La Federación Nacional de Comunidades de Regantes estima un sobrecoste de unos 100 millones de euros anuales que asumirá el sector agrario tras la entrada en vigor de la reforma energética puesta en marcha por el Desde la asociación, califican de discriminatorio el reparto Ministerio de Industria para compensar el elevado déficit de ideado para paliar un déficit de tarifa que tiene su origen en tarifa. Según el presidente de Fenacore, esa cifra supone ya potenciar la producción de renovables sobre la base de ban nda rior el 41% de los costes generales de los regantes, seis puntos más que antes de la reforma, lo que convierte los costes energéticos en una partida “completamente inasumible” para el regadío, poniendo en peligro su continuidad. Este sector —segundo consumidor de energía más importante de España, por detrás de Adif— registra un gasto energético de más de seis millones de megavatios anuales, lo que supondrá a partir de ahora una factura eléctrica de unos 700 millones de euros al año. criterios políticos en lugar de técnicos —porque “esta de moda”— pero también en sobrestimar una dema energética que finalmente ha resultado ser un 30% infe a la prevista debido a la crisis. “Pienso que el gobierno ha querido asegurarse estos cobros basados en los costes fijos. Se han encontrado con la sorpresa de que se había previsto un consumo energético para el año del 2013 superior a un 30% al actual, con lo cual las compañías están facturando más de un 30% menos de lo previsto, por tanto se sigue ocasionando ese déficit”, señala Del Campo. Esta subida —que se suma al alza del 70% que vienen soportando en los últimos seis años debido a la supresión de las tarifas especiales para riego— pone de manifiesto que los consumidores los que acaban pagando las conse- cuencias de una política energética que ha generado un descuadre de más de 26.000 millones entre el precio de la electricidad y el coste del suministro. El encarecimiento medio de la factura eléctrica de los regantes será superior al 15%, llegando incluso a superar el 20% en determinadas comunidades, en función de las potencias contratadas y los consumos realizados en cada caso. En cualquier caso, si la reforma energética busca realmente eliminar el déficit de tarifa repartiendo gastos entre Estado, empresas y consumidores —que deberán asumir el 20% de los 4.500 millones de euros que se van a acumular este año—, el presidente afirma que lo justo sería que parte de los consumos industriales (las tarifas de acceso) se carga- ran a los Presupuestos Generales para que se asumieran entre todos, como sucede ya con los consumos insulares. Sin embargo, esta reforma carga con un mayor gasto a las actividades industriales que tienen consumos de tempo- rada, como es el caso del regadío. Concretamente, aunque contempla una rebaja del 65% en los costes que gravan el consumo (término de energía), aumenta en un 115% los costes fijos (término de potencia). Como los regantes tienen un consumo intensivo durante los meses de riego, pero mínimo en el resto del año (abril a octubre), el balance en la práctica es una subida adicional del 20% en la factura, lo Reparto discriminatorio En cuanto a cómo afectaría por distribución geográfica, todavía no están disponibles los datos exactos, porque la primera factura la acaban de recibir. “De todos modos, por Comunidades Autónomas será proporcional a los sistemas de riego con presión que tengan. Las más modernizadas necesitarán más presión y, por tanto, les supondrá mayor incidencia”, afirma el presidente. / 23 Regadíos