Las comunidades del norte piden diálogo a la ministra Teresa Ribera en la gestión del lobo

Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León, que han presentado sus correspondientes recursos a la orden que fija la protección especial del lobo ibérico, apelaron a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, a que “no tenga miedo” y dialogue con estas regiones sobre esa decisión, después de una reunión conjunta celebrada en Santander. Los consejeros de las cuatro autonomías que aglutinan el 95% de las manadas de lobos, escenificaron su unión en una rueda de prensa junto a representantes de las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, UPA y COAG, que afirmaron sentirse “engañadas” y advirtieron de que se movilizarán en las calles.

Estas autonomías, que han solicitado medidas cautelares para suspender la eficacia de la norma durante la tramitación del procedimiento, consideran que la orden del Gobierno central que sitúa al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), está “repleta de incoherencias”, “falta de motivación científica” e, incluso, que va “en sentido contrario” de la normativa europea. Por ello, pedirán una entrevista con el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius.

“No es necesario recordar que nuestro objetivo no es acabar con el lobo, somos absolutamente respetuosos con la conservación de una especie de interés comunitario”, afirmó el consejero cántabro, Guillermo Blanco. “Pero no permitiremos que esa obligación suponga despreciar a los ganaderos, que tienen su forma de vida amenazada por la expansión del lobo y su aumento de población”, añadió.

Por su parte, el titular asturiano de Medio Rural, Jesús Calvo, lamentó haber tenido que llegar a esta situación “de gran inseguridad jurídica” y que ha paralizado las posibilidades de gestión de las comunidades. “Nuestra posición no puede ser caricaturizada ni trasladarse la imagen de que no somos responsables. Si la gente del medio rural siente que no se les tiene en cuenta en las políticas que les afectan, tendríamos un gran problema”, opinó.

Juan Carlos Suárez, consejero de Castilla y León, fue duro: “Esta medida se carga el modelo que ha permitido alcanzar una población de lobo que es la envidia de muchos países”, aseguró. “No se puede decidir de esta forma autoritaria y despreciando a los territorios, políticamente es insostenible”, subrayó.