OPInIÓn marcha y a los futuros, que vivirán con la más absoluta incertidumbre en cuanto a la retribución que percibirán más allá del 31 de diciembre de 2019. El Gobierno jó para todos ellos en 2013 una rentabilidad, llamada razonable, del 7,4%, basada en la cotización del bono del Estado más un diferencial del 3%. Esta rentabilidad puede ser revisada a los seis años, cuando lo razonable es que contemplara toda la vida útil de las instalaciones. De hecho, puede haber nuevos proyectos derivados de la mencionada subasta que no sepan qué rentabilidad obtendrán apenas uno o dos años después de su puesta en marcha. Una vez realizadas las inversiones y jada su nanciación, el promotor se queda sin margen de maniobra para actuar A pesar de la situacón de crisis que atraviesa, la importancia en la economía española de las energías renovables es evidente sobre el desarrollo del proyecto. Está claro que la reglamentación del Ministerio de Industria no da certeza a la rentabilidad de las inversiones y lo que añade al sector es más inseguridad jurídica. APPA considera trascendental que el nuevo Gobierno acabe con la incertidumbre que vive el sector, que elimine del recibo de la electricidad aquellos costes que nada tienen que ver con la generación eléctrica, que el Estado asuma progresivamente sus compromisos por derechos otorgados, que no se pospongan los cobros de las empresas generadoras... En de nitiva, la asociación le pide al Gobierno que apueste decididamente por un sector clave en la economía mundial y que juega un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático, como ha quedado demostrado en la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático, COP 21, celebrada en París. 14 www.energiadehoy.com