75 PURINES ello, las plantas han paralizado su actividad incluso antes de publicarse la legislación, ante la amenaza adicional de ese carácter retroactivo”, apunta Bernis. “El Gobierno alega cuestiones económicas, a pesar de que estas plan- tas se establecieron mediante una legislación específica —aprobada en 2007— con el fin de gestionar los exce- dentes de purines de las zonas en las que están ubicadas y se aseguraba un mantenimiento de su actividad de al menos 15 años”, añade el responsable del sector porcino de JARC-COAG. La protesta El pasado viernes 14 de marzo, se reunieron con Jaime Haddad, subsecretario de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Magrama, para encontrar una solu- ción a la actual situación de amenaza para el sector. “Tras trasladar la problemática desde JARC-COAG tanto al Mi- nisterio de Agricultura como al Ministerio de Industria por carta y mediante notas de prensa, Agricultura accedió a recibirnos el viernes pasado”, explica Bernis. El ministerio nos trasladó que son conscientes de la situación y están recabando información para intentar negociar una solu- ción con Industria. También se han reunido con las Co- munidades Autónomas con este fin”, añade. JARC-COAG ha trasladado la importancia de encontrar una solución inmediata a este problema, que afecta prin- cipalmente a explotaciones situadas en zonas vulnerables a nitratos. Con estas plantas de tratamiento cerradas, los excedentes de purín generados en las explotaciones no disponen de base territorial suficiente para esparcir el purín, ya que se podrían superar los límites de nitrógeno permitido en el terreno. Según apunta Bernís, la organización ha pedido al Magra- ma que interceda ante Industria para solicitar una mora- toria de al menos 2 años de este régimen para poder buscar una alternativa ante este problema que se ha cre- panorama