Tribuna  PROTECCIÓN LABORAL 55 | 2oTrimestre08 La lucha contra la siniestralidad La siniestralidad laboral es la principal lacra de nuestro mercado laboral, un fenó- meno que tiene inaceptables costes económicos y, sobre todo, humanos. Las cifras de accidentes laborales siguen siendo muy elevadas. Sobre ello no cabe discusión. La reducción de las mismas es, por tanto, una exigencia social, que el Gobierno comparte plenamente. años por todas las partes implicadas. Un instrumento fruto del diálogo social, consensuado entre la Administración General del Estado, las organizaciones sin- dicales y empresariales más representati- vas (UGT, Comisiones Obreras, CEOE y CEPYME) y las Comunidades Autónomas, que refleja por tanto la voluntad unánime de todos los actores protagonistas en las políticas de prevención para reducir los accidentes de trabajo. Un instrumento que recoge, agrupados en ocho objetivos operativos, más de cien líneas de actuación, muchas de las cuales ya se han puesto en marcha con el Plan de Acción aprobado hace menos de dos meses. Entre las acciones previstas en la Estrategia figura la de intensificar la coordinación y cooperación entre las distintas institucio- nes que intervienen en la investigación de los accidentes de trabajo (servicios de emergencia y seguridad, Inspección de Tra- bajo y Seguridad social, órganos técnicos de las Comunidades Autónomas con com- petencia en la materia, Fiscalía y órganos jurisdiccionales) mediante el estableci- miento de acuerdos y protocolos comunes, tomando en consideración la experiencia y los resultados obtenidos en diversas Comu- nidades Autónomas. Pues bien, en cumplimiento de esta previ- sión, se procede a la firma del Acuerdo Marco de Colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía Gene- ral del Estado y los Ministerios del Interior y de Trabajo y Asuntos Sociales. Es decir, entre las principales instancias del Estado que intervienen en la persecución en vía penal por infracciones muy graves de la normativa de prevención. La formalización de la colaboración entre la Fiscalía y la Inspección de Trabajo no nace ahora, sino que se remonta al año 1991, en que se dictó la primera instrucción. Y esta Jesús Caldera Sánchez-Capitán* En pocos temas este Gobierno ha sido más sensible y ha llevado a cabo mayor número de iniciativas que en el terreno de la pre- vención de riesgos laborales. Gracias a ello, es cierto que las estadísticas reflejan una continua mejora de los índices de siniestra- lidad, del número de accidentes por cada cien mil trabajadores; que la situación, en términos objetivos, está mejorando y no empeorando. En un año (de julio de 2006 hasta junio de 2007), el índice de siniestralidad global ha caído un 5,3%, con lo que se sitúa en el nivel más bajo de hace 21 años. Pero sobre todo, destaca el importante des- censo del índice en los mortales, de un 11,4% (en sólo un año). Y además, no sólo ha des- cendido el índice de incidencia, sino que lo ha hecho el número absoluto de accidentes registrados: han descendido un 1,3%, y los mortales un 7,7%, lo que significa 75 acciden- tes mortales menos que en igual período del año anterior. Pero no es en absoluto suficien- te. Cada muerte de un trabajador en el tajo supone un drama humano y social que no entiende de estadísticas. Los ciudadanos reclaman un sistema de prevención de ries- gos más eficaz, una vigilancia más severa de las condiciones laborales, y una mayor belige- rancia de todos ante los incumplimientos de las normas. Los ciudadanos exigen, en definitiva, una menor tolerancia social ante los accidentes y enfermedades profesionales. Y ante ello, los poderes públicos y el resto de actores implicados en la prevención de riesgos laborales estamos obligados a unir y redo- blar esfuerzos. Es preciso adoptar un nuevo enfoque de las políticas preventivas, que se traduzca en logros cuantificables y ciertos de reducción de la siniestralidad laboral. Este nuevo enfoque se plasma en la Estrate- gia Española de Seguridad y Salud en el Tra- bajo 2007-2012,aprobada el pasado día 28 de junio por la Comisión Nacional de Segu- ridad y Salud en el Trabajo, y ratificada al día siguiente por el Consejo de Ministros. La Estrategia constituye el instrumento más ambicioso y de mayor calado elabora- do en nuestro país con el objetivo de redu- cir la siniestralidad laboral y mejorar la salud de los trabajadores. Es el instrumento que establece el marco general de las polí- ticas de prevención de riesgos laborales hasta 2012, y que apunta las medidas que habrán de desarrollarse en los próximos Desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se han adoptado ya medidas que reflejan esa intensificación en la colaboración interadministrativa para luchar contra la siniestralidad laboral de especial gravedad