OPINIÓN El resultado es que un automóvil de gasóleo actual es, en términos generales, equiparable a uno de gasolina en términos de contaminación. Esta realidad, no la aclara el mensaje político, por las razones que sean, pero la reco- gen estudios como uno realizado por científicos de seis países y publicado en julio de 2017 en la revista ‘Scientific Reports’. A lo cual se añade que un coche moderno de gasóleo consume menos carburante que uno moderno de gasolina. Por todo ello, carecería de justificación una subida impositiva que afectara a todos los vehículos diésel cuando el 20% más antiguo del parque es responsable del 80% de la contaminación generada por este éste último. Por lo tanto, pedimos no disfrazar la subida de la fiscalidad del gasóleo de medida medioambiental máxime cuando el retroceso ya verificado de la demanda de automóviles diésel, en favor de los vehículos de gaso- lina –debido también a las prohibiciones anunciadas por ayuntamientos-, está incrementando las emisiones de CO2, no sólo en España sino también en Europa”. “En segundo lugar y aunque los operadores petrolíferos seamos transmisores de la carga tributaria, creemos que debe valorarse el impacto económico de esta medida en el bolsillo del consumidor, impacto que sería doble por el alza del precio del carburante y de los precios del conjunto de bienes y servicios. Una subida de 9,55 céntimos por litro que es lo que exactamente restaría para equiparar fiscalmente ambos carburantes se traduciría en hasta 5 euros más al llenar un depósito de 50 litros, a lo cual habría que sumarle que el consumidor ha hecho una inversión mayor al tratarse de un modelo de gasóleo, ya que normalmente su precio es más elevado que el de un modelo de gasolina. Además, una subida de la fiscalidad del gasóleo tendría un impacto negativo en la rentabilidad de las empresas y en su competitividad en el mercado exterior con las previsibles consecuencias en términos sociales (salarios, desempleo). Así ha ocurrido siempre que por una u otra razón, ha aumentado el precio del carburante. No olvidemos que en España la proporción del transporte por carretera es mucho mayor que en otros UPI alerta sobre las consecuencias económicas que tendría un elevado incremento del precio del gasóleo países que utilizan más el transporte fluvial y ferroviario. Además, si esta subida impositiva no se gestiona adecua- damente, podría plantear de manera individualizada un problema muy grave para las estaciones de servicio de frontera, que verían su volumen reducido drásticamente a la vez que la recaudación que el Gobierno aspira a conseguir quedaría en parte neutralizada por este efecto además de la pérdida de facturación para las compañías que operan en España”. “Si de verdad se busca reducir la contaminación y hacerlo de una manera sostenible económica y socialmente, lo que procede es ayudar a la renovación del parque auto- movilístico. La subida impositiva y las prohibiciones que afecten a los vehículos de gasóleo inclinarán la balanza hacia los coches de gasolina y en menor medida, gas natural vehicular más que hacia otras opciones que no están maduras económica o tecnológicamente (híbridos y eléctricos) y supondrán un aumento de las emisiones de CO2. No olvidemos además que la renovación del parque automovilístico es un estímulo económico”. “En el caso de que, por razones distintas de las medioam- bientales, se decida aumentar la fiscalidad del gasóleo, apoyamos que para paliar ese impacto económico al menos se combine la subida impositiva con el manteni- miento de la bonificación que actualmente se aplica para el transporte profesional y para la agricultura, ganadería y pesca”.• 56 EstacionesdeServicio CARBURANTE