Conclusiones La experiencia en campo demuestra que la GIP pre- senta algunos elementos negativos y dificultades para su completa y correcta aplicación sobre todo en determinadas explotaciones y agricultores. Si además tenemos en cuenta que la parte del sector agrario más afectada es la que corresponde a los pequeños y medianos agricultores, sobre todo cuando no están vinculados a ninguna organización, entidad o norma de calidad, se puede concluir que la generalización de la GIP en ese entorno es complicada, lenta, puntual y poco consistente. No es esperable que en el corto plazo se vaya a solucionar el problema y salvo que se produzca la desaparición de ese tipo de agricultores, nada descartable por cierto, se podría concluir que las expectativas son malas para una generalización en ese entorno, del uso adecuado de la GIP. FRUTICULTURA 40 La formación - información: elemento imprescindible de la GIP Para aplicar los criterios de la GIP en el control de plagas y enferme- dades, es imprescindible disponer de conocimientos e información sobre diferentes aspectos, tanto del cultivo y de la explotación, como del desarrollo y evolución del propio problema fitopatológico a controlar. • Quién genera esa información: Deben generarla los Servicios de Sanidad Vegetal o similares, los Centros de Investigación oficiales o privados y las propias empresas privadas o mixtas, del sector, en base a la demanda de este. En ocasiones la información generada es demasiado científica, poco aplicada a la realidad de la zona o está orientada por intereses economicistas o de otra índole. Además, en muchos casos, no se genera información alguna ni se hacen puestas a punto de tecnologías que puedan ser interesantes, especialmente cuando afectan a cultivos menores. • Quién la transmite: A través de medios impresos, revistas, artículos, separatas, folletos, etc. A través de medios electrónicos, páginas web, correo electrónico u otros. Por medio de cursos, reuniones, congresos, jornadas, etc. Cada uno de estos mecanismos tiene sus pros y sus contras, dependiendo de quién sea el receptor de la infor- mación y quién la transmite. • Quiénlarecibe:Aveceselpropietariodelaexplotación,otraselope- rario o trabajador de la misma y generalmente, el técnico asesor. En cada caso puede ser la solución óptima o no, dependiendo de cómo se organiza el trabajo en la explotación y quien toma las decisiones. La realidad se muestra tozuda y lamentablemente, al sector más afectado por la obligación de aplicar la GIP (pequeños y medianos agricultores), llega mal o no llega la información precisa para su correcto cumplimiento. En la mayoría de los casos, ni siquiera dispo- nen del asesor necesario y cuando lo precisan ante una inspección rutinaria, acaban recurriendo al técnico comercial que les suministra los productos fitosanitarios, para que le “justifique” las acciones fito- sanitarias y le cumplimente el cuaderno de explotación. Superada la inspección, se vuelve a la rutina sin mayores consecuencias. Demasiadas normas Vemos con preocupación en los últimos tiempos, el imparable afán de las grandes cadenas que comercializan los productos agrarios, por establecer sus propias normas de producción o calidad, con el fin de personalizar y asegurar la mercancía que comercializan frente a sus clientes. Los productores tienen dos caminos, o bien se fidelizan a un comercializador y cumplen sus normas en todas sus explotacio- nes, lo que limita en cierta medida su capacidad de ofertar, o bien, si quieren abrir el abanico de su oferta, deben hilar fino respecto a lo que deben hacer en cada parcela según el probable destinatario del producto, lo que aporta una mayor dificultad a la producción y además, la encarece notablemente. Estas no obstante, suelen ser normas que el productor acepta volun- tariamente, atraído por una garantía de venta, un mayor precio o un precio estable al margen de vaivenes del mercado. Otra cosa muy distinta es cuando el agricultor está “obligado” a cumplir o aplicar determinada norma de carácter general (en este caso la GIP), ya que la decisión de entrar en ella no es voluntaria, sino obligatoria, y ello no garantiza ningún tipo de beneficio directo extra, o al menos no se les ha demostrado que así vaya a ser. Se les está pidiendo su colaboración en la consecución de un bien social, pero los incentivos que podrían llevarle allí, no se desarrollan con la misma intensidad (garantía de precio final rentable, seguridad en la venta, promoción, valoración y reconocimiento del esfuerzo en los productos, disponi- bilidad de ayudas, etc.). Y lo que acaba sucediendo, es que cuando el usuario está sometido a normas que le generan obligaciones complejas de aplicar y gastos aña- didos no compensados, pues acaba eligiendo la opción más cómoda, seguir con las prácticas tradicionales, argumentando que el uso de otras herramientas no le funciona y por ello decide seguir con las que conoce y que “siempre le han funcionado”. En caso de inspección o control rutinario, busca soluciones puntuales que le permitan salir del atolladero, pero superada esta, vuelve a su rutina. En definitiva, que la GIP en estos casos, es más un problema que una solución.•