Además, el texto da un mandato al Gobierno para desarrollar nue- vos marcos retributivos para la generación renovable, basados en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía gene- rada y que se otorgarán mediante procedimientos de concurrencia competitiva, en los que se podrá distinguir entre distintas tecnolo- gías de generación. Combustibles en la transición El anteproyecto recoge que la aplicación de nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil deberá estar debi- damente justificada por motivos de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas. En ese sentido, el anteproyecto incluye la realización de un informe sobre el régimen fiscal aplicable a los productos energéticos de ori- gen fósil, identificando aquellas ayudas y medidas que favorezcan su uso. En base a ese informe, se elaborará una propuesta de calen- dario para la revisión de tales ayudas y medidas consistentes con los objetivos de descarbonización. En cuanto a la desinversión en productos energéticos de origen fósil, el anteproyecto establece que en el plazo de dos años desde su entrada en vigor se elabore un estudio del estado de la situación y una propuesta de calendario para que la Administración General del Estado y los organismos y entidades que conforman el sector público estatal se desprendan de participaciones o instrumentos financieros de empresas o entidades cuya actividad mercantil esté relacionada con la extracción, refinado o procesado de productos energéticos de origen fósil. Asimismo, la propuesta normativa prevé el fomento de com- bustibles alternativos, como el gas renovable, el biometano y el hidrógeno y, en el caso del transporte aéreo, de biocarburantes avanzados y otros combustibles renovables de origen no biológico, que deberán cumplir con los criterios de sostenibilidad definidos por la normativa europea. A partir de la entrada en vigor de la ley, no se otorgarán nuevas autorizaciones para realizar actividades de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos ni en tierra ni en aguas territoriales. Tampoco se podrán desarrollar actividades de fractura hidráulica, “fracking”, para la explotación de hidrocarburos. Asimismo, las prórrogas vigentes no podrán seguir más allá del 31 de diciembre de 2042. Movilidad sostenible En España, el transporte es el responsable de más del 26% de las emisiones causantes del cambio climático, y del 42,1% de las de óxi- dos de nitrógeno, que tienen un efecto muy pernicioso para la salud. Con el objetivo de avanzar hacia sistemas de movilidad más eficientes, seguros y respetuosos con la salud y el medio ambiente, el anteproyecto establece que se va a trabajar para alcanzar un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2 en 2050. En desarrollo de la senda de descarbonización a 2050, los turis- mos y vehículos comerciales ligeros nuevos, de conformidad con la normativa comunitaria, han de ser vehículos con emisiones de 0gCO2/km no más tarde del año 2040, tal y como recoge el borrador de Estrategia a Largo Plazo de la UE, presentado por la Comisión Europea el pasado diciembre. 21 ACTUALIDAD El anteproyecto de Ley establece un objetivo anual de capacidad instalada, que podrá ser revisado, pero que incluye subastas de renovables de al menos 3.000 megavatios (MW) al año. A tal efecto y para aprovechar las oportunidades que la nueva movilidad brinda al sector de la automoción, el Gobierno traba- jará para facilitar su adaptación a las nuevas tecnologías y a las demandas de los ciudadanos y se pondrán en marcha, junto con el Ministerio de Industria y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, como instrumentos de apoyo a la la I+D+i en el área de la automoción, o un plan de acompañamiento a este sec- tor. Se creará también una Mesa de la Movilidad como órgano de reflexión y asesoramiento para este proceso, con la participación de todos los agentes implicados. Paralelamente, el Gobierno elaborará una 'Estrategia de Movilidad Sostenible, Intermodal y Conectada' que dará respuesta a los retos derivados del previsible crecimiento de la movilidad en los próximos años, a las desigualdad a la hora de acceder a modos de transporte más limpios, a la innovación y transformación digital en el trans- porte, y a la necesidad de una mejor planificación y eficiencia de las inversiones destinadas a infraestructuras de transporte. Puesto que casi el 70% de las emisiones de CO2 se producen en las ciudades, el anteproyecto insta a los municipios de más de 50.000 habitantes a fomentar la introducción medidas de lucha contra el del cambio climático, entre otras, la creación de zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023; la puesta en marcha de medidas para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo; la mejora y uso de la red de transporte público y su progresiva electrificación. Para facilitar el despliegue de los nuevos vehículos limpios las gran- des instalaciones de suministro de combustibles y carburantes a vehículos (aquellas que en el año 2018 tengan un volumen anual agregado de ventas de gasolina y gasóleo superior o igual a 5 millo- nes de litros) deberán contar con al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 22 kw. También se prevé que el sector del transporte marítimo y puertos reduzca paulatinamente sus emisiones, con un objetivo de cero emisiones directas en los puertos de competencia del Estado para el año 2050. Para ellos se promoverá, entre otras medidas, la articu- lación y consolidación de cadenas logísticas sostenibles con origen o destino en puertos, de forma que se reduzcan las emisiones.