Entrevista a Tomás García Azcárate, consejero económico de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la CE

En efecto, en abril el comisario lanzó un gran debate público sobre el porvenir de la Política Agraria Común. La respuesta de la sociedad europea ha superado todas mis expectativas. Hemos recibidos unas 5.700 contribuciones, todas ellas disponibles en nuestra página web (www.ec.europa.eu/cap-debate), y estas aportaciones han sido discutidas en la conferencia que tuvo lugar el mes de julio pasado y que reunió a unos 500 actores del mundo agrario y rural por un lado, pero también de la sociedad civil. El primer balance es positivo, tanto desde el punto vista cualitativo como cuantitativo. Lo más importante de dicha conferencia también está disponible públicamente en la página web.

La Política Agraria Común no solo es históricamente importante para la Unión Europea sino que sigue siendo importante para la sociedad europea como lo demuestra el éxito de participación, una conclusión que está reforzada por el último eurobarómetro, la encuesta de la opinión europea. Otra conclusión importante es que se está consolidando un amplio consenso sobre los grandes retos que tiene el sector agrario europeo por delante: seguridad alimentaria en un contexto de mercados más volátiles; seguridad de los alimentos; medio ambiente; producción de bienes públicos y cambio climático; y empleo e importancia territorial de la agricultura.

Sin anticipar lo imprevisible, parece razonable trabajar sobre una hipótesis que intente reconciliar enfoque económico, medioambiental, social y territorial. Evidentemente, el productor, como cualquier actor económico, debe legítimamente intentar ganarse la vida produciendo. Pero esto no se puede hacer a costa de las generaciones futuras, de una manera que no sea sostenible, creando marginaciones sociales o regionales.

Huyamos de calificaciones y concentrémonos en los términos reales del debate. Los temas son suficientemente complejos, los intereses suficientemente grandes y los retos suficientemente importantes para que evitemos una batalla de epítetos.

Segundo, estas ayudas tienen mucho sentido como, al mismo tiempo, elemento de estabilidad de las rentas de un colectivo sometido a mercados volátiles, y en los últimos años extremadamente volátiles; de remuneración de los bienes públicos generados por la actividad agraria y de compensación por costes adicionales que nuestra reglamentación impone a nuestros productores.

¿Podemos dar tales garantías hoy? Mi respuesta es desgraciadamente negativa. Las ayudas directas, por ejemplo, deben estar mejor repartidas entre todos los agricultores, más enfocadas a remunerar los servicios prestados. En España, se ha puesto de moda la expresión ‘tarifa plana’. No hay que confundir ‘igualdad’ con ‘equidad’. No hay nada más injusto que tratar de manera igual situaciones desiguales. Debemos buscar criterios claros, objetivos, realistas, comprensibles para el agricultor y el ciudadano.

Comparten, en mayor o menor medida, el ser los principales consumidores de cereales en Europa, de los europeos y de los importados y los grandes responsables del déficit proteico que padece la Unión Europea.

Los ganaderos, como los agricultores, tienen que adaptarse a unos mercados agrarios con mayores fluctuaciones de los precios de venta de los productos y de compra de los alimentos mundo. Buenas estrategias de compras de las materias primas; diversificación de riesgos; prudencia y racionalidad en las inversiones; colchón de seguridad creado en los años buenos para hacer frente a los otros, todas estas son herramientas que ya usan los empresarios en otros sectores de la economía y que cobran mayor relevancia en este siglo que nos ha tocado vivir.

Junto al impacto real de la crisis, con entre otros el auge del paro, ha sido importante el impacto de la ‘psicosis de crisis’. Consumidores que no están afectados por la crisis han cambiado también sus pautas de consumo agravando el impacto de la crisis. La tasa de ahorro de las economías domesticas ha aumentado varios puntos, en detrimento del consumo.

Además, la competencia feroz entre distribuidores a ampliado esta sensación de crisis, de guerra de precios, de presión sobre los sectores productores.

La verdad, como suele a menudo ocurrir, es bastante más compleja empezando por el hecho de que hay múltiples estrategias distintas entre los distribuidores. La dinámica de los ‘interproveedores’ de Mercadona no tiene nada en común con las cambiantes orientaciones de Carrefour o la política de Lidl, por poner solo tres ejemplos.

Una de las enseñanzas de la crisis de la leche que hemos vivido en Europa es la necesidad de un mejor equilibrio entre los distintos actores de la cadena alimentaria para asegurar su mejor funcionamiento. La Comisión se ha comprometido a presentar propuestas concretas antes de fin de año y nadie duda que lo que acontezca con el sector lechero servirá de referencia para la evolución de la política agraria común después del 2013.

Pero quien habla de sostenibilidad no debe olvidar que esta se basa no en uno sino en tres pilares: medioambiental, económico y social. Así, uno de los objetivos de la próxima reforma será el contribuir a mantener la diversidad de agriculturas que existen en Europa, diversidad tanto de estructuras productivas como de paisajes.