3oTrimestre08| PROTECCIÓN LABORAL 56 Legislación y normas Portada de la Guía-vademécum de los EPI, disponible también en formato electrónico Cabe recordar que el 38,5% de los trabajadores tienen obligación de utilizar EPI, cifra que alcanza a un 92,1% de los trabajadores en sec- tores como la construcción, y a más de la mitad (55,4%) de los traba- jadores de la industria, según datos procedentes de la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. ASEPAL siempre ha preconizado que “el peor equipo de protección es el que no se utiliza. En ocasiones, la protección no está condicio- nada por el precio, las características o las propiedades físicas del producto, sino por actitudes incompatibles con la prevención. El EPI que no se utiliza resulta inútil aunque sea un prodigio del diseño y, en ese sentido, la colaboración de la distribución es fundamental para promover no sólo la adquisición, sino también el uso correcto de los equipos. ASEPAL entiende que el sector de la distribución debe continuar cre- ciendo, lo cual significa no tanto ofrecer producto como proponer soluciones a necesidades específicas. Ello pasa, sin duda, por la forma- ción para crear la figura del proveedor-consejero o “farmacéutico de los EPI”. No sólo con guías se mejora la seguridad laboral A través de diversas tribunas, ASEPAL se ha quejado de falta de siner- gia con la labor de la Administración. Así, Juan José Expositor, geren- te de la entidad, denunciaba “aspectos que en el sector consideramos que, de no corregirse, pueden amenazar aún más la seguridad labo- ral. Durante los últimos 15 años el sector de los EPI ha hecho un gran esfuerzo para adaptar sus procesos productivos a niveles de calidad homologables con el resto de la Unión Europa. Se han desarrollado normas armonizadas para la prevención de riesgos y las empresas han logrado alcanzar altos estándares de calidad y poner en el mercado únicamente productos que cumplen con las normativas más exigen- tes, tanto españolas como europeas. un influjo incuestiona- ble sobre el mercado y el tipo de consu- mo. Por este motivo, el dis- tribuidor de EPI “debe estar en condiciones de interpretar técni- camente, y con arreglo a las nor- mas, lo que ha sido prescrito por el técnico de pre- vención, según los riesgos a cubrir”. Sin embargo, este esfuerzo no siempre ha tenido su equivalente en las actuaciones de la Administración. La carencia fundamental es la falta de coordinación entre los distintos organismos implicados en un tema tan importante como son las inspecciones. También contribuye a agravar la situación los retrasos que se produ- cen en los Organismos Notificados encargados de realizar la certifi- cación de los equipos. Estas demoras, que en ocasiones llegan a ser de un año y medio, suponen un grave perjuicio para las empresas españolas que tratan de competir con los bajos costes de las empre- sas asiáticas mediante la puesta en el mercado de productos con mayor aporte tecnológico e ingeniería de diseño y proceso que mejo- ran de forma continua las barreras de protección proporcionada al trabajador. A ello se suma la falta de homogeneidad en los criterios aplicados para certificar, que originan una competencia desleal den- tro de la propia Unión Europea, dándose el caso de EPI similares cer- tificados con categorías distintas, dependiendo de la permisividad del organismo notificado involucrado”. El gerente de ASEPAL reclama la corresponsabilidad de la Adminis- tración, y manifiesta que “a las empresas nos corresponde llevar a cabo procesos internos que nos permitan adaptarnos a esta nueva situación y seguir apostando por la calidad, la investigación o la aten- ción al cliente como nuestros principales avales. Pero la Administra- ción no debe volver la espalda a unos hechos que están poniendo en juego la seguridad laboral y el empleo de miles de personas”.