El objetivo de la agricultura debe ser el de producir comida en cantidad suficiente para asegurar el derecho de todos a una alimentación saludable y culturalmente adaptada, en paisajes diversos cuya regeneración constante asegure la producción futura. Esto implica, entre otros, reducir radicalmente la pérdida de comida, adoptar dietas casi enteramente vegetarianas, y consumir más local, de temporada y de cadenas de suministro cortas. Si hacemos esto, es posible alimentar a todo el mundo, asegurar un buen nivel de vida a los productores, y frenar la pérdida de biodiversidad.

No es demasiado tarde. Es cierto que en España, y en casi toda Europa, miles de años de expansión agrícola han reducido radicalmente la biodiversidad nativa. Pero justamente, tantos años han permitido establecerse a nuevas comunidades biológicas y utilizar estos paisajes agrícolas como sus nuevos hábitats. El problema para estas comunidades llega hace tan solo medio siglo con la Revolución Verde, que trae consigo la especialización del paisaje, los plaguicidas y la alteración masiva de los ciclos de nutrientes, y excluye así a esta agrobiodiversidad que tan valiosamente contribuía a la agricultura desde hacía siglos.

Aunque España es uno de los países con más biodiversidad y sistemas agrarios de alto valor natural de Europa, estos están sufriendo un rápido declive. Es también el país más afectado por la desertificación, y la agricultura intensiva pone en grave peligro nuestros ecosistemas, como ejemplifica el colapso del Mar Menor. Es fundamental y urgente re-diversificar el paisaje agrícola: aumentar los hábitats semi-naturales al interior y entre las parcelas, diversificar los cultivos, alargar las rotaciones de cultivos, minimizar y mejorar radicalmente el uso de plaguicidas y fertilizantes sintéticos, y recuperar cultivos de secano adaptados y prácticas tradicionales que aprovechaban los servicios de la naturaleza antes del uso de compuestos químicos.

Sin ser experto en este tema: sin duda me parece necesaria y urgente esta estrategia, y esas directivas van en la buena dirección, pero echo de menos objetivos mucho más ambiciosos sobre la diversificación del paisaje agrario y la adopción de prácticas agroecológicas. Y sobre todo, lo más problemático, y que hace inalcanzable la sostenibilidad es que la PAC siga financiando, con un presupuesto muy superior al de las medidas ecológicas, prácticas de intensificación de las que se benefician las mayores explotaciones. Si se sigue financiando la degradación ecológica, ninguna estrategia conseguirá revertir la situación.

Aunque las soluciones alternativas sí existen desde el punto de vista agronómico, se necesita un apoyo financiero particularmente importante para llevar a cabo la transición. En ese sentido sí es cierto, y lo demuestra la nueva propuesta de la PAC, cuyo presupuesto no va acorde con los objetivos ecológicos. Pero también es fundamental que el sector se movilice y ponga presión de su parte en favor de medidas ambiciosas de sostenibilidad, que muestre un fuerte interés por adoptarlas, y que demande el apoyo necesario para alcanzarlas. De lo contrario, la resistencia del sector hacia estas medidas crea la ilusión de una confrontación entre ecologistas y agricultores, cuando en realidad buscamos lo mismo: paisajes diversos y abundantes que mejoren la calidad de vida de los agricultores y apoyen las economías locales; en contra de la expansión de cultivos homogéneos y contaminantes, la concentración en pocas manos y la despoblación rural.

Por supuesto, sostenible significa económico y social además de ecológico. Pero la agricultura hoy en día no es sostenible ni en el aspecto económico: en muchos casos no es rentable para el productor de no ser por las ayudas que recibe. Se deben reemplazar los elevados costes de insumos y maquinaria, que irán en aumento si se siguen deteriorando los suelos y ecosistemas, por los servicios que ofrecen los ecosistemas de forma natural: la polinización, el control biológico de plagas y enfermedades, la fertilidad del suelo, la fijación de nitrógeno, y las sinergias entre diferentes cultivos que se estimulan el uno al otro. Se ha demostrado que adoptar estas medidas en muchos casos mantiene la productividad, tras un periodo de transición en el que se regeneran los procesos naturales, y puede aumentar los beneficios económicos del productor significativamente.

El lastre económico para el agricultor no son las medidas ecológicas, sino las deudas que genera la agricultura convencional y la concentración de las cadenas de valor, que se llevan la gran parte del precio final del producto. Fomentar cadenas cortas de venta directa y compra pública y reducir los insumos no solo son avances hacia la sostenibilidad sino que aseguran precios más dignos a quienes producen la comida.

No soy contrario a la edición genética como tal, pero sí a los intereses que la guían y los productos que resultan de esta industria. Los rasgos que se buscan en la gran mayoría de OGMs es la resistencia a herbicidas como el glifosato, lo que permite rociar los cultivos de forma indiscriminada, o la expresión de plaguicidas en sus tejidos, como los cultivos Bt. Su empleo lleva a una mayor contaminación, peligro para la salud del agricultor, y el desarrollo de plagas y plantas adventicias resistentes. Además, el desarrollo de nuevas variedades conlleva derechos de propiedad intelectual, haciendo que una empresa pueda apropiarse una semilla que ha sido desarrollada durante siglos en una región al otro lado del planeta sólo por cambiar una sección de su genoma, como por ejemplo Monsanto (EEUU) que tiene patentes sobre la soja, desarrollada en Asia del Este. Estas multinacionales luego venden las semillas a los agricultores temporada tras temporada, prohibiéndoles guardar semillas, y aumentando cada año la deuda del productor. La edición genética, hoy en día, va de la mano de la agricultura convencional y empeora sus impactos sociales y ambientales.

Sin embargo, con estudios rigurosos sobre la seguridad de los cultivos, la edición genética podría contribuir a la adaptación al cambio climático y el desarrollo de una agricultura sostenible: maximizando su eficiencia en el uso de recursos, aumentando los rendimientos, aumentando la resistencia a plagas y enfermedades de formas no químicas, u optimizando los beneficios que extraen los cultivos de la biodiversidad asociada. Pero esto implica que la investigación y el desarrollo agronómico cambien radicalmente su enfoque, y que empiecen a desarrollar una gran diversidad de cultivos con los objetivos de sostenibilidad y resiliencia de la alimentación, muy diferente del objetivo comercial que guía el desarrollo actual de unos pocos cultivos ultra-rentables para las multinacionales. En mi opinión esto requiere una intervención y financiación pública.