2oTrimestre08 | PROTECCIÓN LABORAL 55  Tribuna Los poderes públicos y el resto de actores implicados en la prevención de riesgos laborales estamos obligados a unir y redoblar esfuerzos. Es preciso adoptar un nuevo enfoque de las políticas preventivas, que se traduzca en logros cuantificables y ciertos de reducción de la siniestralidad laboral colaboración se ha intensificado en los últimos tiempos, desde el nombramiento de un Fiscal de Sala como coordinador de sinies- tralidad laboral, o la designación de fiscales especializados en diversas Comunidades Autónomas. Desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se han adopta- do ya medidas que reflejan esa intensificación en la colaboración interadministrativa para luchar contra la siniestralidad laboral de especial gravedad. -Por un lado, el establecimiento de un servicio de guardias por parte de la Inspección de Trabajo, tanto durante los días laborales como durante los festivos y fines de semana, para personarse de forma inmediata e investigar todos los accidentes mortales y aquellos de especial trascendencia y gravedad. Por otro lado, el perfeccionamiento en la coordinación entre la Inspección de Trabajo y la Fiscalía, siguiendo tres líneas de actua- ción: uniformar y definir con precisión los supuestos en que deben remitirse las actuaciones al Ministerio Fiscal; hacerlo con la información adecuada, para que pueda iniciarse y prosperar la exigencia de responsabilidades en vía penal; así como favorecer y racionalizar la intervención de la Inspección durante las fases de instrucción y juicio con objeto de que la exigencia de respon- sabilidades sea precisa y eficaz. En esta misma línea, el Convenio se completa con tres protocolos específicos de actuación en los que se extiende esa colaboración Entre las acciones previstas en la Estrategia figura la de intensificar la coordinación y cooperación entre las distintas instituciones que intervienen en la investigación de los accidentes de trabajo ya existente entre la Fiscalía y la Inspección de Trabajo. En defi- nitiva, se pretende que ningún supuesto penalmente responsable quede sin investigarse ni enjuiciarse, y que se condene a los suje- tos verdaderamente responsables del siniestro con el máximo rigor que corresponda, incluida la cárcel. Se trata, sin duda, de una iniciativa necesaria y consecuente con la exigencia social de nula tolerancia con los incumplimientos de las normas de prevención de riesgos laborales. Una iniciativa que está abierta a la participación de otras Administraciones Públicas, en particular las Comunidades Autónomas, que tienen atribuida la ejecución de la legislación laboral, y Ayuntamientos, cuya inter- vención en la concesión de licencias y vigilancia por los policías locales resulta crucial. De hecho, este convenio, por su carácter de marco, pretende servir de referencia para los distintos Conve- nios que se puedan suscribir a nivel autonómico o, en su caso, municipal. Por último, quiero agradecer la adhesión al mismo y el compro- miso de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, y del Consejo General de la Abogacía Española, lo que supone una muestra más de que el problema de la siniestralidad laboral va a encontrar la respuesta unánime de todos los agentes implicados, porque el objetivo es único y muy valioso: reducir los accidentes laborales y mejorar la salud y seguridad de los trabajadores. *Jesús Caldera Sánchez-Capitán. Exministro de Trabajo y Asuntos Sociales.