Organizaciones agrarias denuncian que el coste de adaptación de una explotación media se eleva a los 720.000 euros en avicultura de puesta. En porcino, supera el millón de euros

La Ley del Bienestar Animal, o la “gota que colma el vaso” para el sector

Anna León22/02/2012
Si de lo que se trata es de asfixiar, del todo, a los ganaderos de nuestro país, la próxima Ley del Bienestar Animal podría convertirse en la “gota que colma el vaso”. O al menos así lo ven desde el sector. Un ejemplo: la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) denuncia que el coste de adaptación de una explotación media se eleva a los 720.000 euros en avicultura de puesta. En porcino, se sitúa por encima del millón de euros. Cataluña, Aragón y Murcia aúnan la mayor concentración de explotaciones de porcino, uno de los sectores ganaderos más rentables y que vive sus “horas más bajas”. Fuentes de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) calculan una inversión de entre 150 y 175 euros por madre, en concepto de adaptación a la normativa comunitaria.
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Foto: COAG.

A finales del pasado mes de enero saltaba la noticia. La Comisión Europea hacía pública la apertura de un expediente sancionador a nuestro país por incumplir las nuevas normas para gallinas ponedoras. Una normativa que desde el 1 de enero del año en curso obliga a adecuar las jaulas con nuevas exigencias para mejorar el bienestar de estos animales. En el documento, el comisario de Salud, John Dalli, ponía en conocimiento de las autoridades españolas que desde la entrada en vigor de la nueva norma se han de prohibir las jaulas no enriquecidas. Entre las exigencias comunitarias para dichas jaulas, se especifica la obligación de ampliar la superficie, de modo que cada ejemplar disponga al menos de 750 cm2, la instalación de nidos y dispositivos para el recorte de uñas o sistemas alternativas, para así dar cumplimiento a las necesidades fisiológicas y de comportamiento de las aves, tal y como hacen constar desde Bruselas.

En nuestro país se contabilizan 720 explotaciones así como una población de 43,5 millones de gallinas ponedoras según datos del MARM. Durante el pasado mes de diciembre, el Ministerio aseguró que casi el 50% de las jaulas ya estaban acondicionadas. Sin embargo, buena parte de la producción española no cumple con las normas europeas por lo que España se sitúa en la segunda posición de una lista de 13 países incumplidores. “Sobre la norma que atañe a las jaulas de gallinas ponedoras ha habido una discusión muy fuerte en Bruselas. Por un lado, países como Alemania, Dinamarca y Finlandia exigían además del cumplimiento de la normativa desde el 1 de enero, que los huevos de las explotaciones no acondicionadas no se destinaran a consumo en fresco, sino directamente al canal industrial. Incluso pedían que se colorearan de rojo para así apartarlos de la circulación. Y por otro lado, aquellos países del Este, por ejemplo Polonia, que entraron en la UE más tarde y tras acometer una serie de inversiones han solicitado un periodo de transición más largo. No se ha autorizado”, explica, a modo de contexto, José Luis Iranzo, responsable de Producciones Ganaderas de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).

Según el MARM, se contabilizan 720 granjas así como una población de 43,5 millones de gallinas ponedoras en nuestro país. La adecuación a la normativa comunitaria conlleva una inversión cercana a los 720.000 euros en una explotación media
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La adecuación a la Ley de Bienestar Animal para jaulas de gallinas ponedoras supone un coste extra de 15-20 euros por ejemplar. En nuestro país, únicamente el 50% de las granjas de producción de huevos cumplían con la normativa, a finales del pasado mes de diciembre. Foto: JARC.

En lo que atañe a nuestro país, según Iranzo, no hemos entrado en ese debate. “No hemos hecho valer nuestra fuerza. Y ahora después de la penalización, debemos explicar, a través de una alegación, porqué no hemos cumplido la normativa. Todo se va a acelerar. Suponemos que se organizarán inspecciones para impedir que esa granja pueda producir. Imagínate: si un productor trata de adecuar su granja a la normativa y deja de percibir dinero por los huevos, no sabemos si podrá acometer las reformas correspondientes”. Transformar una granja, para que cumpla con los requisitos comunitarios implica un coste. Éste varía de una explotación a otra, pero se sitúa entre los 15-20 euros por gallina. En una explotación media española, de unas 40.000 gallinas, la inversión se acerca a los 720.000 euros. Desde COAG alertan del impacto de la normativa, ya que muchas explotaciones se verán obligadas a cerrar al no poder hacer frente a esta carga económica, ante la falta de liquidez y crédito. Se producirá un ‘efecto dominó’ que desmantelará el tejido económico y social asociado a estas granjas en el medio rural. En la organización agraria prevén que el 40% de las granjas productoras de huevos cesarán en su actividad, a raíz de la Directiva.

En porcino, la inversión supera el millón de euros por granja e implica una reducción de la cabaña ganadera

Como ya sucede en las explotaciones avícolas de puesta, las de porcino se deberán adaptar a la nueva reglamentación sobre bienestar que, en este sector, entrará en vigor, el 1 de enero del año 2013. En nuestro país, la trasposición se efectúa a través del Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre. En lo que queda de año, más de 75.000 granjas de porcino de capa blanca deberán acometer fuertes inversiones económicas para adaptar las explotaciones de cerdas. “A pesar del expediente sancionador, por parte de Bruselas, por lo de las jaulas de gallinas ponedoras, lo que más nos preocupa son las repercusiones de la normativa en el sector porcino, hasta ahora uno de los más rentables de la actividad ganadera”, puntualiza el portavoz de COAG.

La nueva reglamentación gravará un coste por animal entre 250-300 euros, junto a una presumible reducción de la cabaña ganadera, ya que se deberá aumentar en un 30% el espacio disponible. José Luis Iranzo explica el porqué: “En el caso de las cerdas gestantes desaparecerán las jaulas y se instalarán parques que implicarán un desembolso extra de 400 euros por madre, únicamente si tienes suficiente espacio en la explotación”. Y ahí surge uno de los obstáculos principales. “Para mantener el número de plazas madre, se deberá incrementar la superficie. En algunos casos se podrán construir naves nuevas; pero en otros, esto no será posible. Si la granja se sitúa cerca de núcleos urbanos o en una zona donde haya una gran concentración, no se podrá adecuar a la normativa”. En definitiva, una explotación con una media de 500 madres, tras la adaptación se podría quedar con una cabaña de 350 o 400, lo que afectaría a su productividad. “Si la gente empieza a invertir para mantener la cabaña en las 500 madres, de media, el coste puede rondar el millón de euros”. Y con ello van a echar el cierre muchas explotaciones, básicamente las más deterioradas e incluso aquellas regentadas por productores entre 55 y 60 años, y sin relevo generacional.

En porcino, la nueva reglamentación gravará un coste por animal entre 250-300 euros, junto a una presumible reducción de la cabaña ganadera, ya que se deberá aumentar en un 30% el espacio disponible
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José Luis Iranzo, responsable de Producciones Ganaderas de COAG.

Básicamente, el sector del porcino funciona a base de integración. Es decir, los productores aportan la granja, cubren los costes y crían los lechones a partir de las madres que compran a una tercera empresa. Finalmente, el productor pacta el precio que percibirá por lechón. De no conservarse las plazas actuales, al final se adquirirán lechones provenientes de terceros países e incluso se dejarían de engordar en nuestro país. Una situación que perjudicaría no solo a los ganaderos, y al resto del sector cárnico, sino también al cerealista. En función de ello, desde COAG ya alertan de una pérdida del 30% de plazas madres en España. “No solo perderíamos nichos de mercado sino que es probable que no los volvamos a recuperar. En porcino, el ciclo dura un año, desde que las madres entran en la granja”.

De la adecuación a la normativa, y tras contactar con las organizaciones agrarias, se desprende una menor productividad en las granjas porcinas. Esto es así porque las madres, en periodo de lactancia, se alojaban en una especie de semijaula, lo que facilitaba las tomas por parte de los lechones. Ahora, con la nueva normativa, y al estar sueltas, hay más bajas en el número de crías y menos control. Además se precisa más mano de obra, a poder ser especializada, para manejar las cerdas.

Cataluña, Aragón y Murcia, las más perjudicadas

Con la entrada en vigor de la Ley del Bienestar Animal en porcino, algunas comunidades autónomas resultarían más afectadas que otras. Básicamente aquellas donde se da un mayor número de explotaciones y se constata más concentración en algunas zonas. Algunos ejemplos serían Cataluña, sobre todo la provincia de Lleida donde se registra una gran actividad ganadera, Aragón y Murcia. En Cataluña, según apuntan desde Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), el 80% de las explotaciones porcinas de medianas y medianas- grandes dimensiones se hallan en manos de grandes grupos de productores, que no tendrán dificultades para acceder a los créditos de ofrece el Departament de Agricultura de la Generalitat de Catalunya. La cosa cambia cuando se trata de ganaderos independientes, el 20% de las explotaciones medianas. En concreto, en la comunidad autónoma hay 1.382 granjas de cerdas de propiedad. El 20%, pertenecientes a pequeños propietarios, son 276 en peligro de desaparecer. De las cuales, se contabilizan 50 en Girona, 90 en Lleida, 13 en Tarragona y 124 en Barcelona. El cese de la actividad comportará además un retroceso en el número de madres que repercutirá en todo el sector. Se habla ya de 81.670 cerdas reproductoras menos.

Repercusión económica de la medida

El coste estimado de la adaptación varía entre 150 y 275 euros por cerda, en función del sistema de alimentación utilizado. Para una granja de 500 madres se augura una inversión mínima necesaria en Cataluña de 40.500 euros, hasta un máximo de 74.250.

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Foto: JARC.

La nueva reglamentación también afecta a las plazas de cebo, en lugares alejados de las madres, ya que para los mismos ejemplares se necesitaría más espacio. Se barajan dos alternativas: bajar el número de cabezas o engordar. Curioso es el caso del jamón de Teruel, con denominación de origen. “Si nos atenemos a los requisitos de la D.O., el cerdo ha de pesar más de 120 kilos en vivo. Según la nueva normativa, a la que pasa de 100 kilos, necesita siete metros cuadrados por plaza. Para conservar el mismo número de cerdos, los ganaderos de la zona debemos ampliar en un 50% el terreno disponible”. Al previsible cierre de granjas, le seguiría el de mataderos, zonas de transformación… el impacto económico sería considerable en las zonas dependientes de esta industria cárnica.

Una vuelta de tuerca también al transporte de cerdo en vivo

Los efectos de la normativa se dejarían notar también en el transporte de porcino en vivo. España, uno de los principales productores de cerdo, exporta sobre todo a países como Alemania y Rusia. Del primer mercado le separan más de 4.000 kilómetros y la mayoría del transporte de animales vivos se efectúa por carretera. Con la Ley del Bienestar Animal, cada 400 kilómetros, se han de efectuar paradas para que los cerdos puedan bajar, descansar, alimentarse, etc. “Un camión que salga de Lleida con destino a Frankfurt, llegaría en una semana o 10 días. Ahora, este trayecto se efectúa en dos días. No solo perderíamos competitividad, sino también el trabajo realizado en años, para hacernos con estos mercados”, lamenta José Luis Iranzo, quien subraya además que los costes se dispararían lo que obligaría a exportar más carne en canal.

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