66 CLIMATIZACIÓN Transposición de las directivas de eficiencia energética en el estado español La legislación española sobre eficiencia energética en edificios sigue las líneas que imponen las Directivas europeas sobre estos temas: Directiva 2002/91/CE y su refundición, la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios; y Directiva 2006/32/CE sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos derogada por la Directiva 2012/27/UE (actualmente están todas las directivas traspuestas al estado español salvo partes de la Directiva 2012/27/UE). Esta última Directiva surge en un marco en que se constata que la UE no va a alcanzar el objetivo de aumentar en un 20% la eficiencia energética en 2020. En este contexto ha sido necesario actualizar el contexto legal de la UE en materia de eficiencia energética, creando un marco común, mediante una Directiva que refuerza el objetivo de alcanzar en 2020 un ahorro del 20% de energía, e incluso favoreciendo que las nuevas mejoras de eficiencia energética vayan más allá del 2020. En España ha estado en trámite de audiencia pública (las observaciones podían remitirse hasta el 12 de febrero de 2014) el proyecto de Real Decreto por el que se transpone parcialmente la Directiva 2012/27/UE del Parlamento y del Consejo de 25 de octubre de 2012, rela- tiva a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y au- ditores energéticos, promoción de la eficiencia energética y contabilización de consumos energéticos, y aún hoy no está publicada en el Boletín Oficial del Estado. Atecyr (Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración) Analicemos a continuación la trasposición de las partes de las directivas que sí están ya dentro del ordenamiento jurídico español así como los cambios recientes que han originado, y posteriormente los cambios que producirán la anterior trasposición parcial aun no publicada. La entrada en vigor de la Orden FOM 1635/2013 (trans- posición de la Directiva 2010/31/UE) ha supuesto que por primera vez en España se estime el consumo energético de un edificio en valor absoluto (kWh/m2) y no de forma tecnología