Editorial El endurecimiento de la crisis y el reajuste de la obra pública pone a las pequeñas constructoras contra las cuerdas. El sector de la construcción vive en estos días con máxima preocupación. El plan de fomento de reducir en 6.400 ME la partida de obras públicas ha supuesto una reducción en las expectativa de obra para las constructoras con la consiguiente pérdida económica y laboral. No en vano, el Ministerio de Fomento es el encargado de licitar el 23% de la obra pública y las Administraciones locales son responsables de otro 38% de las infraestructuras y los contratos de servicios, que constituyen otra vía de negocio muy rentable para es- tas empresas. Así el cierre del crédito a los más de 8.000 ayuntamientos que hay en España tampoco resulta alentador. Los consistorios no podrán solicitar nuevos prestamos en 2011, lo que afectará de manera muy especial a las pymes. Las Pymes, las grandes perdedoras de la crisis A todo ello se une la deuda que las Administraciones publicas mantienen aún con todo el sector de la construcción, cifrada en unos 35.000 ME. Con todos estos condicionantes, este segmento productivo quedaría reducido a una decena de entidades de mayor envergadura, volcadas en grandes proyectos fuera de España. Por otra parte, como aspecto positivo para el sector hemos de considerar de interés, el que el Pleno del Congreso aprobara el pasado 17 de junio el texto definitivo de la reforma de “Ley de Morosidad” incorporando las enmiendas aprobadas anteriormente por el Senado. De tal manera que se fijan unos plazos máximos de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores; en el caso de las administraciones públicas el plazo será de 30 días. Se elimina, además, la posibilidad de que las empresas negocien otros plazos superiores de pago a los fijados por la ley. El texto establece un periodo transitorio desde ahora hasta el 2013 donde las empresas privadas deberán pagar a sus proveedores en 85 días este año y el próximo, 75 días en el 2012 y 60 días en el 2013, se exceptuan en este caso, a las empresas del sector de la alimentación y los productos perecederos que deberán pagar en 30 días en todos los casos. En las administraciones públicas se irá rebajando el plazo de pago a 50 días este año y el 2011, 45 días para el 2012 y, finalmente, 30 días para el 2013. Además el Gobierno tendrá que establecer, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), una línea de crédito directo para que los ayuntamientos paguen sus deudas con autónomos y empresas. Las constructoras de obra pública tendrán, también, unos plazos distintos para rebajar el periodo de pago de facturas a sus subcontratistas y proveedores, que ahora mismo es superior a los cien días y podrán pagar en 120 días hasta el 31 de diciembre de 2011, durante el 2012 tendrán un periodo máximo de 90 días y, que- dará establecido en 60 días en el 2013. Por todo ello, consideramos que el futuro de la pequeñas y medianas empresas de la construcción pasa por tres condicionantes principales: 1) que la Ley de Morosidad sea una verdadera herramienta para el cobro de los servicios. 2) Que los bancos y Entes financieros proporcionen una línea adecuada de credito para la financiación de las empresas. 3) Que las empresas pequeñas y medianas emprendan una verda- dera política de fusión, al ojeto de crear compañías con una estructura más fuerte y una mayor capacidad para acceder a proyectos de mayor envergadura, incluso fuera del país. 19443 6