Para facilitar el despliegue de los nuevos vehículos limpios las grandes instalaciones de suministro de combustibles y carburantes a vehículos (aquellas que en el año 2018 tengan un volumen anual agregado de ventas de gasolina y gasóleo superior o igual a 5 millones de litros) deberán contar con al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 22 kw. ACTUALIDAD 22 Movilización de recursos Con el fin de incentivar una economía baja en carbono y resi- liente al cambio climático se establece que al menos el 20% de los Presupuestos Generales del Estado tenga un impacto positivo en la transición hacia un desarrollo bajo en carbono, exceptuando los recursos transferidos a las Administraciones territoriales, así como los gastos que, por su propia naturaleza, no tienen incidencia directa en el cambio climático. Este objetivo se revisará al alza antes de 2025. Por otro lado, a partir de 2020, los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero serán empleados para el cumplimiento de los objetivos en materia de cambio climático y transición energética, y las leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año podrán destinar hasta el 30% de los mismos a medidas de acompañamiento para la transición justa. Contratación pública Los criterios de reducción de emisiones y de huella de carbono se incorporarán a la contratación de la Administración General del Estado (AGE) y del conjunto de organismos y entidades del sector público estatal. Además, la redacción de proyectos, contratos o con- cesiones de obra que se liciten a partir de la entrada en vigor de esta Ley tendrán que seguir criterios de consumo de energía casi nulo, o uso de materiales de construcción sostenibles, entre otros. La AGE y el conjunto de organismos y entidades del sector público estatal únicamente podrán arrendar inmuebles que tengan la consi- deración de edificación con consumo de energía casi nulo conforme a la versión vigente en 2020 del Código Técnico de Edificación. Los contratos de arrendamiento en vigor que no cumplan estas condi- ciones no podrán prorrogarse más allá de 2030. Sector financiero Con el fin de llevar a cabo un proceso de aprendizaje que conduzca a identificar y anticipar situaciones potencialmente arriesgadas para la economía española, las entidades cotizadas, de crédito, asegura- doras y reaseguradoras y sociedades de gran tamaño deben elaborar un informe anual en el que se haga una evaluación del impacto finan- ciero sobre su entidad de los riesgos asociados al cambio climático generados por la exposición a éste de su actividad. Además, se establece que el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, elaboren conjuntamente, cada dos años, un informe de evaluación de riesgos para el sistema financiero español derivados del cambio climático y de las políticas para combatirlo. Este informe contendrá sugerencias para mitigar el riesgo del sis- tema financiero y será remitido al Congreso de los Diputados. Adaptación al cambio climático La adaptación a los impactos del cambio climático pasa, por pri- mera vez, a tener reconocimiento en una Ley. Como novedades más relevantes se establecen objetivos para fomentar la resiliencia y la adaptación frente al cambio climático. Asimismo, se señala que el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático se desarrollará mediante Programas de Trabajo que se aplicarán en periodos de cinco años y cuyos resultados serán revisados periódicamente. Esas revisiones se tomarán como referencia para preparar las propuestas a incluir en el siguiente Programa. El Plan Nacional de Adaptación también se desarrollará mediante planes sectoriales. El anteproyecto de Ley recoge por primera vez la definición de un sistema de indicadores de impactos del cambio climático en España y medidas de adaptación, que facilite un seguimiento y evaluación de las políticas públicas que se hacen en esta materia y la necesidad de elaborar informes de riesgos. Por otro lado, se trabajará en la integración de los riesgos derivados del cambio climático en la planificación y gestión hidrológica, en la costa, en las infraestructuras del transporte y en la ordenación de los usos del suelo. Asimismo, se prevén medidas para la protección de la biodiversidad y sus hábitats frente al cambio climático y dispo- siciones relativas a la política forestal y desarrollo rural. Educación e innovación El anteproyecto de Ley pretende promover la implicación de la sociedad española en las respuestas frente al cambio climático, reforzando el conocimiento, la capacitación en los nuevos nichos de trabajo del futuro y la responsabilidad social frente al mismo. A tal fin el Ministerio de Educación y Formación Profesional revisará los distintos itinerarios formativos y de habilitación profesional. El texto contempla la elaboración de un Plan de Formación para impul- sar el empleo en los sectores que serán motores de crecimiento económico en la transición hacia un desarrollo bajo en carbono.