Tribuna  PROTECCIÓN LABORAL 52 | 3oTrimestre07 Seguridad laboral y liberalización de mercados El nivel de desarrollo económico alcanzado por nuestro país no parece traducirse en seguridad de los trabajadores. La pregunta es ¿por qué España, que ya está plena- mente asentada como uno de los países más desarrollados del mundo, sigue arras- trando esta lacra de muertes en el trabajo? Cada palo su vela A las empresas nos corresponde llevar a cabo procesos internos que nos permitan adaptarnos a esta nueva situación y seguir apostando por la calidad, la investigación o la atención al cliente como nuestros prin- cipales avales. Pero la Administración no debe volver la espalda a unos hechos que están poniendo en juego la seguridad labo- ral y el empleo de miles de personas. También es imperativo en ciertos sectores imponer periodos obligatorios de forma- ción previa a los trabajadores sobre los riesgos que van a encontrar en el puesto de trabajo y los medios de prevención exi- gibles tanto a nivel colectivo como indivi- dual. El carácter recurrente de los sinies- tros exige acciones que garanticen al trabajador su integridad personal. La for- mación obligatoria sobre los riesgos y el uso de EPI es, sin duda, imprescindible. La presentación de contratos de trabajo ante la Administración Pública debería estar asociada a esta formación obligatoria de los trabajadores en el uso seguro de maqui- naria y herramientas y la utilización de los equipos adecuados. Homogeneizar los criterios de los organis- mos notificados que certifican los produc- tos; acabar con los retrasos que actualmen- te se producen; establecer una red de controles efectivos que ayude a detectar la distribución o el uso de equipos de baja calidad, en el lugar de fabricación, en las redes de venta y en los puestos de trabajo, e impartir formación previa, obligatoria y pública sobre los riesgos laborales de una actividad determinada y sus medios de pro- tección son acciones que la Administra- ción no debe posponer. El precio es dema- siado alto. *Juan José Expositor Gerente de ASEPAL (Asociación de Empresas de Equipos de Protección Personal) Juan José Expositor* Las respuestas probablemente son muchas. Desde distintos sectores se reclaman mayores medidas de seguri- dad y control prioritario en sectores como la construcción y una vigilancia más exhaustiva por parte de la Administración. La práctica ya totalmente extendida de la subcontratación y la precariedad laboral son también causas que se apuntan cons- tantemente como origen de este tipo de sucesos. La erradicación de los contratos abusivos y de contratas innecesarias son, sin duda, acciones con las que se lograría disminuir el número de accidentes. Pero actualmen- te, y debido a los cambios que se están pro- duciendo en la economía mundial, hay que hablar también de otros factores que hay que tener muy en cuenta no ya sólo para reducir el número de accidentes, sino para que no se creen circunstancias que puedan hacer que sigan creciendo. La necesaria sinergia Como representante de ASEPAL, la asocia- ción que agrupa a cerca de 80 empresas que se dedican a la fabricación y distribu- ción de equipos de protección individual (EPI) en el trabajo, me corresponde denun- ciar aquellos aspectos que en el sector consideramos que, de no corregirse, pue- den amenazar aún más la seguridad labo- ral. Durante los últimos 15 años el sector de los EPI ha hecho un gran esfuerzo para adaptar sus procesos productivos a niveles de calidad homologables con el resto de la Unión Europa. Se han desarrollado normas armonizadas para la prevención de riesgos y las empresas han logrado alcanzar altos estándares de calidad y poner en el merca- do únicamente productos que cumplen con las normativas más exigentes, tanto españolas como europeas. Sin embargo, este esfuerzo no siempre ha tenido su equivalente en las actuaciones de la Admi- nistración. La carencia fundamental es la falta de coordinación entre los distintos organismos implicados en un tema tan importante como son las inspecciones. También contribuye a agravar la situación los retrasos que se producen en los Orga- nismos Notificados encargados de realizar la certificación de los equipos. Estas demo- ras, que en ocasiones llegan a ser de un año y medio, suponen un grave perjuicio para las empresas españolas que tratan de competir con los bajos costes de las empresas asiáticas mediante la puesta en el mercado de productos con mayor aporte tecnológico e ingeniería de diseño y pro- ceso que mejoran de forma continua las barreras de protección proporcionada al trabajador. A ello se suma la falta de homo- geneidad en los criterios aplicados para certificar, que originan una competencia desleal dentro de la propia Unión Europea, dándose el caso de EPI similares certifica- dos con categorías distintas, dependiendo de la permisividad del organismo notifica- do involucrado. La economía del sector también se está viendo seriamente afectada. La elimina- ción total de las cuotas de importación del sector textil -en vigor desde enero de 2005- está suponiendo una entrada masiva de prendas confeccionadas en los merca- dos asiáticos, sobre todo en China, a pre- cios reventados.