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Durante la reunión mantenida con el Ministro de Agricultura y el comisario del ramo

Coag pide a Gobierno y UE que frenen el proceso de uberización del campo y la apertura de macrogranjas

Redacción Tierras14/01/2022
El aterrizaje de los fondos de inversión especulativos en el sector agrario amenaza el modelo social y profesional de agricultura, mayoritario en Europa.

Durante la reunión mantenida con el Comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, y al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha pedido a Gobierno y Unión Europea que pongan freno al proceso de uberización del campo y a la puesta en marcha de de macrogranjas. “El aterrizaje de los fondos de inversión especulativos en el sector, amenaza al modelo social y profesional de agricultura y ganadería, mayoritario en Europa. Si el nuevo modelo de oligopolios empresariales se impone, España camina hacia una agricultura sin agricultores”, ha sentenciado Miguel Padilla, secretario general de COAG. ”La brutal reconversión que ya se vislumbra amenaza con convertir a los profesionales autónomos e independientes en asalariados de las grandes corporaciones agroalimentarias", ha añadido Padilla.

Imágenes de Miguel Padilla, secretario general de COAG; Luis Planas, ministro de Agricultura y Ganadería; y Janusz Wojciechowski...

Imágenes de Miguel Padilla, secretario general de COAG; Luis Planas, ministro de Agricultura y Ganadería; y Janusz Wojciechowski. comisario europeo de Agricultura.

COAG dice que ya ha alertado "sobre los inquietantes efectos de la concentración de la producción y la riqueza en un puñado de empresas, al estilo del modelo de Estados Unidos". El último informe sobre la caracterización del sector agrario en el Estado español, publicado recientemente por el MAPA, es más que ilustrativo. Según este informe, en España hay 1 millón de explotaciones agrarias de las que el 93,4% tienen un titular físico y el 6,6% son empresas. Y ese 6,6% de las explotaciones, que son personas jurídicas, obtienen ya el 42% del valor de la producción.

Asimismo, el secretario general de COAG ha pedido a Planas y a Wojciechowski que la nueva reforma de la PAC priorice los apoyos a los agricultores y ganaderos profesionales, aquellos que trabajan directamente en sus exploraciones y generan desarrollo económico y social en el medio rural. En este sentido, el máximo responsable de COAG se ha referido a la definición de 'agricultor activo', que finalmente se aleja del agricultor profesional e incluye a todos los titulares de explotaciones aunque su actividad agraria sea insignificante. De esta manera, cerca de 250.000 perceptores PAC, cuya actividad agraria es insignificante (menos del 10% de sus ingresos totales), además de la ayuda básica reconocida, tendrán también acceso a las ayudas redistributivas, asociadas y ecoesquemas.

Sin presupuesto adicional, el sector rural financia las políticas ambientales

Con el acuerdo entre las instituciones comunitarias, el 40% de los fondos agrarios de la UE iría destinado a medidas medioambientales y climáticas. “Si la transición verde comunitaria no viene acompaña de medidas y presupuesto adicional para acometer una transición justa, podemos afirmar con rotundidad que los hombres y mujeres del campo van a acabar financiando las políticas ambientales de la UE”, ha trasladado Miguel Padilla al ministro y al comisario.

A renglón seguido ha solicitado Padilla una revisión en profundidad de las políticas de mercado. El secretario general de COAG, ha pedido unos precios justos y unas rentas dignas para los hombres y mujeres del campo, a través de un reequilibrio de la cadena agroalimentaria y la implantación de una Ley como la española en todos los Estados miembros de la UE, que prohíba que se pagan unos precios por debajo de costes al productor.

Además, ha exigido el cese de las importaciones sin control. “No puede ser que tengamos que competir con importaciones de terceros países que entran sin control y sin cumplir la normas que nosotros cumplimos, porque nos las impone la normativa comunitaria. Resulta intolerable que desde las instituciones estatales y europeas se sigue permitiendo esta competencia desleal para nuestros agricultores y el fraude que supone para los consumidores”, ha sentenciado el dirigente de COAG.

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Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos

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