Un estudio mejorable A principios de abril la denominada Comisión de Expertos sobre Transición Energética entregó al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, su informe sobre distintos escenarios de transición energética en España. Se trata de un estudio de casi 550 páginas de extensión elaborado por un grupo de profesionales con mayor o menor relación con el sector energético, aunque ninguno de ellos cuenta -al menos no se ha destacado en sus respectivos perfiles- con experiencia reseñable sobre el sector petrolífero. La propia configuración del grupo de expertos lastra parte de las propuestas realizadas en el documento, porque no podemos olvidar que -en el necesario proceso de descarbonización de la economía nacional- la industria petrolífera desempeñará un papel de peso. Aunque es innegable que los derivados del petróleo no son la opción energética más limpia, también lo es que, con la evolución tecnológica actual, otras opciones -particularmente la movilidad eléctrica- están aún lejos de suponer una alternativa real no ya a corto, sino a medio plazo. Más allá de la elección de los participantes en el grupo de trabajo, lo más llamativo del informe es que en él se propone que los carburantes derivados del petróleo sean los que sufraguen (vía fiscal) gran parte de los esfuerzos económicos que serán necesarios para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de CO2 fijados por la Unión Europea y diversos organismos internacionales. Esa sobrecarga fiscal llega al punto de proponer que sean los derivados del petróleo los que financien el mantenimiento de la red vial nacional. Más sorprendente aún es que este objetivo se justifique alegando que cada subproducto energético debe financiar sus propias infraestructuras. La redacción del análisis afirma que en el caso de la electricidad y del gas “los consumidores financian las correspondientes infraes- tructuras”, pero mantiene (con un desconocimiento que pone en duda la solvencia de los autores en este punto) que “en el caso de las infraestructuras viarias, lograr este fin haría necesario crear un recargo al consumo de gasolina y gasóleo”. Asignar ese mantenimiento vial a gasolinas y gasóleos, cuyo precio de venta al público ya incluye los costes logísticos y de distribución, corrobora que el apartado fiscal del estudio busca justificar medidas anticom- petitivas que frenen de forma artificial el recorrido que aún tienen por delante los carburantes tradicionales, más aún si se tienen en cuenta los esfuerzos que la industria del refino europea, con la española a la cabeza, está haciendo para formular carburantes bajos en carbono. Un esfuerzo al que también se suma, desde hace ya tiempo, la industria automovilística y la de fabricación de componentes de automoción. Si bien las autoridades comunitarias ya han propuesto en varias ocasiones que España incremente los impuestos que se aplican al diésel, las razones que basan esa petición tienen sentido lógico. Una cir- cunstancia que sucederá de forma casi inminente, si finalmente se aprueba en los términos que ha sido redactada la propuesta incluida en el proyecto de Presupuestos del Estado que aboga por incrementar la presión fiscal que soportan los carburantes. Un aumento que afectaría a nueve comunidades autónomas (Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco) que en la actualidad no aplican, o lo hacen en tramos inferiores al máximo, el mal denominado ‘céntimo sanitario’, que se integrará en el tipo estatal especial con la horquilla más alta. Es evidente que nos encontramos en un cambio de paradigma global que afecta a multitud de parcelas de nuestras vidas, y el ámbito energético es uno de los más involucrados en ese proceso. Pero lo adecuado es hacer las cosas de forma ordenada, asumiendo que durante unas décadas la convivencia de varias fuentes energéticas será necesaria para afrontar esos cambios de forma eficiente. Director: Salvador Bravo Coordinación comercial: Samuel Orea Edita: Director: Angel Hernández Director Adjunto: Àngel Burniol Director Área Industrial: Ibon Linacisoro Director Área Agroalimentaria: David Pozo Director Área Construcción e Infraestructura: David Muñoz Jefes de redacción: Nerea Gorriti, José Luis París Redactores: Esther Güell, Javier García, Nina Jareño, María Fernández, Helena Esteves, Laia Banús, Laia Quintana, Cristina Mínguez, Paqui Sáez www.interempresas.net/info comercial@interempresas.net • redaccion@interempresas.net REVISTA MENSUAL Portavoz o cial de: Director General: Albert Esteves Director de Estrategia y Desarrollo Corporativo: Aleix Torné Director Técnico: Joan Sánchez Sabé Director Administrativo: Jaume Rovira Director Logístico: Ricard Vilà Amadeu Vives, 20-22 08750 Molins de Rei (Barcelona) Tel. 93 680 20 27 - Fax 93 680 20 31 Av. Sur del Aeropuerto de Barajas, 38 Centro de Negocios Eisenhower, edi cio 4, planta 2, local 4 28042 Madrid Tel. 91 329 14 31 www.novaagora.com Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de cualquier apartado de la revista. D.L.: B-10.454/2017 - ISSN Revista: 1888-7864 - ISSN Digital: 1988-9119 Audiencia/difusión en internet Interempresas Media y en newsletters auditada Estacionees smiedmebroSde: rvicio 5 y controlada por: Delegación Madrid EDITORIAL