Las plantas de purines, en pie de guerra

El Gobierno tiene intención de recortar un 40% las primas que concede desde 2007 a las plantas de tratamiento de purines por cogeneración. Además, según el borrador de Real Decreto y Orden Ministerial presentado por el Ejecutivo, obligaría a devolver los 150 millones de euros percibidos desde julio de 2013. La reacción no se ha hecho esperar: las plantas han cesado su actividad y han convocado manifestaciones y movilizaciones en señal de protesta. El sector, explica Jaume Bernis, responsable del sector porcino de la organización Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, JARC-COAG, exige una solución real al problema. “Necesitamos una moratoria del régimen actual de al menos dos años, así como que se anule el carácter retroactivo de la propuesta”, sostiene.

En España existen 29 plantas de tratamiento de purines por cogeneración, de las cuales seis se encuentran en Cataluña (cuatro, en la provincia de Lleida, y dos, en la de Barcelona). La cantidad de purín gestionado en el total de las plantas estatales asciende a 2,6 millones de metros cúbicos, lo que representa más del 4% del purín total generado por la cabaña ganadera de España, el cual asciende a unos 56 millones de metros cúbicos. Más de 2.000 explotaciones porcinas de todo el Estado gestionan el excedente de purín en estas plantas. Por otro lado, la potencia eléctrica del total de las plantas es de unos 383 megavatios, de los cuales 91,6 corresponden a las seis instaladas en Cataluña.

Las plantas de tratamiento de purines por cogeneración disponen de un sistema retributivo que supone una prima anual de unos 300 millones de euros. Recientemente, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha propuesto un borrador de Real Decreto y de Orden Ministerial en el que se recortaría la prima en unos 170 millones de euros al año, lo que supone un recorte de alrededor de un 40% de la prima actual.

La reforma eléctrica propuesta por Industria presenta un carácter retroactivo desde julio del 2013, por lo que las plantas deben hacer frente a un pago en concepto de devolución de la prima de unos 150 millones de euros. “Por ello, las plantas han paralizado su actividad incluso antes de publicarse la legislación, ante la amenaza adicional de ese carácter retroactivo”, apunta Bernis. “El Gobierno alega cuestiones económicas, a pesar de que estas plantas se establecieron mediante una legislación específica —aprobada en 2007— con el fin de gestionar los excedentes de purines de las zonas en las que están ubicadas y se aseguraba un mantenimiento de su actividad de al menos 15 años”, añade el responsable del sector porcino de JARC-COAG.

El pasado viernes 14 de marzo, se reunieron con Jaime Haddad, subsecretario de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Magrama, para encontrar una solución a la actual situación de amenaza para el sector. “Tras trasladar la problemática desde JARC-COAG tanto al Ministerio de Agricultura como al Ministerio de Industria por carta y mediante notas de prensa, Agricultura accedió a recibirnos el viernes pasado”, explica Bernis. El ministerio nos trasladó que son conscientes de la situación y están recabando información para intentar negociar una solución con Industria. También se han reunido con las Comunidades Autónomas con este fin”, añade.

JARC-COAG ha trasladado la importancia de encontrar una solución inmediata a este problema, que afecta principalmente a explotaciones situadas en zonas vulnerables a nitratos. Con estas plantas de tratamiento cerradas, los excedentes de purín generados en las explotaciones no disponen de base territorial suficiente para esparcir el purín, ya que se podrían superar los límites de nitrógeno permitido en el terreno.

Según apunta Bernís, la organización ha pedido al Magrama que interceda ante Industria para solicitar una moratoria de al menos 2 años de este régimen para poder buscar una alternativa ante este problema que se ha creado en un escenario con menores primas, además de eliminar el carácter retroactivo de la propuesta.

Para Bernis, con la propuesta que hay ahora mismo encima de la mesa, las plantas no podrían subsistir, y por ello paralizaron su actividad hace unas semanas, al considerar que su situación sería inviable, máxime con el carácter retroactivo de más de 9 meses propuesto. “Estamos hablando de la destrucción de más de 5.000 empleos, entre trabajadores de las propias plantas y puestos indirectos”, apunta. Sin embargo, añade, “si se concentra la actividad únicamente en alguna de ellas, puede que la nueva prima sea suficiente para que al menos unas pocas puedan mantenerse activas, aunque nuestro interés es que todos los ganaderos puedan gestionar sus excedentes sin problemas”.

Si desaparecieran las actuales plantas de tratamientos de purines, las consecuencias para el sector porcino y para nuestro entorno no tardarían en hacerse notar. De entrada más de 2.000 explotaciones —y en concreto 750 explotaciones situadas en zonas vulnerables a nitratos— verían reducida su competitividad al tener que asumir un coste adicional para gestionar los purines excedentarios. Si este purín se tuviera que distribuir en las tierras de alrededor, podría suponer la superación de los límites máximos de nitratos, por una situación ajena al ganadero, creada por el Ministerio de Industria. “En el sector porcino nos hemos ido adaptando a lo largo de los años a numerosa normativa de carácter medioambiental, de bienestar, higiénico-sanitaria, etc… y siempre hemos cumplido con ella y queremos cumplir. En bienestar animal, fuimos de los primeros Estados de la UE que cumplió con la adaptación. Y en el tema de gestión de los purines, también queremos cumplir con el modelo de producción europeo, pero se requiere un cierto margen de maniobra para poder actuar”, asegura Bernis.

El cierre de las plantas está afectando a los ganaderos de porcino, y por ello, según afirma Bernis, JARC-COAG trata de resolver el problema a la mayor brevedad posible. “Hemos solicitado tanto al Ministerio de Agricultura como a Industria un margen de tiempo suficiente para poder estudiar soluciones, ya que el problema se nos ha presentado de repente”, explica el representante de la organización.

Como soluciones a medio y largo plazo, JARC-COAG propone la posibilidad de articular apoyos para la instalación de digestores de purín en la propia explotación, como ya se realiza en Alemania o Dinamarca desde hace más de 10 años, buscar dietas ganaderas que reduzcan la concentración de nitrógeno en las deyecciones ganaderas o aplicar otros sistemas de separación sólido-líquido. Bernis propone instaurar medidas alternativas en la propia explotación, como la gestión del purín mediante biogás, cogeneración, etc, sistemas mediante los cuales se podría producir energía calorífica para las salas de partos y de destete, reduciendo el coste energético de la explotación. También se podrían buscar fórmulas dietéticas, que manteniendo un índice de conversión similar, permitan reducir la concentración de nitrógeno de las deyecciones. “Éstas y otras soluciones se podrían implementar, pero se necesita financiación para ello, y venimos de las inversiones realizadas para cumplir con el bienestar, además de unos precios de los piensos muy altos. Por tanto, lo realmente urgente es paralizar la propuesta, e intentar continuar al menos durante unos años con el sistema actual, mientras que se desarrollan estas otras soluciones”, asegura.

Bernis recuerda que el sector porcino ha tenido que asumir recientemente unas fuertes inversiones para cumplir con la Directiva de bienestar impuesta por Bruselas, y la implementación de estas nuevas medidas llevaría por tanto un cierto tiempo. “Mientras tanto, JARC-COAG exigimos soluciones en el corto plazo, que permitan reabrir y poner en funcionamiento inmediatamente las plantas de tratamiento ya existentes”, añade.