ACTUALIDAD Sin representantes de la industria petrolífera Tal y como sucede en tantas ocasiones en nuestro país, los integrantes de la Comisión de Expertos han sido elegidos por los grupos parlamentarios y los denominados agentes sociales, que son los dos sindicatos mayoritarios, CC.OO. y UGT, y la Ceoe. Los miembros de este comité son Luis María Atienza: exministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y expre- sidente de Red Eléctrica de España; Miguel Duvisón, actual director general de operación de REE; el expresi- dente de Carbunión, Oscar Lapastora; el presidente de la Comisión de Industria y Energía de la Ceoe y expresidente de Gamesa, Guilermo Ulacia; el economista Jorge Aragón Medina, designado por CC.OO.; Pedro Linares, profesor de Organización Industrial de la Escuela Técnica de Ingeniería Icai, propuesto por Ciudadanos; Cristóbal José Gallego -doctor ingeniero aeronáutico, investigador en energía eólica y miembro del Observatorio de la Energía- elegido por Podemos; el director del Ente Vasco de la Energía, Txetxu Sáenz de Ormijana, elegido por el PNV; el empresa- rio Josep Sala i Prat, que opera en el sector de las energías renovables, propuesto por ERC; el exdirector general de Política Energética y Minas, Jorge Sanz Oliva, quien ha ejercido como presidente de la Comisión; el profesor titu- lar de la Universidad Politécnica de Madrid, José Luis de la Fuente O'Connor; Ignacio Grangel, exjefe de gabinete de la Secretaría de Energía durante el periodo que estuvo encabezada por Alberto Nadal; el exsubdirector gene- ral de Energía Nuclear, Javier Arana; y Diego Rodríguez Rodríguez, exconsejero de la CNMC. Llama la atención, y mucho, la ausencia de representantes de la industria petrolífera en esta selección de expertos. Ni la AOP ni la UPI han sido invitadas a participar en la comisión, en la que se han evaluado, también, consecuen- cias económicas según diversos escenarios. Teniendo en cuenta el empleo directo, indirecto e inducido que genera en nuestro país la industria refinera (una de las más eficien- tes de Europa), así como de la distribución de carburantes derivados del petróleo, esta falta de representación está en el ‘debe’ del estudio entregado al Gobierno. Volviendo a la redacción del texto, en él se han simulado los impactos sobre la recaudación y sobre los precios de los diferentes productos energéticos de una eventual reforma fiscal inspirada por los principios descritos en el texto prin- cipal del informe. Como referencia, se han utilizado los datos de consumo y de recaudación del año 2015. Esos principios básicos para la reforma fiscal energético- ambiental eficiente propuestos son tres. En primer lugar, el documento es partidario de sustituir los actuales impuestos que gravan la energía por tasas que internalicen daños ambientales asociados a la generación y consumo de ener- gía. En este sentido, se plantean dos nuevos impuestos que gravarían tanto las emisiones de CO2 como los daños de otras emisiones contaminantes (SO2, NOx y partículas), que recaerían sobre las instalaciones de generación de electricidad emisoras, así como sobre los consumidores finales de carbón, gas natural y derivados del petróleo. En segundo lugar, el informe recomienda modificar la actual financiación de las energías renovables partiendo del reconocimiento de que el mayor esfuerzo de promoción de las mismas se ha realizado a través de las renovables eléctricas. El documento considera que este enfoque es el adecuado “en la medida en que la evolución tecnoló- En el apartado fiscal del informe se propone que gasolinas y gasóleos financien, vía impositiva, el mantenimiento de la red vial nacional 8 EstacionesdeServicio El estudio afirma que “la evolución tecnológica ha demostrado que las centrales eólicas y las solares fotovoltaicas son las que tienen menores costes medios de producción”. EN PRIMERA