ACTUALIDAD CARBURANTE Atuc propone aumentar el peso de la financiación al transporte público por parte del Estado y de las comunidades autónomas hasta el 30%, mientras que los ayuntamientos se responsabilizarían del 25% y los ingresos tarifarios cubrirían el 45%. “Además, esta ley debería incluir un artículo específico para asegurar una financiación estable del transporte público por parte del Estado a partir de los impuestos a los hidrocarburos”, una vía de financiación que ya se uti- liza en países, como Alemania, en el que está vigente un impuesto ‘Mineralösteuer’, que es un ‘céntimo verde’ que grava el consumo de productos petrolíferos para financiar el transporte público y que responde a la máxima europea de “quien contamina, paga”. Impulso en los planes de movilidad Como tercer gran eje de actuación, se encuentran los planes de movilidad urbanos, especialmente de las gran- des ciudades. Desde Atuc se propone que los planes de movilidad incluyan las áreas metropolitanas de las ciuda- des y, también, estar coordinados con los municipios de alrededor. La promoción de la integración modal, inclu- yendo otros medios sostenibles como el uso compartido de vehículos o la bicicleta, son otras medidas sugeridas por la patronal. Todo ello, resume Atuc, “requiere unas necesidades de financiación e inversión públicas que deben estar garan- tizadas dentro de una Ley de Financiación del Transporte Público de ámbito estatal, de la que España carece siendo una excepción en Europa, que debe servir de marco de actuación, más aún si se pretende que el transporte público ejerza de solución contra el cambio climático por su efecto descontaminante”. Desde Atuc se mantiene que el fin del impuesto es “modificar el comportamiento de los actores contaminantes para reducir el daño ambiental que provocan”, por lo cual el gravamen “no sólo debe penalizar al vehículo privado, sino también ayudar a su solución: el transporte urbano colectivo” En este sentido, el modelo propuesto por Atuc apuesta por aumentar el peso de la financiación del Estado y de las comunidades autónomas hasta el 30%, mientras que los ayuntamientos se responsabilizarían del 25% y los ingresos tarifarios del 45%. “De esta manera, se equili- braría el reparto entre las tres ramas de la administración y se liberarían recursos a los ayuntamientos que podrían destinarlos a usos sociales, ambientales”, entre otros. • 34 EstacionesdeServicio