42 Antolín Aldonza Moreno, portavoz de la Junta Directiva de Asagua Por una gestión eficiente del agua GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA El agua sigue sin tener el rango administrativo que le corresponde por su importancia social, que no es otro que un Ministerio o, al menos, una Secretaría de Estado en el de Fomento, dadas las fuertes inversiones que precisa para su adecuada gestión. Quienes conocen el mundo del agua saben de sus particu- lares características derivadas de su absoluta necesidad y consideración por los usuarios –debido a la escasa edu- cación ciudadana-, que consideran que, aunque es imprescindible para la vida, al ser parte de la naturaleza solo hay que cogerla del grifo y utilizarla. A estas alturas son muchos los que mantienen esa creencia y por tanto consideran que el agua ha de ser gratuita. Es hora de cambiar ese falso mito y explicar a la ciudadanía que antes de ser consumida el agua necesita operaciones y tratamien- tos y después de usarla también y que esos procesos valen dinero. Preservar un bien tan escaso y vulnerable a la contaminación es costoso. Se trata de un bien de naturaleza económica susceptible de ser una fuente de especulación y de generar conflictos si no se gestiona en términos solidarios, de ahí la urgente necesidad de lograr un pacto de Estado que garantice su uso equilibrado en cantidad y calidad con precios similares en todos los territorios. Además, hay que paliar los episodios de inundaciones y sequías que por las características climáticas del país no afectan a todas las regiones por igual, ya que las lluvias no se distribuyen uniforme- mente en todo el territorio y en consecuencia su disponibilidad no es igual en unos lugares que en otros. La gestión eficaz del agua necesita una planificación –planes hidrológicos- excelente a corto, medio y largo plazo, acompañada de la inversión que posibilite las actuaciones previstas, incluidas las infraestructuras necesarias para que pueda ser utilizada y devuelta a la naturaleza en óptimas condiciones. Todo en un clima de solidaridad previamente consensuado. Conviene recalcar que los recursos económicos necesarios para desarrollar las actuaciones que exija el cumplimiento de lo planifi- cado, han de ser sufragados por los ciudadanos que utilicen el agua, tal y como exige la Unión Europea en su Directiva Marco del Agua del año 2000; recursos que se traducen en un precio que el princi- pio de solidaridad debe conseguir que sea el mismo o parecido en cualquier lugar de la geografía de España. En 2017, con años de retraso, se aprobaron los Planes Hidrológicos de las cuencas intercomunitarias y la práctica totalidad de los de las intracomunitarias. Con ello se ha cumplido formalmente con Europa, pero no se ha logrado el resultado esperado. Solo hay que fijarse en los programas de medidas, ambiciosos pero incumplibles por las numerosas actuaciones que prevén y la fuerte inversión que precisan, máxime cuando estamos inmersos en un marco político que la castiga sin piedad. La planificación hidrológica es garantía de supervivencia: de ella dependen la conservación y mejora del medio ambiente y del bienestar social; es la herramienta imprescindible para conseguir una gestión eficiente porque planificar es distribuir los recursos de modo que se cubran todas las necesidades -máxime en un país como España con fuertes desequilibrios climáticos entre sus regiones-, utilizando la ciencia y la técnica y no las complacen- cias políticas del momento. Además, la planificación requiere ser actualizada y revisada huyendo de las sustituciones poco o nada fundadas o caprichosas, tan nefastas para los intereses públicos. Hay que acabar con las guerras del agua y para ello debe lograrse un pacto nacional asentado sobre bases técnicas, no políticas, presidido por la solidaridad entre comunidades y con un precio único o simi-